La agenda de hoy

DE LUNES A LUNES

En las últimas semanas han arreciado los ataques al arbitraje y más precisamente al arbitraje en contrataciones con el Estado. Se insiste en señalar que las entidades del Estado pierden abrumadoramente estos procesos y eso encarece todas las obras públicas y los bienes y servicios que adquiere o se le presta. La afirmación es temeraria y revela cierto desconocimiento de lo que sucede en el país.

Los tribunales arbitrales les ordenan pagar a las entidades el cuarenta y tres por ciento (43%) de lo que les demandan. Las estadísticas todavía no reflejan lo que realmente pagan porque esa es otra historia que reduce significativamente ese porcentaje.

Las entidades sólo demandan en el cinco por ciento (5%) de los casos y son demandadas en el noventa y cinco por ciento (95%) de los casos. Eso no quiere decir que sus contratistas son unos angelitos sino que el Estado se vale de otros cinco medios para ajustarlos cuando incumplen sus obligaciones: 1) les deja de pagar, 2) les aplica las penalidades establecidas, 3) les resuelve el contrato, 4) les ejecuta las fianzas y, si todavía están con vida, 5) los envía al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para que sean inhabilitados. No tiene que tomarse la molestia de llevarlos a arbitraje.

Los proveedores, en cambio, cuando quien incumple su contrato es la entidad, lo único que pueden hacer es pedir un arbitraje que si bien es una vía rápida y eficaz –en comparación con la ordinaria– cada vez se dilata más porque se recusan a los árbitros, se obstaculiza el proceso y se presentan diversos recursos contra el laudo para rematar con el de recurso de anulación que se ventila en el Poder Judicial y que atrasa aún más la terminación del reclamo.

En el arbitraje también pueden presentarse actos de corrupción y de hecho se presentan pero en mucho menor medida que en otros escenarios. En el arbitraje tienen que confabularse varios actores: los funcionarios públicos, los proveedores y los tres árbitros. Si logran coludirse, inventan una deuda o una obligación que la entidad debe cumplir y que cumple diligentemente en cuanto concluye el arbitraje. Esos delitos se evitan asegurándose que el árbitro que designen las entidades provenga de una lista previamente aprobada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

Al privado no se le puede exigir que elija a un árbitro de una determinada lista porque eso conduce al registro único que es muy peligroso porque puede conducir al colapso de la institución. Si el particular hace una mala designación, es su riesgo y lo que está en juego es su dinero. El funcionario público no puede darse ese lujo. Tiene que hacer una excelente designación porque lo que pone en riesgo es el dinero del Estado y lo que está en juego es el interés público.

El arbitraje, de otro lado, no encarece las obras o las prestaciones, salvo que lo que se solicite no tenga ningún sustento y sea ilegalmente amparado. El arbitraje lo que hace es poner las pretensiones de las partes en su justa dimensión y en el valor que les corresponde. En ocasiones, restablecer el equilibrio que se puede haber roto como consecuencia de distintos factores ajenos a la entidad y a su proveedor. En otras, el arbitraje ajusta los precios que los presupuestos habitualmente insuficientes tienen desfasados.

La prueba ácida es la tasación o el peritaje que deberá demostrar lo invertido en la prestación. Si el resultado es un monto coincidente con lo gastado por la entidad, no hay problema. Si difiere, hay que investigar las causas y perseguir y sancionar con todo el peso de la ley si es que se comprueba la comisión de un delito.

No es lo más frecuente, sin embargo. Lo más frecuente son los contratistas serios y honestos que viven de su trabajo y que recurren al arbitraje cuando no tienen otra opción para recuperar lo que les ha sido arrebatado o lo que no se les quiere reconocer.

En resguardo de sus economías hay que procurar que los presupuestos se acerquen a los costos definitivos. Es verdad que hay materias en las que eso no es posible a no ser que se tenga dotes y habilidades de prestidigitador.

Que los estudios previos reciban más asignaciones y que los mismos funcionarios públicos tomen más decisiones y se abstengan de derivarlas a los árbitros es una forma de empezar a corregir los errores que el modelo acusa y hacia donde apuntan las últimas modificaciones legislativas que pretenden empoderar responsablemente a las entidades y sincerar el número de controversias. Esa es la agenda de hoy.

EL EDITOR

Desafíos del arbitraje institucional en materia de contrataciones públicas

Desde que entró en vigencia la primera Ley 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así denominada, el arbitraje creció y se multiplicó en el Perú de manera exponencial, aumentando cada vez más en la misma medida en que se eleva el número de procesos de selección que convocan las entidades sujetas a su imperio. No necesariamente porque todo contrato que suscribe el Estado deba acabar en un litigio sino porque manteniéndose fijo el porcentaje, basta con que sean más los procesos para que sean más los arbitrajes.

El número de arbitrajes ha llegado a ser inmanejable al punto que muchos funcionarios públicos, en comprensible resguardo de su propia seguridad, optaron por abstenerse de resolver las solicitudes de sus proveedores por más razonables que pudiesen ser para evitarse cualquier proceso de determinación de responsabilidades que sus órganos de control estaban habituados a emprender. El contratista, en esas circunstancias, no tenía otra alternativa que recurrir al arbitraje. Pero eso encarecía la contratación pública y creaba una burbuja artificial respecto de la cantidad de controversias en trámite e incrementaba también los arbitrajes que el Estado perdía que, sin embargo, no llega a los promedios que algunos enemigos de la institución pregonan.

La última modificación de la LCE pretende invertir la tendencia y permite recurrir al arbitraje sólo para aquellos casos en los que no es posible arribar a un acuerdo en la etapa de trato directo o en la conciliación. Busca racionalizar el conflicto y sincerar los números. Se propone sancionar al funcionario que dilata la reclamación y escala la discrepancia teniendo la opción de lograr una transacción que no le ocasione más perjuicios al Estado. Probablemente tome su tiempo implementarla pero apunta a colocar los arbitrajes en su justa dimensión.

