Una solución interesante para el pago de laudos y para el reconocimiento de créditos

DE LUNES A LUNES

Una muy interesante iniciativa legislativa en ciernes que el doctor Gustavo Beramendi ha compartido conmigo establece un plazo máximo para el pago de obligaciones dinerarias derivadas de laudos arbitrales a cargo de las entidades y reconoce esos créditos como garantía en las contrataciones públicas. Según su propio texto el objeto de la ley es asegurar el cumplimiento oportuno de estas acreencias. Se aplica a las entidades comprendidas tanto en la Ley General de Contrataciones Públicas 32069 como en las normas que la antecedieron, que resulten obligadas al pago de una suma de dinero en virtud de un laudo arbitral emitido según el régimen que ellas estipularon para la solución de controversias.

El proyecto estima que las obligaciones dinerarias comprendidas en un laudo arbitral con cargo a una entidad deben ser pagadas dentro de un plazo máximo de noventa días calendario que se computa desde el día siguiente de haberse notificado, siempre que el mandato sea exigible. Cuando la ejecución del laudo se encuentre suspendida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo 1071, también se suspende el plazo para pagar como no podía ser de otra forma. Se suspende la ejecución cuando se interpone ante la Corte Superior de Justicia un recurso de anulación solo si en adición a ello se consigna una garantía para paralizar el cumplimiento.

Esa garantía, como se sabe, puede ser por un monto equivalente al íntegro del importe que el laudo ordena pagar a la parte que lo impugna, con cargo a entregárselo a la otra parte en la eventualidad de que la articulación no prospere. La medida pone de manifiesto la importancia que le dispensa la ley al laudo y a su necesaria ejecución. De nada sirve ganar reclamaciones, ganar arbitrajes en forma rápida, aunque se haya perdido la celeridad de hace más de veinticinco años –dicho sea de paso–, si es que no se puede cobrar lo que el tribunal ordena.

La iniciativa rescata esa importancia y pretende dotarle de la fuerza coercitiva indispensable para ser cumplida. Por eso confirma que la interposición de un recurso de anulación que no produzca la suspensión de la ejecución del laudo no paraliza ni prorroga el plazo para pagar la obligación. Tampoco paraliza ni prorroga el plazo la falta de disponibilidad presupuestaria. Todo lo contrario, se la obliga a la entidad adoptar, desde la notificación del laudo, las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación dentro del plazo fijado.

Ninguna actuación administrativa, presupuestaria o financiera puede ser utilizada para postergar indefinidamente el cumplimiento de la obligación establecida en el laudo. En particular, no constituyen causas de suspensión o dilación la falta de programación previa, la insuficiencia de la partida presupuestaria inicialmente asignada, la necesidad de efectuar modificaciones presupuestarias, la demora en la emisión de actos administrativos internos o cualquier otra circunstancia derivada de la organización propia de la entidad.

La propuesta incluye la creación de un Fondo de Contingencias para el Pago de Laudos Arbitrales administrado por el ministerio de Economía y Finanzas, destinado a proveer de manera ágil los recursos para que las entidades cumplan con el plazo máximo previsto cuando no cuenten con la disponibilidad suficiente. En esa eventualidad, la entidad debe solicitar al ministerio, dentro de los treinta días calendario desde la notificación del laudo, la asignación de los recursos del señalado Fondo, adjuntando la documentación que acredite su exigibilidad y el monto adeudado. Los recursos transferidos con cargo al Fondo constituyen un adelanto que la entidad debe reponer en no más de tres ejercicios fiscales. De lo contrario, agregamos nosotros, el Fondo en coordinación con el MEF debería deducírselos de las asignaciones presupuestarias futuras.

Dentro de los diez días calendario de notificado el laudo la entidad debe registrar la obligación en los sistemas de información y administración financiera que correspondan indicando, como mínimo, el laudo arbitral que origina la obligación, el acreedor, el monto, la fecha de notificación, la fecha de vencimiento del plazo de noventa días calendario, los pagos efectuados si hubieren y el saldo pendiente.

Vencido el plazo sin que la entidad haya efectuado el pago del íntegro de la obligación incurre en mora respecto del saldo pendiente y debe pagar los intereses que correspondan conforme al laudo, al contrato y a la legislación aplicable. A falta de determinación expresa en el laudo o en el contrato, la tasa de interés moratorio será el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.

Sin perjuicio de lo expuesto, el contratista que sea titular de un crédito dinerario derivado de un laudo arbitral comprendido en esta iniciativa, pendiente de pago por una entidad, puede afectarlo, en forma parcial o total, en garantía del cumplimiento de las obligaciones que asuma en contratos celebrados con la misma entidad o con cualquier otra comprendida en la Ley 32069 o cualquier otra de las normas que la antecedieron, precisión esta última que falta incorporar en el proyecto.

Las opciones de recurrir al Fondo y de aplicar el crédito como garantía de nuevas obligaciones no deberían ser excluyentes entre sí, digo yo, y tampoco deberían estar restringidas a los contratistas que hayan iniciado otras formas de reclamación, de ejecución del laudo o de cobranza judicial o extrajudicial o que hayan obtenido por estas u otras vías pagos parciales de la deuda.

