La Dirección de Conciliación Extrajudicial y de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos organizó conjuntamente con el Centro de Arbitraje de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, el jueves 28, una Conferencia
Magistral sobre Aspectos Prácticos de la Defensa del Estado en el Arbitraje de
Contratación Pública con la participación de los doctores César Guzmán Barrón
Sobrevilla que disertó sobre las destrezas legales en el arbitraje, Ricardo
Rodríguez Ardiles que abordó el tema de la falta de motivación del laudo como
causal de anulación, Mariela Guerinoni Romero que trató sobre el conflicto de
interés y el uso de la recusación, y Ricardo Gandolfo Cortés, nuestro editor,
que expuso sobre los procedimientos y criterios para la selección de árbitros.
El doctor Guzmán es el director del Centro de
Arbitraje de la PUCP y los otros tres conferencistas son reconocidos árbitros
de la especialidad. El evento fue auspiciado por la Dirección General de
Defensa Pública y Acceso a la Justicia y por el Centro Arbitra Perú. Contó con
una nutrida asistencia que colmó las instalaciones del auditorio del ministerio
de Justicia y Derechos Humanos en Miraflores.
Nuestro editor comentó sobre el proyecto de ley
que pretende restituir la segunda instancia arbitral, exigir el arbitraje
institucional en todas aquellas controversias que comprenda la transferencia de
bienes inmuebles o muebles registrables, obligar a hacer notificaciones por
periódico, abrir el arbitraje a las acciones de tercería excluyente de
propiedad y, lo que es más grave aún, responsabilizar a los centros de
arbitraje por las decisiones que adoptan sus árbitros. Dijo que no era lo más
conveniente para tratar de impedir que las malas prácticas y los actos de
corrupción y fraude se canalicen a través del arbitraje. Destacó que estos
ilícitos se canalizan a través de un proceso arbitral de la misma manera en que
se pueden canalizar a través de un proceso judicial o de otras formalidades y
que eso no hace corruptos ni al arbitraje ni al Poder Judicial. Admitió que hay
que tomar algunas medidas y hacer algunos ajustes y recomendó reforzar la
transparencia como principal antídoto contra la corrupción.
El doctor Gandolfo propuso que las entidades, y
no los particulares, elijan sus árbitros de registros especiales y aseguró que
si ellas hacen buenas designaciones el arbitraje está salvado porque para que
haya malas prácticas es indispensable que la mayoría de los árbitros se presten
a esos juegos y mientras haya un árbitro serio éste no permitirá que alguno que
no lo sea. Cuando menos, no permitirá que el presidente lo sea.
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