En el camino los centros de arbitraje en actual funcionamiento, especialmente los dos más importantes de Lima, han debido soportar una carga procesal que no se la habían imaginado. Los centros ubicados fuera de la capital, que han empezado a crearse o a reactivarse han experimentado algo similar. Pese a ello, no han podido atender la creciente demanda de procesos, principalmente en provincias.

El planteamiento de que el arbitraje en contrataciones del Estado sea fundamentalmente institucional, recogido actualmente en la norma, ha encontrado ese escollo práctico que no se puede subsanar propiciando la constitución de nuevos centros porque eso puede acarrear los mismos problemas que se tratan de solucionar con la medida.

En el Congreso de la República hay un proyecto que quiere revertir esta última disposición y regresar al arbitraje libre, para que en cada contrato se decida si la solución de controversias será institucional o ad hoc. Tampoco parece lo más adecuado. Quizás una alternativa pueda ser la de establecer cuantías, reservando los casos más complicados y de mayores montos para el arbitraje institucional y de permitir que el arbitraje ad hoc pueda tener competencia allí donde no hay un centro que cumpla con todas las exigencias que la ley establezca.

Entretanto, los centros de arbitraje tienen el gran desafío de demostrar a la comunidad jurídica que están en condiciones no sólo de atender nuevos procesos sino de confirmar árbitros, de asumir obligaciones y responsabilidades que los distingan y de extender su cobertura a nivel nacional.

En otros países los arbitrajes son mayoritariamente institucionales y sólo en un mínimo porcentaje ad hoc. En el Perú es al revés. Eso se debe a que aquí tenemos un número de arbitrajes que no lo tiene ningún país, gracias al arbitraje obligatorio creado hace veinte años. Esa realidad, empero, no puede cambiar el sentido de las cosas: hay que priorizar y reforzar el arbitraje institucional, fomentar la creación de instituciones serias y responsables y dejar que el arbitraje ad hoc complemente la tarea de administrar justicia, bajo ciertas condiciones y con ciertos controles, como la designación de árbitros de las entidades de una lista que comprenda a todo el territorio de la República aprobada previamente por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la publicidad de las actuaciones arbitrales.

Cuidado con sancionar a los inocentes

La congresista Marisol Espinoza Cruz ha presentado el Proyecto de Ley 1921/2017-CR con el que se propone penalizar a las empresas que participen en procesos de selección de bienes, servicios y obras con el Estado, cuyos representantes legales tengan alguna acusación fiscal o se les haya abierto un juicio oral por delitos de corrupción de funcionarios, concusión, colusión, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros ilícitos cometidos en remates. La sanción será una reducción equivalente al diez por ciento en el puntaje final que obtengan en la respectiva evaluación. El documento le encarga al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado que se ocupe de adecuar las bases estandarizadas en armonía con lo dispuesto.

La iniciativa se enmarca en la lucha contra la corrupción que se pretende librar en todos los frentes. Corre el riesgo, sin embargo, de en lugar de combatirla termine fomentándola, toda vez que al violar el principio de la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2.24.e) de la Constitución, abre la posibilidad de que cualquier entidad, alentada por algún competidor desleal, le inicie un juicio o incite que la fiscalía acuse a algún postor, con el único propósito de evitar su participación en un determinado proceso de selección en el que podría poner en riesgo la adjudicación a favor de un proveedor previamente elegido.

Ya ha sucedido eso en el Perú en el pasado y los resultados han sido desastrosos. Mucho mejor es apuntalar las causales que establece el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado 30225 sobre impedimentos para ser postores y velar por su cabal cumplimiento.

Exoneración de la fianza para suspender la ejecución del laudo

DE LUNES A LUNES

El doctor Ricardo León Pastor nos hizo llegar hace unas semanas las conclusiones del Pleno Jurisdiccional Regional Comercial sobre Anulación y Ejecución de Laudos Arbitrales y Embargos de Bienes Estatales que se llevó a cabo en Lima el año pasado pero cuya acta recién ha sido difundida.

Un primer tema que se aborda allí es la validez del pacto que establece como requisito para que proceda el recurso de anulación la presentación de una carta fianza. Una primera ponencia estima que es válido ese requisito y se sustenta en el principio de autonomía de la voluntad y en la libertad de autorregulación que consagra el artículo 34 de la Ley de Arbitraje y que, en efecto, faculta a “las partes a determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones” pero que no las faculta a determinar las reglas a las que se debe sujetar alguna de ellas al reclamar la revisión del laudo en sede judicial a través del recurso de anulación, trámite que ya escapa de la competencia y de las actuaciones del tribunal arbitral que están claramente delimitadas en el título IV de la Ley de Arbitraje promulgada mediante Decreto Legislativo 1071.

El título IV comprende cuestiones administrativas, como el lugar y el idioma del arbitraje así como otras más trascendentes como la representación, la regulación de la demanda y contestación, la competencia del tribunal, las audiencias, las pruebas, los peritos, la colaboración judicial, el tratamiento a la parte renuente, las medidas cautelares, la reconsideración, la transacción y la confidencialidad que debe guardarse. Sobre todo ello, las partes pueden pactar lo que mejor les parezca. Sobre lo demás, no, salvo que la propia norma consigne dentro de su texto la posibilidad de que las partes dispongan algo distinto.

Esta primera ponencia también se arropa en la última parte del inciso 2 del artículo 64 de la Ley de Arbitraje, en el extremo en que exige que “el recurso de anulación debe contener cualquier otro requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo.”

Una segunda ponencia se fundamenta precisamente en lo mismo, pero para plantear que no cabe pactar este requisito, sosteniendo que “los presupuestos procesales del recurso de anulación están sujetos a configuración legal, por ser normas procesales que atañen al derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y que posibilitan el ejercicio de la función que el estado se ha reservado, de control judicial del arbitraje.”

