DE LUNES A LUNES
La
Contraloría General de la República ha difundido un interesante documento de
investigación titulado “Análisis de la contratación pública en el Perú
(2018-2022): Una mirada desde el control gubernamental” que aporta información
muy valiosa para encaminar esta clase de operaciones que representan alrededor
del 41% del presupuesto público.
Según
el compendio, que los mecanismos de contratación de bienes, servicios y obras
funcionen eficientemente es un objetivo esencial de la administración pública
para garantizar que la asignación de recursos responda a las necesidades de la
población, que se ve impactada negativamente con ineficiencias y actos de
corrupción que impiden atender convenientemente las emergencias, que generen
atrasos en la provisión de medicinas y otras urgencias, que las carreteras no
concluyan o presenten fallas técnicas, colegios y hospitales sin insumos para
operar, entre tantas otras falencias.
En
ese contexto las auditorías y los servicios de control son un elemento clave
para detectar situaciones o hechos irregulares con miras a identificar los
principales problemas que afectan el funcionamiento del Sistema Nacional de
Abastecimiento. El reporte confirma que actualmente este sistema adolece de un
abuso en las exoneraciones para contratar sin proceso en un nivel que llega
casi a una tercera parte del gasto total, procesos poco competitivos y
deficiente ejecución contractual.
El
estudio ha permitido poner de manifiesto diversas irregularidades en la gestión
y poca transparencia en la reglas para direccionar excepciones, contratos
temporales y obras perjudicando el cumplimiento del fin público. De allí la
trascendencia del documento que refleja el interés de la Contraloría por
determinar las principales características de las contrataciones en el
quinquenio bajo análisis. Entre ellas pueden advertirse procesos menos
competitivos, de abastecimiento único injustificado, que favorezcan a un postor
en desmedro de otros, que compartan información privilegiada y que alienten la
colusión de ofertas.
Especial
mención corresponde al gasto en las contrataciones sin proceso. El reporte
indica que menos del 50% de lo que se contrata en el país se hace al amparo de
la LCE. De ese porcentaje, sin embargo, un tercio se hace sin sujeción a
ninguna norma, apelando a la exoneración de las que gozan las contrataciones
hasta las 8 UIT, las que, por su volumen, desnaturalizan la excepción
volviéndola una práctica común en las entidades públicas, algunas de las cuales
llegan a realizar el 100% de sus contrataciones en un ejercicio fiscal al
margen de la normativa vigente.
En
los tres niveles de gobierno en el señalado quinquenio se han registrado
contrataciones por 230 mil 332 millones de soles. De ese total, solo el 48% se
ha convocado utilizando algún procedimiento de selección y nada menos que el
52% se ha convocado sin proceso, a través de órdenes de compra o se servicio.
De este último porcentaje, solo el 3% empleó el sistema de acuerdos marco, lo
que pone en evidencia que las compras por catálogo de bienes y servicios
comunes es lo que menos se usó, al menos en gasto, en ese período, aunque el
reporte reconoce que en el último año este régimen ha tenido un significativo incremento.
Lo
lamentable es que el porcentaje que representaron los gastos por contrataciones
mediante procedimientos de selección ha ido disminuyendo progresivamente desde
el 58% que era en el 2018. La Contraloría explica que esta disminución obedece
a las diversas normas que han creado procedimientos especiales que comprenden
gastos en materia de contratación que han pasado del 6% al empezar este quinquenio
de estudio hasta llegar al 13% en el 2022. Las contrataciones sin proceso
fueron constantes en el mismo período, entre el 30 y el 32% de lo contratado a
través de procedimientos de selección, exoneraciones y excepciones, llegando a
alcanzar la cifra de 18 mil 582 millones de soles en el último año de análisis.
Las contrataciones directas se incrementaron sustancialmente el 2020 por efecto
de la emergencia sanitaria pero el gasto en este rubro ha sido alto todos los
años.
El
gobierno nacional, a diferencia de lo que se cree, tiene el 57% de gasto por
contratos con procedimientos especiales y el 75% del gasto en contrataciones
directas, modalidades que permiten minimizar las exigencias de la Ley de
Contrataciones del Estado o dejar de convocar el respectivo proceso de
selección. El principal gasto fue para contrataciones dentro de la LCE que va
entre el 55 al 40% del total, con marcado descenso, en tanto que las
contrataciones sin proceso se mantienen constantes en el 23% y aquellas con
procedimientos especiales se han incrementado oscilando en el 27% del total.
En
los gobiernos regionales entre el 45 y el 57% se ha convocado bajo el imperio
de la LCE, sin proceso 35% y otras modalidades 5%, especialmente las contrataciones
directas. En los gobiernos locales el 48% se ha convocado al amparo de la LCE y
el 37% en promedio sin proceso. El porcentaje de montos involucrados en
procesos especiales se acerca al 57% como consecuencia de las transferencias de
las que se han beneficiado.