En nuestra opinión, como se trata de un crédito a favor del contratista podría explorarse la posibilidad de que sea utilizado no solo en vía de garantía por los adelantos directos y de materiales que reciba o por el fiel cumplimiento del contrato, sino también para amortizar cualquier obligación que tenga pendiente como el pago de impuestos, tasas y contribuciones diversas, y más puntualmente en el ámbito de las contrataciones públicas para el pago de penalidades, derechos, licencias y otros que puedan imputarse contra esa acreencia.

Para que el crédito pueda ser afectado, basta que se derive de un laudo arbitral, que éste sea ejecutable y la obligación sea exigible, que el crédito se encuentre determinado o sea determinable, que exista saldo pendiente de pago, que no haya sido previamente cedido, afectado o gravado de manera incompatible con la nueva garantía y que la afectación pueda ser publicitada conforme al régimen de garantía mobiliaria vigente.

Para que el crédito pueda ser utilizado no se requiere que haya vencido el plazo de pago siempre que se trate de uno derivado de un laudo y no exista suspensión alguna. El proyecto, en línea con lo expuesto, plantea modificar el numeral 61.2 de la Ley General de Contrataciones Públicas para que la afectación en garantía de créditos dinerarios exigibles derivados de laudos arbitrales a cargo de las entidades y a favor del contratista se reconozcan como garantía contractual.

Acto seguido acota que la garantía constituida sobre el crédito se rige, en cuanto a su constitución, publicidad, prelación, modificación ejecución y extinción, por el Decreto Legislativo 1400 que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria y sus normas reglamentarias, destacando que la constitución y publicidad se efectúa mediante el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), cuando corresponda, y advirtiendo que no se requiere de un registro especial distinto al previsto en el régimen de garantía mobiliaria.

Una vez constituida y publicada la garantía la entidad que adeuda el crédito derivado del laudo debe ser notificada de la afectación conforme al procedimiento establecido en el régimen de garantía mobiliaria, identificando al acreedor del crédito, al acreedor garantizado, el contrato garantizado, el monto máximo garantizado y el crédito afectado. Notificada la afectación, la entidad deudora del crédito queda obligada, en caso de ejecución de la garantía, a efectuar el pago directamente a favor de la entidad acreedora garantizada, hasta por el monto válidamente afectado, con los mismos efectos liberatorios como si hubiera pagado al contratista.

En caso de incumplimiento del contrato garantizado que determine la ejecución de la garantía, la entidad beneficiaria ejerce sus derechos como acreedor garantizado incluyendo la facultad de exigir el pago directo. La ejecución de la garantía recae exclusivamente sobre el monto del crédito que hubiera sido válidamente afectado. El pago efectuado como consecuencia de la ejecución de la garantía se imputa al crédito derivado del laudo hasta por el monto efectivamente pagado.

Si con posterioridad a la ejecución de la garantía el laudo que dio origen al crédito es anulado por resolución judicial firme, la entidad que recibió el pago no está obligada a restituirlo a la entidad deudora original la que tiene el derecho de repetir contra el contratista por el respectivo monto, sin perjuicio de su responsabilidad civil o penal si la afectación se hubiera efectuado de mala fe o con conocimiento de una causal de anulación manifiesta.

Cumplidas íntegramente las obligaciones la garantía constituida sobre el crédito se cancela conforme al régimen de garantía mobiliaria, dejando libe el saldo del crédito que permanezca pendiente de pago. Un mismo crédito, por lo demás, puede ser afectado para garantizar más de una obligación contractual, siempre que el conjunto de las afectaciones no exceda el monto disponible del crédito y se respete la prelación derivada de su publicidad.

El documento estipula que las entidades publican mensualmente, en sus portales institucionales, información actualizada sobre los laudos arbitrales que contengan obligaciones dinerarias pendientes de pago que comprenda la identificación del laudo, del acreedor, del monto reconocido, del saldo pendiente, de la fecha de notificación, de la fecha límite de pago, de los pagos efectuados y de los días de retraso si hubieren.

Un artículo final advierte que el incumplimiento injustificado de las obligaciones establecidas genera responsabilidad administrativa y funcional de los servidores que teniendo competencia para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del pago, omitan hacerlo.

Entre las disposiciones complementarias destaca una que faculta a aplicar la Ley a los laudos arbitrales que a su entrada en vigencia hayan sido notificados a la entidad, sean ejecutables y mantengan una obligación dineraria pendiente. Para esos laudos el cómputo del plazo máximo de pago se fijará en función de la antigüedad de la notificación respecto a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. Los laudos notificados dentro de los dos años anteriores, deben pagarse dentro de los noventa días calendario; los notificados entre los dos y cinco años anteriores, deben pagarse dentro de los ciento ochenta días calendario; y los notificados con más de cinco años de antigüedad, deben pagarse dentro de los trescientos sesenta días calendario, debiendo la entidad priorizar su atención con cargo al Fondo.

El MEF establecerá, dentro del proceso presupuestario, una previsión específica para la atención progresiva de estos laudos priorizando a los más antiguos. La iniciativa subraya que se efectúa dentro el marco de las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público y no autoriza la ejecución de gasto fuera de los créditos presupuestarios legalmente habilitados, sin perjuicio de los recursos que se canalicen a través del Fondo. Las entidades, a su turno, adoptan oportunamente las medidas de programación, modificación y habilitación presupuestaria para cumplir con las obligaciones comprendidas en esta Ley, cuyo proyecto deberá someterse a la opinión previa del ministerio de Economía y Finanzas.