Para esta posición, “la autonomía de la voluntad y la libertad de regulación que consagra el artículo 34 del Decreto Legislativo 1071, rige sólo respecto de las ‘actuaciones arbitrales’ y no alcanza a la configuración de los presupuestos procesales del recurso de anulación”, argumento que nos parece correcto. Luego agrega, sin embargo, que el inciso 2 del artículo 64 se refiere a la carta fianza dispuesta por el artículo 66 de la misma Ley “relativa al pedido de suspensión del cumplimiento del laudo, y no a la presentación misma del recurso de anulación”, aseveración que yo ya no comparto. Pienso, más bien, que esos otros requisitos que eventualmente pueden pactar las partes pueden ser de cualquier otra índole. No puede ser la carta fianza porque ella está prevista expresamente en el inciso 2 del artículo 66.

La conclusión plenaria, no obstante, estipula que es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional el acuerdo de las partes que exige la presentación de una carta fianza como requisito para interponer el recurso de anulación del laudo.  La primera ponencia obtuvo 24 votos y la segunda sólo 11. Tremendo error.

Un segundo tema que trata el Pleno Jurisdiccional Regional es la validez del pacto que exonera la presentación de la carta fianza para solicitar que se suspenda la ejecución del laudo. Una primera ponencia se pronuncia a favor y una segunda en contra. Según la primera “la exigencia legal de presentar una carta fianza como requisito del pedido de suspensión de cumplimiento del laudo, está destinada a proteger sólo el interés de la parte que resultó vencedora en el arbitraje, a quien se le provee de una garantía de cumplimiento del laudo que desincentive los pedidos de suspensión maliciosos o temerarios”, para luego colegir a partir de esa premisa, que “si las partes acuerdan de antemano exonerarse de dicho requisito, dicho acuerdo no agravia el interés público, por lo que se justifica tenerlo como un requisito de imperativo cumplimiento. De allí que el órgano jurisdiccional deberá respetar el acuerdo de partes y prescindir de la presentación de la carta fianza para conceder el pedido de suspensión.”

Para la segunda, en cambio, de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Arbitraje, la interposición del recurso no suspende la obligación del cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo que la parte que impugna lo solicite expresamente y “cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes, establecida en el reglamento arbitral aplicable o sea fijada por el órgano de control judicial.” La norma tiene previsto que la garantía se extienda “por todo el tiempo que dure el trámite del recurso y por una cantidad equivalente al valor de la condena contenida en el laudo.”

El precepto busca desincentivar e impedir que se dilate y encarezca la reclamación con articulaciones sin sustento. Que quien quiera interponer un recurso de anulación lo haga cuando esté tan seguro de su posición que puede arriesgar la suma íntegra que se le ordena pagar. Por eso, el inciso 6 preceptúa que “si el recurso de anulación es desestimado, la Corte Superior, bajo responsabilidad, entregará la fianza bancaria a la parte vencedora del recurso. En caso contrario, bajo responsabilidad, la devolverá a la parte que interpuso el recurso.”

En línea con lo señalado, la fundamentación de esta ponencia afirma que “esta disposición del artículo 66 de la Ley de Arbitraje contiene una norma procesal y por ende de carácter imperativo que no se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad y autorregulación de las partes, por lo que el acuerdo de exoneración no es válido y no exime a la Sala Superior de verificar el cumplimiento del requisito de admisibilidad del pedido de suspensión, exigido por la ley.” Inobjetable.

La conclusión plenaria fue nuevamente equivocada. Según ella, el acuerdo de las partes que exonera de la presentación de la carta fianza como requisito para suspender la ejecución del laudo, es válido y vinculante para el órgano jurisdiccional. Como si la ley estuviera pintada en la pared. La primera ponencia obtuvo 19 votos y la segunda 15. La derrota fue más estrecha pero no por ello la decisión adoptada es menos desafortunada.

Lo que los magistrados no entienden es que la ley tiene normas de carácter imperativo y otras supletorias de la voluntad de las partes. Y ésta, relativa a la obligación de presentar una carta fianza como requisito para suspender la ejecución del laudo, es imperativa. Nadie puede liberarse de ella. Las facultativas son aquellas referidas a las actuaciones arbitrales o aquellas otras cuyo propio texto admite que las partes pacten algo distinto.

Ojalá lo hayan comprendido en el tiempo transcurrido desde que se suscribió esta acta hasta la fecha.

EL EDITOR

Ética y corrupción

El jueves 19 se realizó el III Congreso Nacional de Arbitraje organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima y el Centro de Altos Estudios Patmos. El evento se desarrolló en el auditorio José León Barandiarán de la sede de Miraflores del CAL. Se presentaron seis paneles que abordaron diversos temas. El primero se ocupó de medidas cautelares, convenios patológicos y redacción de laudos. En el segundo se trató sobre arbitraje fraudulento y mala praxis de los árbitros. En el tercero sobre Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Arbitraje: anulación y ejecución de laudos. En el cuarto sobre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. En el quinto se habló sobre las perspectivas del arbitraje en el Perú y en el sexto sobre las perspectivas del arbitraje en las contrataciones del Estado.

Entre otras, destacaron las intervenciones de los doctores Alberto Retamozo Linares, Ricardo Rodríguez Ardiles, Rómulo Morales Hervias, Carlos Castillo Rafael, Gonzalo García Calderón y la de nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, estos dos últimos en el sexto panel en el que hicieron hincapié en los temas de ética y corrupción.

La supuesta dicotomía entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc en el marco de la contratación pública fue un tópico sobre el que incidieron varios expositores en consideración de la proscripción actualmente vigente que le reserva al arbitraje institucional en exclusividad la administración de esta clase de controversias dejándole al arbitraje ad hoc únicamente aquellas que no versan sobre obras públicas cuyos valores equivalen a 25 UIT o menos.

Nuestro editor subrayó la importancia de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1341 en la Ley 30225 específicamente en lo relativo a la conciliación que se pretende robustecer para que las autoridades la empleen para todos aquellos casos en los que es manifiestamente imposible que tengan éxito en un arbitraje. En cuanto pueda implementarse ese cambio el número de arbitrajes disminuirá y se sincerará. También ponderó la modificación en materia de recursos de anulación del laudo en el extremo en que no se obligará a los funcionarios a presentarlos obligatoriamente y en aquel otro que exigirá para su procedencia de la autorización de la máxima autoridad de la entidad, del ministro o del Consejo de Ministros. Criticó, de otro lado, que se libere a la entidad de la fianza como requisito para interponer el recurso de anulación que sin embargo se restituye para el caso del contratista, creándose una inequidad que no tiene ninguna justificación.