Las
contrataciones sin proceso no se regulan por la LCE salvo en materia de
impedimentos. Se hacen efectivas mediante órdenes de compra o de servicios.
Deberían ser la excepción como apunta el informe pero parecen la regla, al
punto que por el volumen de proveedores que acumulan montos adjudicados sin
proceso se podría estar ante presuntos fraccionamientos destinados a evadir la
aplicación de los procesos formales. En el quinquenio sujeto a análisis
contrataron sin proceso 1.7 millones de proveedores, a través de 17.4 millones
de órdenes de compra o de servicio. De ese total, el 11%, es decir, 189 mil 494
proveedores, tuvieron 2 o más encargos con una misma entidad, alcanzado el 49%
del monto total de contrataciones sin proceso, lo que equivale a 71 mil 686
millones de soles. La Contraloría sugiere con acierto incorporar un sistema de
alertas que adviertan oportunamente sobre la posibilidad de algún
fraccionamiento con el objeto de eludir el proceso que corresponda.
Sin
perjuicio de ello, la opinión pública debe estar vigilante para que no se abuse
no sólo del fraccionamiento sino fundamentalmente de los procedimientos
especiales que eluden la acción fiscalizadora y se escapan de los alcances de
la Ley de Contrataciones del Estado, cuya cobertura deberá ampliarse con las
modificaciones que se incorporen en su texto o con la nueva norma que
actualmente está en discusión en el Congreso de la República en atención a la
iniciativa del Poder Ejecutivo.
Por
fortuna en la actualidad se han desarrollado mucho los sistemas de
transparencia y los medios de comunicación se han diversificado para poner de
manifiesto cualquier sospecha de actos ilícitos que busquen eludir convocatorias
y adjudicaciones serias y honestas. El informe de la Contraloría es un esfuerzo
que hay que destacar que pone en el foco del interés público amplia información
que debe analizarse con detenimiento para encontrar nuevas fórmulas y continuar
mejorando los sistemas de control sin asfixiar a los funcionarios pero sin
dejar de perseguir y castigar con todo el peso de la ley a los que la
infrinjan.
Ricardo Gandolfo Cortés
Reasignación de recursos que no se invierten
Hace
unas semanas el ministro de Economía y Finanzas anunció que su despacho
reasignará los recursos que los gobiernos regionales y municipales no inviertan
para que no retornen a la caja fiscal y se utilicen de la mejor manera a través
de las autoridades que tengan un mejor desempeño en la ejecución del gasto. No
es posible que haya comunas cuyo presupuesto está implementado por debajo del
veinte por ciento de la previsión casi al término del tercer trimestre del año.
El
ministro Alex Contreras adelantó que estas operaciones se harán por primera vez
este mes de setiembre pero que no serán arbitrarias. Se harán coordinaciones
previas con los gobiernos regionales para verificar su proyección de gasto y
trasladar partidas allí donde se detecten brechas que puedan ser cerradas a
través de una adecuada articulación de programas con el objeto de contribuir a
mantener la inversión pública y no dejar de usar los fondos destinados a ella.
Con
ese fin el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2024
incluirá una disposición destinada a darle seguimiento a la entrega de
proyectos para medir la efectividad de la inversión pública y la capacidad de
cada autoridad para cerrar las brechas, restringiéndose la generación de nuevos
proyectos si no se han concluido los que están pendientes que serán evaluados
para que puedan retomar un avance acelerado para darle un nuevo impulso al
crecimiento económico.
Según
EC Data a inicios de agosto, con información de Transparencia Económica, a
menos de cinco meses para cerrar el 2023, la inversión del presupuesto para
obras en gobiernos subnacionales alcanza los 11 mil 620 millones de soles
cuando el monto asignado es de 39 mil 522 millones de soles. Esto es, un avance
de sólo 29 por ciento.
Según
Carlos Casas, ex viceministro de Economía, la propuesta es positiva aunque va a
haber poco tiempo para ejecutar el gasto y puede llegarse al final del año sin
que se haya invertido el dinero transferido. De todas formas, destaca que es
una señal importante para aquellos que no implementan las partidas que tienen
asignadas.
En
cualquier caso, evitar que los fondos no gastados regresen al tesoro y se
reorienten hacia aquellos gobiernos que pueden invertirlos es una buena medida
que alentará a aquellos a ejecutar adecuadamente sus presupuestos y a estos
últimos a estar a la expectativa para recibir más dinero del originalmente
asignado gracias a su acertada gestión.