La iniciativa que promueve el doctor Beramendi tiene la virtud de encontrar una solución para el pago oportuno de las obligaciones derivadas de los laudos y en paralelo para utilizar el crédito que se genere en la atención de otros compromisos de los contratistas con las entidades y eventualmente, según nuestra propuesta, con otras reparticiones de la administración pública.

Ricardo Gandolfo Cortés

Más cambios en el OECE

 PROPUESTA saluda esta vez las designaciones de Héctor Inga Huamán, como Director Técnico Normativo del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes y de Patricia Seminario Zavala como Directora del Registro Nacional de Proveedores.

Se trata de otros dos funcionarios destacados con amplia experiencia en la institución.

Nuestros mejores deseos para el éxito de sus gestiones que se suman a otros nombramientos que contribuirán sin duda a fortalecer al OECE.

Resarcimiento por incumplimiento en el inicio de la obra y en la constitución del fideicomiso

DE LUNES A LUNES

Mediante la Opinión 090-2026-OECE/DTN la Dirección Técnica Normativa del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, a cargo del experimentado doctor Héctor Marín Inga Huamán –cuya designación PROPUESTA saluda–, absuelve las consultas formuladas por la Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora de Inversión del ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sobre el resarcimiento ante el incumplimiento simultáneo en los plazos de inicio de obra y de constitución del fideicomiso en contratos de diseño y construcción.

El numeral 176.5 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo 009-2025-EF, estipula que en un plazo máximo de veinte días computados desde el día siguiente de la aprobación del expediente técnico, se inicia la ejecución de la obra para cuyo efecto la entidad notifica al contratista, cumple con la entrega total o parcial del terreno y cumple también con identificar al supervisor y con la entrega del adelanto directo cuando éste se garantice mediante fideicomiso.

De otro lado, el artículo 176.6 faculta a las partes a acordar el adelanto de la ejecución de algunas partidas de obra iniciales mientras se aprueba el expediente técnico, incluyendo obras provisionales y demolición de una edificación o infraestructura existente. En tal eventualidad, bastará la aprobación parcial del expediente técnico.

El numeral 176.7, a su turno, también faculta a las partes a diferir la fecha de inicio de las obras cuando la estacionalidad climática lo impida, cuando se detecten errores u omisiones en el expediente técnico que deban corregirse antes de empezar los trabajos o en el caso de que la entidad, por razones que no le sean imputables, no se encuentre en condiciones de cumplir con los requisitos de identificar al supervisor o de tener suscrito el contrato tripartito para la conformación de la junta de prevención y resolución de disputas. Si se difiere el inicio por este impedimento, siempre que no se haya entregado el adelanto directo, se suspende este trámite hasta quince días antes de la nueva fecha proyectada para empezar.

Previamente, el artículo 176.4 dispone que si la entidad, en un plazo máximo de diez días de requerida, no cumple con los requisitos para iniciar la ejecución o con lo establecido en el ya citado numeral 176.5, el contratista puede solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios debidamente acreditados hasta por el 0.05 por ciento del monto del contrato por día de atraso hasta el límite del 3 por ciento.

Igualmente puede optar por solicitar la resolución el contrato, procedimiento que no es aplicable cuando la entidad informa al contratista dentro del plazo para el inicio, la necesidad de diferirlo conforme al numeral 176.7. En el caso de ejecución rápida o fast track, la obra se inicia al notificar al contratista la aprobación de los entregables parciales del expediente técnico y realizar la entrega total o parcial del terreno, si es que se cumplen con los requisitos de identificar al supervisor y entregar el adelanto, precisándose que el adelanto directo y el adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario se otorga en forma progresiva y según los porcentajes definidos en las bases, considerando el presupuesto de cada entregable parcial del expediente técnico.

Según el numeral 184.2 del mismo Reglamento, una vez solicitado el adelanto, la entidad tiene un plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente de recibido el pedido para culminar los trámites para la constitución del fideicomiso. Si la entidad no cumple con el plazo indicado, el contratista tiene derecho al resarcimiento contemplado en el numeral 176.4.

El artículo 184.1 preceptúa que el fideicomiso puede ser empleado para garantizar los adelantos directos de obra cuando el monto contractual sea mayor de cinco millones de soles, haciendo hincapié que no procede el fideicomiso para el componente de diseño. La razón por la que solo se admite para la ejecución de la obra es porque su finalidad es garantizar que los adelantos estén destinados a un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria que paga directamente a operarios, proveedores de insumos y subcontratistas a medida que avanza la construcción.

La elaboración de un diseño o de un expediente técnico es un servicio de consultoría esencialmente intelectual que no involucra el despliegue de ninguna logística compleja ni la compra masiva de materiales o el concurso de múltiples proveedores o subcontratistas que justifiquen constituir un fideicomiso. Ello, no obstante, siempre es mejor para el contratista que la entidad asegure el destino de los fondos y que no tenga él mismo que obtener una fianza, cada vez más más difícil y onerosa, al punto que las instituciones financieras exigen a menudo tener en depósito la misma cantidad por la que se solicita la garantía, con lo cual se torna absurdo el pedido. Si hay que tener congelada la misma suma por la que se pide la fianza, es preferible que el mismo contratista se garantice y no tenga que pedir que un tercero lo haga. Pero ese es otro tema.