Gandolfo recalcó que para que haya corrupción en el arbitraje es indispensable que se coludan varios actores: los funcionarios públicos, los proveedores y los miembros del tribunal arbitral y que inventen o creen una obligación inexistente con el objeto de hacerla efectiva una vez concluido el proceso. Sólo se concreta si las autoridades, involucradas en el delito, eligen como árbitro a alguien que se va a prestar a esas malas prácticas y si, posteriormente, notificadas con el laudo, pagan diligentemente lo que éste les ordena. No es lo habitual, desde luego. Pero puede ocurrir. Una forma de impedirlo es disponiendo que los árbitros que designen las entidades provengan de la nómina del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, de algunos centros en particular o de un nuevo registro integrado exclusivamente por profesionales serios y honestos.

Al proveedor no se le obligaría que elija a su árbitro de alguna lista determinada porque finamente si hace una mala designación lo que está en juego es su inversión y sus intereses. En cambio si quien hace una mala designación es el funcionario público, lo que pone en juego es el dinero del Estado y los intereses de todos los contribuyentes. Por eso debe impedirse que seleccione a su vecina, a su compadre o a quien le debe o le quiere cobrar algún favor pasado o futuro.

Nuestro editor dijo finalmente que el mejor antídoto contra la corrupción en el arbitraje es la transparencia y sugirió en ese sentido proseguir con la difusión de laudos y de las resoluciones de designación, las que resuelven recusaciones y todas aquellas otras que pueden ser de interés.

El empleado de limpieza que vende lapiceros

DE LUNES A LUNES

El inciso e) del artículo 11.1 de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341, prohíbe que participen en un procedimiento de selección y que contraten o subcontraten con las entidades a los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, a “los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia” y a los gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva. A todos ellos les alcanza el impedimento “durante el ejercicio del cargo” y “respecto de la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.”

De ahí se infiere que no pueden intervenir en ningún proceso convocado bajo el imperio de la LCE, a nivel nacional, mientras ejerzan todas esas funciones. Desde el momento en que las dejan y hasta por un año, el impedimento se circunscribirá a la entidad a la que pertenecen o pertenecieron, para ser más precisos.

Para el inciso f) del mismo artículo 11.1, de otro lado, están impedidos “en la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función que desempeñan tiene influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre el proceso de contratación o conflicto de intereses, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo.” Parecería que contradice lo señalado en el acápite precedente que, por ejemplo, para el caso de los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, condiciona su aplicación a “la ley especial de la materia” pero extiende la prohibición a todo el sector público con prescindencia del cargo o la función que desempeñe la persona de que se trate. Este inciso f) restringe la aplicación precisando que si van a participar en un proceso convocado por la misma Entidad en la que prestan servicios estarán impedidos si “tienen influencia, poder de decisión, o información privilegiada […] o conflicto de intereses”, siempre hasta un año después de haber cesado en el puesto.

¿Cuál inciso se aplica en el caso de un servidor público que es empleado de limpieza en un ministerio, cargo que por cierto no le da ninguna posibilidad de influir ni decidir en ningún resultado, ni de tener información privilegiada ni conflicto de intereses, y al que se le presenta la oportunidad de participar en un proceso convocado por esa misma entidad para venderle lapiceros en consideración al hecho de que tiene una pequeña librería con sus hermanos que coincidentemente acaba de obtener su Registro Nacional de Proveedores? ¿Realmente su microempresa está impedida de participar en ese proceso que además es convocado por una repartición del mismo ministerio totalmente ajena a la de mantenimiento en la que él trabaja?

Alguna respuesta se puede encontrar en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1341 que modifica la Ley 30225. En el punto 2.1.8 se destaca que “el impedimento se ha ampliado a todo proceso de contratación pública durante el ejercicio del cargo en el caso de los Gobernadores Regionales, Vicegobernadores Regionales y Consejeros de Gobiernos Regionales; los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores; los Titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva.”

Acto seguido, sin embargo, se admite que “la razón de dicha modificación radica en evitar los conflictos de interés que puedan suscitarse debido a la naturaleza, poder de decisión o influencia que pudiesen tener estas personas mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones.” La pregunta que se cae de madura es ¿qué conflictos de interés podría acarrearle al empleado de limpieza participar en la licitación para la compra de lapiceros en el mismo ministerio donde trabaja? ¿Qué poder de decisión o influencia podría tener? Ninguno, obvio.

Tan cierto es ello que la propia Exposición de Motivos refiere, en directa alusión al nuevo inciso f), que “en este artículo se ha añadido un nuevo impedimento para restringir la contratación en la entidad a la que pertenecen a quienes detenten influencia, poder de decisión, cuenten con información privilegiada sobre el proceso de contratación o mantengan conflictos de intereses por razón del cargo o función que desempeñan.” Enseguida añade que “el impedimento se mantiene hasta doce (12) meses después de que dejen el cargo.”

Más claro imposible. Los servidores públicos, que, en consideración al cargo o función que “desempeñan”, esto es, que están ejerciendo en un determinado momento, tienen influencia, poder de decisión, información privilegiada o conflicto de interés, no pueden suscribir ningún contrato ni participar en ningún procedimiento de selección que convoque la entidad a la que “pertenecen.” Si no tienen la influencia, el poder de decisión, la información privilegiada o el conflicto de interés, pueden participar sin ningún problema.

El antecedente más próximo de este impedimento es el inciso d) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, antes de que sea modificado por el Decreto Legislativo 1341. El texto de todo el artículo 11 era más compacto y uniforme porque regulaba las prohibiciones a partir de su aplicación territorial, temporal y punitiva, en ese orden. El inciso d) prohibía que participen en procesos, “en la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia.”