Con los antecedentes normativos ya citados el ministerio de Comercio Exterior y Turismo consulta, en primer término, por lo que sucede si la entidad incumple simultáneamente ambos plazos, el previsto en el numeral 176.5 para iniciar las obras y el previsto en el numeral 184.2 para constituir el fideicomiso en un contrato de diseño y construcción. Pregunta si cada incumplimiento genera de manera independiente el derecho al resarcimiento señalado en el artículo 176.4 o si corresponde aplicar uno solo.

La Dirección Técnico Normativa reitera que tanto el incumplimiento de los requisitos para iniciar el plazo de ejecución como la demora en la constitución del fideicomiso “remiten expresamente a la posibilidad –por parte del contratista– de solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados.” La redacción no da por descontado que el contratista tenga el derecho a los daños y perjuicios. Ratifica lo que el Reglamento inequívocamente también entiende como posibilidad al consignar que si la entidad no cumple “el contratista puede solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados”, repitiendo en este extremo lo obvio: los daños y perjuicios deben estar acreditados, naturalmente bien acreditados. No hay necesidad de agregar que deben estar debidamente acreditados. Ese detalle, sin embargo, es lo de menos.

Lo importante es que el contratista puede solicitar el resarcimiento. No que tenga ese derecho. Según algunos es porque si no solicita el resarcimiento puede optar por la resolución del contrato. O porque puede no tener esa facultad si ha acordado adelantar o diferir el inicio de la ejecución. Nada justifica empero una redacción tan ambigua. Precisar que tiene el derecho al resarcimiento no impide optar por las otras alternativas. Este es un problema que el Reglamento deberá aclarar en su momento.

El OECE agrega que “dado que el resarcimiento tiene por objeto reparar el perjuicio que pudiera generarse por la demora […] se desprende que la normativa no prevé una acumulación de resarcimientos autónomos cuando se cumplan las condiciones para solicitarlos”, para luego añadir que “en caso de incumplimiento simultáneo de los plazos previstos en los numerales 176.5 y 184.2 del Reglamento, corresponde […] la aplicación de un único monto por concepto de resarcimiento bajo las reglas del numeral 176.4 […], toda vez que ambos supuestos se subsumen en el mismo régimen resarcitorio.”

Mi opinión es que si la entidad, por ejemplo, no entrega el terreno dentro de los veinte días de aprobado el expediente técnico, incurre en la causal de incumplimiento que se penaliza con el resarcimiento previsto. Si en adición a ello, no constituye el fideicomiso dentro de los veinte días de haber recibido el pedido para hacerlo, incurre en otro incumplimiento que se penaliza con el mismo resarcimiento. Que se apliquen a ambos casos la misma sanción no impide que se sumen siempre que el monto final a resarcirse no supere el límite previsto.

En segundo término, el MINCETUR consulta si para la configuración del resarcimiento previsto por la demora en la constitución del fideicomiso de adelantos de obra, el contratista debe previamente requerir a la entidad otorgándole un plazo máximo de diez días conforme a lo previsto en el numeral 176.4 previsto para otro tipo de resarcimiento.

La DTN estima que al remitir el incumplimiento al régimen resarcitorio previsto para la demora en el inicio del plazo de ejecución y al considerar este régimen un requerimiento previo a la entidad, éste se convierte en un presupuesto indispensable para proceder al resarcimiento.

Bajo una interpretación sistemática de la normativa y toda vez que el objetivo final de ambas disposiciones es establecer un resarcimiento por el perjuicio que pudiera generarse por la demora, se advierte que la remisión efectuada es de carácter integral al régimen y no está circunscrita a la multa por cada día de atraso, razón por la que para la configuración del derecho deben concurrir el presupuesto sustancial que es el vencimiento del plazo de veinte días y el presupuesto del procedimiento que es el requisito previo de diez días calendario para subsanar el incumplimiento, que se adicionan al primer plazo.

Ricardo Gandolfo Cortés

Nuevos vientos en el OECE

Con la designación de Kitty Trinidad Guerrero como nueva integrante del Consejo Directivo del OECE, formalizada el último sábado, se abre la posibilidad para que este organismo, presidido desde comienzos de mes por Karla Gaviño Masías, adopte las medidas indispensables para reorientar sus fines. La nueva administración muy rápidamente ya había emitido señales inequívocas respecto de sus objetivos que ahora podrá concretar, como el nombramiento de Jackson Gallardo como nuevo director del REGAJU. PROPUESTA saluda y le desea éxitos al OECE, a su presidenta y a su equipo.

La incidencia de la ampliación de plazo en el cronograma de ejecución de obra

DE LUNES A LUNES

Si el hecho que genera una ampliación de plazo en una obra pública se inicia bajo el imperio de un cronograma y concluye con otro, ¿la solicitud se examina bajo los términos del primer cronograma o bajo los términos del último cronograma, considerando además que pudo haber otros cronogramas intermedios?

Como regla general, la ampliación de plazo debe evaluarse con relación al cronograma vigente durante el período en que el hecho generador produjo la afectación efectiva de la ruta crítica y no únicamente con el primer cronograma ni necesariamente con el último. Cuando el hecho generador atraviesa varios cronogramas aprobados, el análisis debe ser integral. La ruta crítica es el período clave del proyecto que, si se afecta por cualquier circunstancia, acarrea el atraso de toda la obra y obliga a aprobar una ampliación de plazo.