Para aplicarlo, empero, había que concordarlo con la décimo tercera disposición complementaria final del Reglamento de la LCE, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, que a la letra decía: “Para la configuración del impedimento previsto en el literal d) del artículo 11 de la Ley, debe tomarse en consideración que los trabajadores de las empresas del Estado y servidores públicos comprendidos en el referido literal son aquellos que por el cargo o la función que desempeñan tienen influencia, poder de decisión o información privilegiada sobre el proceso de contratación.”

El impedimento, en la Ley, había ido descendiendo pues empezaba regulando en el ámbito nacional, específicamente alcanzando a las principales autoridades del país, luego pasaba al regional, a continuación al de cada jurisdicción y después al de la entidad a la que pertenecen las partes involucradas para acabar atacando el ámbito de cada proceso, el ámbito de los parientes, de las personas jurídicas en todas sus variantes de vinculación y las personas sancionadas o inhabilitadas y aquellos vinculados a ellas.

En lo que respecta al ámbito de la misma entidad, como queda dicho, había prohibido que participen en los procesos, entre otros, los “funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia.” Acertadamente el Reglamento reguló el alcance de este impedimento para que un servidor público, como el empleado de limpieza del caso hipotético, no pueda terminar restringiendo los derechos de la librería de la que es copropietario, exigiendo para que se configure la prohibición que el servidor tenga influencia, poder de decisión o información privilegiada. Aun en el pequeño ámbito de la misma entidad, una librería de propiedad de un servidor que no tiene mayor trascendencia podía contratar con ella. Suena perfectamente razonable.

El Decreto Legislativo 1341 cambió el patrón y pasó a regular ya no en función del ámbito, del más grande al más pequeño, sino prioritariamente en función de los tiempos, modificando los alcances de las prohibiciones. En el afán de rescatar lo establecido en la décimo tercera disposición complementaria final del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 350-2015-EF, le dio forma de impedimento y lo incorporó en la Ley, como inciso f). Pero olvidó reformular el acápite e) para hacerlos compatibles entre sí, dejando abierta la posibilidad para que un servidor público no pueda contratar con nadie, directamente o a través de una persona jurídica de la que forma parte, a nivel nacional, mientras que, en el ámbito de la misma entidad, sí podría hacerlo en virtud de lo expresamente señalado en el inciso f).

Sobre este particular el Tribunal Constitucional ha señalado, en el Expediente 0484-2009-PA-TC citado por el doctor Marco Martínez Zamora, “sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación legalmente impuesta, deberá además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos.” Ese es el sentido en que debe entenderse el artículo 139, inciso 9, de la Constitución que consagra el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. Por consiguiente, presentada la disyuntiva de tener que elegir entre el inciso e) y el f) de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde optar sin ninguna duda por el f).

El Decreto Supremo 056-2017-EF, modificatorio del Reglamento de la LCE aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, en la creencia de que como el precepto de la acertada décimo tercera disposición complementaria había sido incorporado en la Ley, la derogó en su artículo tercero conjuntamente con otras disposiciones que corrieron la misma suerte. No era necesario que sobreviva, pero si hubiera subsistido tenía que concordarse con el nuevo inciso e) y ya no con el antiguo inciso d).

El mismo Decreto Supremo 056-2017-EF, por otra parte, ha cambiado el artículo 248 del Reglamento reservándolo ahora para configurar el impedimento establecido para el cónyuge, el conviviente y los parientes a los que se refiere el inciso h) del artículo 11.1 de la Ley. El inciso d) del nuevo artículo 248.1 refiere que “cuando la relación existe con los servidores públicos y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva a los que se refiere el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el impedimento se configura en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen estas personas y hasta doce meses después de que dejen el cargo, siempre que, por la función desempeñada, dichas personas tengan influencia, poder de decisión, o información privilegiada sobre los procesos de contratación de la Entidad, en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.”

El texto puede no ser aplicable al empleado de limpieza pero es igualmente restrictivo y nuevamente opta por limitar el impedimento a las personas que por el cargo que ocupan pueden eventualmente incidir en el resultado del proceso. Y esa sola posibilidad es la que se prohíbe y se combate. Este servidor público puede seguir en sus labores y la librería de la que es copropietario puede venderle al ministerio sin problemas.

EL EDITOR

Nuevas directivas del OSCE

MARIANELLA OLIVEROS

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha emitido nuevas directivas para regular el procedimiento de inscripción y de renovación del registro de su nómina de árbitros para sus designaciones residuales destacándose que la renovación será anual y ya no bianual pero en línea, el examen de conocimientos también será virtual y habrán nuevas causales de exclusión por no aceptar injustificadamente más de dos arbitrajes, por constituir un potencial riesgo para el interés público o por encontrarse en duda la idoneidad moral o profesional del árbitro.

Para la designación de árbitros se comprobará que los profesionales propuestos no cuenten con recusaciones declaradas fundadas por el OSCE o por otras instituciones en arbitrajes en contrataciones del Estado y se pondrá en práctica un mecanismo rotativo en cuya virtud se esperará que todos los árbitros aptos cuenten con un mínimo de seis nominaciones para volver a ser designados.

También se ha aprobado una directiva para regular el procedimiento de adjudicación simplificada en forma electrónica y las bases estándar para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general así como una cuarta directiva para regular el nuevo procedimiento para la instalación de los tribunales unipersonales y ad hoc.

Los veedores en la contratación pública

DE LUNES A LUNES

La creencia de que la Contraloría General de la República debe participar en todos los procedimientos de selección que convoquen las entidades bajo el imperio de la Ley de Contrataciones del Estado, como veedor, no es nueva. Se ha analizado desde hace varios años con resultados diversos. El antecedente más remoto de esta opción legislativa se encuentra en la cuarta disposición final de la antigua Ley 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, así denominada hasta el 2008, cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 083-2004-PCM, según la cual los órganos de control institucional participaban como veedores en el proceso de adjudicación de menor cuantía, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. No intervenía directamente la Contraloría, lo hacían los órganos de control institucional, es cierto. No menos cierto es que ellos también forman parte del Sistema. Y participaban como veedores, pero circunscritos, se entiende de manera obligatoria,  a los procesos menores que, sin embargo, se empleaban para operaciones mayores que en primera convocatoria eran declarados desiertos.