En el régimen peruano de contratación pública el objeto de la ampliación de plazo es restablecer el plazo contractual afectado por una causa no imputable al contratista. El elemento central no es el cronograma en sí mismo, sino la incidencia real del evento sobre la ejecución de la obra y sobre la ruta crítica vigente en cada momento.

El cronograma no es un elemento estático. En una obra pueden aprobarse diversos cronogramas: el cronograma contractual inicial, los cronogramas actualizados por ampliaciones anteriores, los cronogramas reformulados por suspensiones y los cronogramas acelerados o reprogramados. Cada uno sustituye al anterior para efectos de la programación futura de la obra. Por ello, si un hecho generador comienza durante la vigencia de un primer cronograma, continúa durante la vigencia de un segundo cronograma y culmina durante la vigencia de un tercer cronograma, sería incorrecto limitar el análisis exclusivamente al primer cronograma, pues ello ignoraría la programación que pasó a regir válidamente durante la ejecución del mismo evento.

Lo relevante es identificar cuándo existió la afectación de la ruta crítica. Por tanto, la pregunta no debe apuntar a develar con qué cronograma se resuelve la solicitud de ampliación de plazo sino qué cronograma o qué cronogramas estuvieron vigentes cuando el hecho que generó la ampliación de plazo afectó la ruta crítica.

Supóngase que la entidad demora la aprobación de los planos de una estructura. Mientras la actividad afectada conserva holgura dentro de la programación original, el retraso no repercute sobre la ruta crítica. Posteriormente se aprueba un nuevo cronograma y, como consecuencia de la reprogramación de los trabajos, esa misma actividad pasa a integrar la ruta crítica. A partir de ese momento la demora comienza a generar un atraso efectivo en la culminación de la obra. En este supuesto, aunque el hecho generador se inició durante la vigencia del primer cronograma, la afectación jurídicamente relevante aparece recién bajo el imperio del segundo cronograma.

Del mismo modo puede suceder exactamente lo contrario. Que el evento afecte la ruta crítica desde el primer cronograma y, más bien, deje de hacerlo después de una reprogramación. En tal caso, la incidencia posterior podría desaparecer o reducirse. En una paralización ocasionada por la falta de entrega de un frente de trabajo. Durante quince días esa circunstancia afecta directamente la ruta crítica. Sin embargo, con posterioridad se aprueba un nuevo cronograma que incorpora frentes adicionales y permite ejecutar simultáneamente otras partidas, absorbiendo completamente el retraso inicial. En ese caso, la ampliación de plazo solo debería comprender el período durante el cual existió una afectación efectiva de la ruta crítica, sin extenderse automáticamente al resto del tiempo durante el cual subsistió el hecho generador.

Si existen varios cronogramas, el análisis debe ser continuo. Desde un punto de vista técnico, debería reconstruirse la evolución de la programación considerando el cronograma vigente al iniciarse el evento, las modificaciones posteriores, el traslado de actividades, los cambios en la ruta crítica y la fecha de desaparición del impedimento o la fecha en la que éste concluye. Puede incluso ocurrir que un mismo evento atraviese tres cronogramas sucesivos. Así, una interferencia originada por la falta de liberación de terrenos puede iniciarse bajo el primer cronograma, continuar durante la vigencia del segundo cronograma y concluir recién cuando esté en vigor el tercer cronograma. Durante el primer cronograma la actividad afectada puede no formar parte de la ruta crítica; durante el segundo puede convertirse en crítica debido a la reprogramación de otras partidas; y durante el tercero puede dejar nuevamente de ser crítica gracias a la incorporación de recursos adicionales. En semejante escenario resultaría técnicamente incorrecto escoger únicamente uno de los cronogramas, pues la incidencia del mismo hecho varía conforme evoluciona la programación de la obra.

En tal hipótesis, la administración y el tribunal arbitral, si el reclamo escaló hasta esa instancia, deberían analizar cómo evolucionó la programación, si la causa continuó afectando la ruta crítica y durante qué período produjo un atraso efectivo. No existe fundamento técnico para escoger arbitrariamente el primer o el último cronograma. La finalidad de la ampliación impide utilizar únicamente el último cronograma. Tampoco sería correcto sostener que siempre debe utilizarse el cronograma vigente al finalizar el evento. Ello podría generar resultados artificiales.

Piénsese, por ejemplo, en una obra cuya ruta crítica permanece paralizada durante sesenta días porque la entidad no entrega oportunamente un terreno indispensable para ejecutar una estructura principal. Durante ese período el contratista no puede desarrollar la actividad crítica y el plazo contractual se retrasa efectivamente. Con posterioridad se aprueba un cronograma actualizado que redistribuye recursos, incorpora nuevos frentes de trabajo y logra recuperar veinte días del atraso mediante la ejecución simultánea de otras partidas. Si el análisis se efectuara únicamente con el último cronograma, podría concluirse equivocadamente que la afectación fue de solo cuarenta días, cuando en realidad durante dos meses la obra estuvo objetivamente impedida de avanzar por una causa no imputable al contratista. El análisis integral permite identificar el verdadero impacto que tuvo el hecho generador sobre el plazo contractual.

Si durante tres meses el evento paralizó completamente la ruta crítica y posteriormente se aprobó un cronograma actualizado que absorbió parcialmente dicho retraso, no es posible utilizar para resolver la ampliación de plazo solicitada solo el último cronograma porque podría perderse parte de la afectación realmente sufrida.

Aunque cada caso depende de sus circunstancias y no existe una regla legal expresa que responda literalmente a la hipótesis planteada, la práctica arbitral peruana ha tendido a privilegiar los principios de la realidad de la ejecución de la obra, de la incidencia efectiva sobre la ruta crítica, de la causalidad entre el evento y el atraso y de la programación vigente durante cada período de ejecución.

En otras palabras, el cronograma constituye un medio probatorio y de planificación, pero no el objeto mismo de la controversia. Cuando un hecho que genera una ampliación de plazo se desarrolla a través de varios cronogramas sucesivos válidamente aprobados, la solicitud no debe resolverse exclusivamente con el primer cronograma ni únicamente con el último. Debe efectuarse un análisis dinámico utilizando el cronograma vigente en cada etapa del evento, determinando cómo evolucionó la ruta crítica y durante qué períodos el mismo hecho produjo una afectación efectiva del plazo contractual. Solo si el evento produjo toda su incidencia antes de aprobarse el nuevo cronograma tendría sentido que el análisis descansara íntegramente en el primero.

Esta cuestión tiene además una derivación muy interesante: si un cronograma posterior convalida o absorbe retrasos anteriores, surge el debate sobre si el contratista conserva el derecho a reclamar la ampliación por el período previo o si la aprobación del nuevo cronograma implica una renuncia o novación de la programación anterior.

Para evitar una mayor paralización de la obra, el contratista acepta un cronograma actualizado elaborado por la entidad y continúa ejecutando los trabajos conforme a esa nueva programación. Meses después presenta una solicitud de ampliación de plazo por el retraso que originó la reprogramación. La entidad sostiene que, al haber aceptado el nuevo cronograma, el contratista renunció implícitamente a cualquier reclamación anterior. Sin embargo, esa conclusión no resulta necesariamente correcta. El cronograma actualizado organiza la ejecución futura de la obra, pero no constituye, por sí mismo, una transacción, una novación ni una renuncia automática a los derechos derivados del hecho que motivó la reprogramación. La simple aprobación de un cronograma actualizado no extingue por sí misma el derecho a la ampliación, salvo que exista una manifestación expresa e inequívoca de aceptación de la reprogramación con efectos de renuncia, pues el cronograma es un instrumento de ejecución y no un mecanismo automático de extinción de derechos.

Un ejemplo permite apreciar mejor esta conclusión. Si la entidad aprueba una reprogramación para superar una interferencia temporal y ambas partes continúan con la ejecución de la obra, ello no significa que el contratista haya desistido de la ampliación de plazo derivada de esa interferencia. Colegir lo contrario supondría convertir un instrumento de planificación en un mecanismo de renuncia tácita de derechos, deducción que no encuentra respaldo ni en la finalidad de los cronogramas de obra ni en los principios que gobiernan la contratación pública.

En definitiva, la solución no consiste en elegir entre el primer o el último cronograma, sino en reconstruir la evolución de la programación de la obra para determinar cuándo el hecho generador incidió efectivamente sobre la ruta crítica. El cronograma aplicable será, en cada etapa, el que se encontraba vigente cuando esa afectación se produjo. Solo un análisis dinámico de la programación permite restituir con precisión el plazo contractual realmente afectado y preservar el equilibrio económico del contrato.

Ricardo Gandolfo Cortés

Cuando importamos modelos y no utilizamos lo que tenemos

A PROPÓSITO DE LOS CONVENIOS GOBIERNO A GOBIERNO

DE LUNES A LUNES

Hace unos días se difundió un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reportaba que treinta y dos proyectos de infraestructura contratados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno registraron fuertes incrementos en sus costos y extensos retrasos en su ejecución. Todos ellos estaban destinados a la reposición y prevención de daños ocasionados por el Fenómeno El Niño Costero que al 31 de diciembre del 2025 no alcanzaron los niveles de economía y eficacia previstos en los contratos NEC que se suscribieron para esos efectos en los últimos cinco años. Terminaron demandando una inversión de 2,020 millones de soles pese a que el monto inicial ascendía a 843 millones de soles.

La historia es conocida. Durante los últimos años, los contratos Gobierno a Gobierno fueron presentados en el Perú como la gran solución frente a los problemas históricos de la contratación pública. La explicación parecía sencilla. El Estado peruano no podía ejecutar grandes proyectos porque su sistema de contratación era lento, burocrático y plagado de controversias. A fuerza de repetir la sentencia, ella adquirió una verosimilitud que en realidad no tenía. La respuesta a esa narrativa perversa, entonces, consistió en acudir a gobiernos extranjeros con alguna supuesta experiencia internacional, incorporar oficinas de gestión de proyectos (PMO), utilizar contratos modernos como los NEC y replicar modelos que habían demostrado o quisieron hacer creer que habían demostrado resultados exitosos en otros países. La promesa fue ambiciosa. Se ofrecían obras más rápidas, mejor administradas, con menores riesgos de corrupción y con una gestión más profesional.