En la octava disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado promulgada mediante el Decreto Legislativo 1017, antecesora de la actual, se estipulaba lo mismo igualmente circunscrito a los procesos de adjudicación de menor cuantía. En el artículo 64 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, se establecía que en todos los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podía contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaba como veedor y debía suscribir el acta correspondiente, subrayándose desde entonces que su ausencia no invalidaba el proceso. Por lo tanto, su presencia era facultativa. En el artículo 66 se reiteraba su obligación de suscribir el acta y en el artículo 73 se lo facultaba a participar en la definición en caso de empate, sea a prorrata o por sorteo cuando el otorgamiento de la buena pro se hacía en acto privado.

En la sétima disposición complementaria final de la Ley 30225, actualmente vigente, se invierte la tendencia y se estipula que los órganos de control institucional participan en el método de contratación conforme a la normativa del Sistema Nacional de Control. Ya no se circunscribe a un determinado proceso de selección. Todavía no se puede aventurar una evaluación sobre los resultados de esta medida pero lo más probable es que siga la tónica de la que la precedió.

El artículo 53.7 del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, empero, faculta la participación de un veedor del Sistema Nacional de Control en el acto de presentación de ofertas que  incluso puede firmar el acta correspondiente. El artículo 54.7 lo faculta a participar en el sorteo de los postores que hayan empatado en el caso de licitaciones de obras. El artículo 62.7 hace lo propio para el otorgamiento de la buena pro en servicios indicándose que si está presente debe firmar el acta. En el artículo 69 se dice que, en el acto privado de adjudicación simplificada, puede participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control, un notario o un juez de paz. En el 75.1 se anota exactamente lo mismo para el caso de la contratación de consultores individuales. En todos los casos se subraya el carácter facultativo de estos veedores.

En el artículo 178.1, relativo a la recepción de obra, se establece que el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y el representante del órgano de control de la entidad pueden participar como veedores, añadiéndose que su ausencia no invalida el acto, lo que es obvio pues la intervención de cualquiera de ellos es también facultativa.

En línea con lo señalado el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha absuelvo una consulta formulada por el Gobierno Regional de Moquegua sobre las facultades que la normativa le reconoce a un veedor en un proceso regulado por ella. Específicamente ha solicitado que se le aclare si las prerrogativas contempladas en el Reglamento, citadas previamente, comprenden el acceso a la documentación que presentan los postores, la posibilidad de sacar copias fotostáticas, de autenticarlas o certificarlas, de tomar fotografías y filmar las actividades propias del procedimiento, públicas y privadas.

La Dirección Técnico Normativa ha emitido la Opinión 199-2017/DTN destacando que la participación de un representante del Sistema Nacional de Control como veedor en los actos de presentación y evaluación de ofertas, de adjudicación y de sorteo, no le permite ejercer las facultades propias del comité de selección ni las del órgano encargado de las contrataciones de la respectiva entidad, razón por la que no está autorizado a interferir en el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio, naturalmente, de observarse el principio de transparencia y el principio de publicidad. El primero obliga a las entidades a proporcionar información clara y coherente, garantizando la libre participación de postores bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. El segundo obliga a difundir la respectiva convocatoria con la finalidad de promover la mayor competencia posible.

La presencia de un veedor del Sistema Nacional de Control, en ese contexto, se enmarca dentro de las acciones que realiza la Contraloría General de la República y que se conoce como control simultáneo y que se practica sobre actividades en curso, en pleno desarrollo, con el objeto de alertar oportunamente a la entidad sobre aquellos hechos que pudieran poner en riesgo el resultado de los propósitos que persigue a efectos de que introduzca rápidamente los correctivos necesarios para superar el impase.

El OSCE trae a colación el principio de legalidad, consagrado en la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, en cuya virtud las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Lo hace para sustentar que la participación del representante del Sistema Nacional de Control en determinadas actuaciones sólo es en calidad de veedor, lo que no limita sus propias prerrogativas pero tampoco le permite excederse de ellas.

En atención de esas consideraciones, el pronunciamiento concluye que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que el representante del Sistema que actúe como veedor pueda obtener copias fotostáticas autenticadas o certificadas de la documentación materia de observación, efectuar tomas fotográficas o de video y otras acciones similares.

La participación de ese veedor como queda dicho no es obligatoria. Ello, no obstante, existen algunas propuestas destinados a hacerla obligatoria con el fin de que en todo procedimiento de selección haya un representante del Sistema Nacional de Control como parte de la política de lucha contra la corrupción lo que demandaría, en la eventualidad de que necesariamente ese representante sea de la Contraloría y no del órgano de control institucional, la conformación de verdaderos regimientos de veedores, engrosando las filas de la burocracia y duplicando muchas funciones que cumplen otros actores en la contratación pública.

Por de pronto, la propia Contraloría General de la República presentó al Congreso de la República el año pasado un proyecto de ley con el objeto de modificar la Ley de Contrataciones del Estado para ampliar su presencia en los procedimientos de selección para la contratación de obras con opiniones obligatorias antes de que sean convocados, una exigencia que, de prosperar, dilataría y encarecería los procedimientos de selección habida cuenta de que habría que esperar ese documento para poder avanzar.

El mismo proyecto plantea que los supervisores reciban el tratamiento de funcionarios públicos por delegación; que le reporten directamente a ella los incumplimientos que detecten en el desarrollo de sus funciones, bajo responsabilidad; que estén inscritos en un registro administrado por ella y que sean designados por ella misma en los procesos en los que sea obligatoria su contratación, lo que equivale a estatizar parte de las actividades de consultoría. Finalmente, ordena que el OSCE suspenda los procedimientos en los que la Contraloría identifique la presencia de hechos irregulares o contrarios a los principios y normas que rigen la contratación pública o que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos, extremo este último que resulta razonable.

Existe otro proyecto que pretende responsabilizar penalmente a los supervisores que no comuniquen a la Contraloría General de la República los incumplimientos o irregularidades que se detecten en las obras ejecutadas con recursos públicos o público-privados, en materia de adicionales, mayores gastos generales, liquidación del contrato, vencimiento de garantías, variación del calendario, ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades, deficiencias, omisiones o variaciones del expediente técnico, calidad de materiales, maquinarias, equipos y personal así como en cuestión de normas técnicas sobre procesos constructivos. Es decir, en toda clase de ocurrencias.

Esta iniciativa incluye la modificación del Código Penal para incorporar este ilícito y para sancionarlo con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años para el supervisor o para el profesional encargado por la persona jurídica para cumplir con esta obligación.

Ambas son propuestas que pueden lograr el efecto contrario al deseado. Esto es, ahuyentar de la contratación pública a quienes no quisieran obviamente encontrarse involucrados en procesos de determinación de responsabilidades, como si fueran funcionarios públicos, o, peor aún, en procesos penales, como si fueran delincuentes, por omisiones administrativas que eventualmente podrían subsanarse con un simple trámite epistolar. En el quehacer profesional se quedarían aquellos que tienen el pellejo grueso, como diría Mario Castillo Freyre, para quienes terminar envueltos en esos líos es pan de todos los días y para quienes salir bien librados de esos avatares no resulta nada difícil.

Eso, sin embargo, no es lo que el país anhela ni lo que la Contraloría desea. El país anhela combatir a la corrupción con todo el peso de la ley y sancionar ejemplarmente a quienes se coluden en agravio del Estado. Ese objetivo se logrará con transparencia y con ingenio, de la mano de la Contraloría. No reprimiendo a los mejores profesionales y dejándoles la cancha libre a los peores, a quienes fomentarán más de lo que quiere evitar y proscribir.

EL EDITOR

Más transparencia contra la corrupción

DE LUNES A LUNES

Mi particular percepción es que una buena medida para combatir la corrupción en las contrataciones públicas es la modificación del procedimiento de adjudicación que, en la evaluación económica, ahora califica con el mayor puntaje, en consultoría y ejecución de obras, ya no a la oferta más baja sino a la oferta más cercana a un segundo promedio que se obtiene luego de descartar a aquellas que se ubican por debajo del ochenta por ciento de un primer promedio que se obtiene luego de sumar los montos de todas las que pasan la evaluación técnica. El otorgamiento de la buena pro se ha vuelto así más imprevisible. Quizás no sea lo mejor pero es una de las pocas fórmulas que puede desterrar cualquier sospecha.

Hay quienes estiman que acumulando varias propuestas con montos bajos se puede empujar los promedios para eliminar o dejar fuera de poste a los proveedores más serios con el propósito de asegurarle la adjudicación a algún advenedizo. Es un riesgo, pero no hay forma de garantizarlo. Si se logra dotar a los procesos de los presupuestos necesarios para el objeto que persiguen se habrá dado un paso certero en procura de conseguir mejores contratos y mejores proveedores.

Si en paralelo se opta por difundir todas las actuaciones de un procedimiento de selección desde su convocatoria hasta la suscripción del contrato y desde este momento hasta su liquidación se habrá dado otro paso importante para fortalecer la acción del Estado. La difusión también debe alcanzar hasta los procedimientos de reclamación, comprendiendo la designación de árbitros, las recusaciones y todo lo que abone a favor de un mayor control por parte de la ciudadanía. La transparencia es siempre el mejor antídoto contra la corrupción.

EL EDITOR

Contratos de obra pública: mitos y realidades

DESAYUNO ARBITRAL EN LA CCL

El jueves 28 se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Lima el Desayuno Arbitral sobre mitos y realidades en los contratos de obra pública organizado por su Centro de Arbitraje con la participación de Roxana Jiménez Vargas-Machuca, Carlos López Avilés, Ricardo Rodríguez Ardiles y nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, que presidió la mesa. El evento fue inaugurado por el nuevo secretario general, Christian Carbajal Valenzuela.

Nuestro editor, luego de lamentar el sensible fallecimiento del principal animador y cuatro veces presidente del gremio anfitrión, Samuel Gleisser Katz, cuyo nombre lleva el auditorio en el que se desarrolló el evento, aclaró algunos conceptos que se difunden en los medios de comunicación como si fueran verdades absolutas cuando en realidad revelan una extendida ignorancia.

En primer término, se refirió al supuesto cartel de proveedores que denunció un periodista en una radio local hace algunos días y cuya evidencia es, según él mismo, el hecho de que todos los postores se presenten a las licitaciones con el mismo monto, lo que pone de manifiesto además una concertación de precios y una confabulación escandalosa en agravio del Estado. Nada más absurdo. Hasta no hace mucho, las calificaciones de las ofertas se hacían priorizando y dándole el puntaje más alto a aquellas que ofrecían los montos más bajos y como sólo se podían aceptar propuestas entre los rangos del diez por ciento por encima y diez por ciento por debajo del valor referencial de la convocatoria, pues todos iban al noventa por ciento porque todos querían tener la más alta calificación y nadie quería perder puntos en esta instancia.

Es cierto que algunos aventureros se arriesgaban a ofertar el 110 por ciento del presupuesto cuando estaban convencidos de que iban a ser postores únicos. Pero eso siempre era un albur porque a última hora, antes del cierre, podía llegar un proveedor retrasado que alcanzaba a introducir su propuesta y le quemaba la película al osado que no quería firmar por lo máximo que permitía la norma. De alguna manera era una actitud comprensible habida cuenta de que los valores referenciales eran y por desgracia siguen siendo hasta ahora insuficientes para los objetivos que se persiguen con la pretensión que es materia de cada procedimiento. Esa certeza, sin embargo, no le quitaba la dosis de riesgo y suspenso que acarreaba.