Al final se comprobó que solo aquí se mantenían estos modelos casi colonialistas que llegaron al extremo de marginar por completo a las empresas y a los profesionales peruanos de todo proyecto medianamente importante, ignorando que prácticamente toda la infraestructura nacional había sido diseñada, construida y supervisada por los peruanos. En algunas iniciativas se convocaba a profesionales y firmas nacionales para que se desempeñen como subcontratistas de tercera línea o para que se enrolen como parte del personal de tropa de las compañías foráneas, con remuneraciones por cierto que muy por debajo de las que cobraban ellas mismas por sus propios profesionales.

Los resultados conocidos recientemente obligaron a revisar seriamente esa narrativa de que lo de fuera era mucho mejor. El informe de la Contraloría sobre nada menos que treinta y dos obras ejecutadas bajo esquemas de Gobierno a Gobierno, como queda dicho, revela incrementos significativos y alarmantes de costos y plazos. Obras que fueron presentadas como una alternativa superior terminaron enfrentando uno de los problemas más recurrentes de la infraestructura pública peruana pero de la peor manera posible. Los proyectos costaron mucho más y demoraron mucho más de lo que hubieran costado y demorado con las normas nacionales. La conclusión que surge es inevitable. Los contratos Gobierno a Gobierno no cumplieron la promesa con la que fueron introducidos.

El principal problema del modelo G2G fue partir de un diagnóstico incompleto. Se asumió que la supuesta deficiencia de la contratación pública peruana era principalmente un problema de reglas. Por ello, se buscó reemplazar las normas nacionales por normas internacionales. Pero la experiencia se encargó de poner en evidencia que el problema nunca fue ese. El verdadero problema estuvo —y continúa estando— en la capacidad del Estado para planificar adecuadamente sus inversiones, para elaborar estudios técnicos confiables con presupuestos adecuados, para definir correctamente sus necesidades, para administrar riesgos, para tomar decisiones oportunas y para gestionar contratos complejos.

Un contrato puede ordenar la relación entre las partes, distribuir riesgos y establecer mecanismos de solución de controversias. Pero no puede corregir un proyecto mal diseñado por causas diversas, un expediente insuficiente por falta de recursos o una decisión pública equivocada. Se cambió el instrumento, pero no se transformó la organización que debía utilizarlo ni se habilitaron partidas para alcanzar mejores resultados. El Perú importó una metodología sofisticada, pero mantuvo las mismas debilidades institucionales.

Una de las principales justificaciones de los G2G fue la utilización de contratos NEC (New Engineering Contract), especialmente en proyectos considerados estratégicos. Los contratos NEC tienen virtudes reconocidas. Promueven una gestión colaborativa, incentivan la comunicación temprana entre las partes y buscan administrar los riesgos antes de que se conviertan en controversias. Pero existe una diferencia fundamental entre administrar riesgos y eliminar riesgos. Los contratos NEC no hacen desaparecer la falta de estudios completos, las modificaciones de diseño, las deficiencias de planificación, las decisiones tardías, las interferencias no previstas ni la falta de coordinación institucional. Tampoco pueden ignorar que, por más buen diseño que haya, las obras a menudo reclaman ajustes que solo se advierten en el momento de la construcción y que son indispensables para adaptar el proyecto a la realidad. Y los operadores deben estar en condiciones de adaptarse a esas modificaciones.

Pretender que un contrato moderno adivine situaciones que solo se presentan durante la ejecución de los proyectos o que evite los problemas de una mala gestión es imposible. La herramienta puede ser mejor. Pero el resultado dependerá de quién la utiliza y de la configuración de los terrenos sobre los que se construye.

Otro aspecto que merece reflexión es que los G2G generaron una estructura paralela de gestión. El Estado peruano contrató gobiernos extranjeros, PMO, consultores internacionales y equipos especializados para suplir sus presuntas limitaciones que solo los interesados se preocuparon de imaginar. El problema es que esta solución puede producir un efecto contradictorio. En lugar de fortalecer las capacidades permanentes del Estado, se crea una dependencia de estructuras temporales al margen de los procedimientos habituales. Se construyen eficiencias, con frecuencia imaginarias, alrededor de determinados proyectos, pero cuando estos terminan, las instituciones nacionales no necesariamente quedan fortalecidas. Deben volver a sus procedimientos habituales que no por ser habituales son necesariamente deficientes.

Las supuestas eficiencias se levantan alrededor de disposiciones que no se observan y de controles que no se efectúan. Pese a todas esas facilidades que no tienen los funcionarios que deben cumplir las normas de la Contraloría General de la República y los procedimientos previstos en la Ley General de Contrataciones Públicas, los modelos G2G han repetido e incrementado las deficiencias que iban a subsanar. Con todo a su favor no marcaron la diferencia, agravaron los problemas de siempre.

Después de cada G2G el Estado peruano no queda lamentablemente mejor preparado para ejecutar sus siguientes proyectos. Tiene que volver a buscar otro mecanismo excepcional que lo libere de sus obligaciones normativas. No hay ninguna reforma institucional. Lo que hay es una externalización temporal de capacidades que se sustenta en la práctica de eludir controles y no aplicar normas elementales.

Los G2G también introdujeron una complejidad adicional que es la multiplicidad de actores involucrados. En un esquema tradicional, la relación contractual puede ser más directa entre la entidad pública y el contratista. En un G2G participan la entidad peruana, el gobierno extranjero, la PMO, los consultores especializados, los contratistas principales y los subcontratistas.