Ahora ya no se adjudica así. La última reforma ha introducido la figura del doble promedio en cuya virtud en una primera vuelta se eliminan todas las ofertas que se encuentren por debajo del ochenta por ciento de un primer promedio que se obtiene entre los montos de todas las propuestas que siguen con vida después de la evaluación técnica. En una segunda vuelta, ya para adjudicar el proceso, se asigna el puntaje más alto en la calificación económica a la oferta que se ubique más cerca de un segundo promedio de todas las que siguen en carrera a efectos de no priorizar la contratación de la propuesta más baja, que no es la mejor obviamente, ni tampoco de la de monto más alto, que necesariamente tampoco es la mejor, aunque puede estar más cerca de serlo. A las demás ofertas se les otorgan puntajes inversamente proporcionales a su lejanía o cercanía de ese segundo promedio lo que termina siendo más justo y menos susceptible de ser dirigido por clubes o carteles.

El doctor Gandolfo también se refirió a la creencia de que hay malas prácticas o actos abiertamente ilícitos cuando se comprueba que el valor de una obra difiere considerablemente del valor estimado en sus primeros estudios. Recordó que un congresista, que no quiso identificar, se escandalizó no hace mucho al verificar que en una construcción se había terminado invirtiendo más de lo que el valor referencial del estudio preliminar sugería. Aclaró que debería investigarse cuando una tasación comercial demuestra que los montos invertidos en una obra son notoriamente inferiores a los montos registrados como gastados en esa misma obra. Si son similares, no hay problema. Si difieren de los valores referenciales de los estudios previos pero todo lo declarado está comprobadamente en la obra, no hay ningún indicio de mala práctica, apropiación ilícita o colusión en agravio del Estado. Así de simple.

Nuestro editor cuestionó, por último, la idea de que tener un pleito con el Estado debería ser un impedimento para participar en una futura licitación. Reveló que esa prohibición ya se tuvo en el Perú en el pasado y sirvió para que algunas entidades impidan la intervención de ciertos postores que no eran de su agrado en determinados procesos. Para ello, bastaba que les inicien ellas mismas o cualquier otra entidad, por pequeña y apartada que sea, un juicio cualquiera. Sirvió también para que muchos proveedores se deshagan de competidores que podían poner en riesgo la buena pro que acariciaban con malas artes. Por último, fue utilizado para disuadir a los proveedores para que no reclamen por ningún derecho porque si un nuevo proceso los encontraba en plena disputa, automáticamente quedaban prohibidos de participar.

El ingeniero Carlos López Avilés se ocupó de los precios unitarios y la suma alzada subrayando en qué casos corresponde aplicar uno y otro sistema. El doctor Ricardo Rodríguez Ardiles habló sobre las ampliaciones de plazo y los adicionales de obra así como sobre las consecuencias que puede acarrear el sinceramiento de los arbitrajes en línea con lo que propone la última modificación para que continúen las reclamaciones sólo en aquellas controversias que no puedan ser resueltas en las vías previas de la conciliación o el dispute board. La doctora Roxana Jiménez Vargas-Machuca, finalmente, disertó sobre los mitos que se han generalizado en el arbitraje destacando las limitaciones que tienen las cortes para corregir un laudo evidentemente equivocado y las formas que se ingenian para hacer notar los errores que advierten en su quehacer cotidiano.

El público, que asistió masivamente al evento, tuvo oportunidad de interactuar con los expositores planteando algunas inquietudes que fueron absueltas propiciándose un clima de ameno intercambio de pareceres, antes de que el doctor Gandolfo lo clausurase.

Los desafíos de la compra pública sostenible

El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Programa Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, el ministerio de Economía y Finanzas y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, organizaron hace unas semanas, un Conversatorio sobre contextos, desafíos y oportunidades de la compra pública sostenible en el Perú.

El evento fue inaugurado por el ministro Alfonso Grados Carraro y se dividió en cuatro paneles a lo largo de dos días. En el primer panel se abordó el tema de la inclusión de criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Sobre los requerimientos disertó Carla Flores Montoya, Sub Directora de Normatividad del OSCE. A continuación hizo uso de la palabra Juan Carlos Gutiérrez Azabache, Director General de Trabajo, sobre legislación laboral actualizada. Enseguida expuso Carlos Minaya Rivas, Director de Política y Regulación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del ministerio de Agricultura, sobre contratación de productos forestales y de fauna silvestre.

El segundo panel estuvo dedicado a los avances de la inclusión de criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Walter Carrasco Chacón, Director General de Eficiencia Energética del ministerio de Energía y Minas, habló sobre las medidas para el uso eficiente de la energía. Giuliana Patricia Becerra Celis, Directora General de Calidad Ambiental del ministerio del Ambiente, trató sobre la ecoeficiencia y gestión de los residuos sólidos en las instituciones públicas. Mirtha Rázuri Alpiste, jefe de la Central de Compras Públicas, trató sobre la homologación, la subasta inversa y los acuerdos marco.

El segundo día, el tercer panel giró en torno de la inclusión de factores sostenibles en la contratación pública. Patricia Seminario Zavala, Directora Técnico Normativa del OSCE, expuso sobre los factores de evaluación en las bases estándar y el proyecto SPPEL. Cecilia Minaya Rivas, de la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de la Calidad del ministerio de la Producción, habló sobre acreditación de organismos de evaluación de la conformidad para sistemas de gestión. Sobre el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad disertó Natalia Quiñones Berrospi de la Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad.

El cuarto y último panel estuvo concentrado en los próximos retos en la compra pública sostenible. Gladys Vanessa Zorrilla Garay, Coordinadora Ejecutiva del Programa Perú Responsable del ministerio de Trabajo y Promoción Social, habló sobre el registro de empresas que realizan gestión socialmente responsable, directorio y certificación. Roberto Prieto Sánchez, de la Dirección Nacional de Construcción del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, expuso sobre el código técnico de construcción sostenible. Daniella Rough, Coordinadora del Proyecto NAMA’S de Energía del PNUD, habló del transporte terrestre eléctrico. Finalmente, Alonso Rizo Patrón Malhe, Director de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cerró el evento disertando sobre herramientas de trazabilidad.