Esta estructura multimodal puede aportar un mayor conocimiento, aunque eso también es discutible, pero también puede dificultar la identificación de responsabilidades cuando aparecen problemas. Cuando una obra aumenta significativamente su costo o plazo, aparecen las preguntas de siempre. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién tenía la información? ¿Quién asumió el riesgo? ¿Quién responde frente al Estado? Un sistema moderno no debe limitarse a buscar eficiencia. También debe garantizar trazabilidad y responsabilidad.

Los contratos Gobierno a Gobierno nacieron como una herramienta solo para situaciones específicas. El problema aparece cuando una excepción empieza a convertirse en la regla y se convierte en la respuesta habitual. Ello revela una realidad preocupante. El Estado peruano parece haber aceptado el cuento de que no puede ejecutar grandes proyectos con sus propias capacidades. En vez de reformar profundamente sus instituciones, ha buscado soluciones externas. Primero se pensó que el problema estaba en la ley. Luego, que estaba en los procedimientos. Después, que la solución eran los contratos internacionales. Finalmente, que la respuesta eran los acuerdos Gobierno a Gobierno. De mal en peor. Los problemas esenciales permanecen. Las obras siguen enfrentando dificultades porque la causa principal no está solamente en las reglas de contratación. Está en la ausencia de una administración pública especializada en proyectos complejos, segura de sí misma.

El aprendizaje que dejan los G2G, que ahora se han limitado para objetos contractuales de alta complejidad en los que no haya oferta en el mercado nacional, debería ser precisamente ese. El Perú no necesita seguir buscando el contrato perfecto. Menos aún buscarlo afuera. Necesita construir un Estado capaz de administrar cualquier contrato. Eso implica profesionalizar la gestión de inversiones, fortalecer las unidades ejecutoras, mejorar la etapa de planificación, formar especialistas en administración contractual, empoderarlos, crear una carrera pública basada en capacidades técnicas, proteger al funcionario que decide correctamente y sancionar al que actúa con negligencia. La corrupción no se combate eliminando toda flexibilidad contractual. La ineficiencia tampoco desaparece importando contratos extranjeros. La solución pasa por construir instituciones capaces.

Los contratos Gobierno a Gobierno representaron una ilusión atractiva. La idea de que los problemas históricos de la infraestructura peruana podían resolverse incorporando una metodología extranjera se reveló falsa. La evidencia demuestra que esa expectativa era excesiva. Los G2G pudieron ser útiles como herramientas excepcionales, aunque subsistan incluso fundadas dudas al respecto. No pueden reemplazar la capacidad permanente del Estado. El Perú no fracasó porque no tuvo el contrato adecuado. Fracasó porque creyó que un contrato podía hacer aquello que solo puede lograr una institución: planificar, decidir y ejecutar correctamente. La verdadera reforma pendiente no está en seguir importando modelos. Está en construir un Estado que adquiera y consolide la capacidad de utilizar lo que tiene.

Ricardo Gandolfo Cortés

La noche de las narices frías

DE LUNES A LUNES

El 30 de mayo el OECE difundió el Comunicado 006-2026 en respuesta a un pronunciamiento suscrito por diversas instituciones que expresaron su preocupación respecto de una presunta iniciativa oficial para excluir a las asociaciones sin fines de lucro de la prestación de servicios de arbitraje y de administración de juntas de prevención y resolución de disputas.

En esa ocasión la autoridad en materia de contrataciones públicas negó la existencia de algún proyecto normativo que sustente esas afirmaciones, reafirmando además que el debate público sobre estos asuntos debe desarrollarse sobre la base de información objetiva, verificable y sustentada técnicamente, contribuyendo así al fortalecimiento institucional y a la confianza de los actores que participan en el sistema.

El documento advierte, sin embargo, que el arbitraje y la administración de las juntas de prevención y resolución de disputas “constituyen servicios especializados que demandan organización institucional, capacidad operativa, infraestructura, recursos tecnológicos y profesionales calificados, aspectos que deben desarrollarse dentro del marco legal vigente y con pleno respeto de las obligaciones aplicables a las entidades que participan en estas actividades.”

Según el OECE el Estado tiene el deber de promover condiciones que garanticen transparencia, igualdad de trato, competencia leal y adecuada supervisión de todos los operadores que intervienen en el sistema, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias correspondientes. En esa línea según el comunicado, resulta legítimo que se evalúen permanentemente mecanismos destinados a fortalecer la formalidad, la transparencia y la adecuada supervisión de los servicios vinculados a la contratación pública.

Acto seguido, anuncia que de existir alguna propuesta normativa será tramitada conforme a los procedimientos establecidos y puesta en conocimiento de la ciudadanía a través de los canales oficiales, permitiendo la participación de instituciones, especialistas, usuarios y demás interesados mediante comentarios y observaciones. Al mismo tiempo recuerda que ninguna iniciativa produce efectos jurídicos mientras no haya sido aprobada y publicada conforme a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico para concluir informando que con el propósito de contribuir a la transparencia y a la adecuada formación del debate solicitará a las instituciones firmantes que precisen la fuente o sustento documental que habría dado origen a la información difundida.

El jueves 16 de julio las Cámaras de Comercio del Perú emitieron un nuevo pronunciamiento institucional expresando su firme rechazo a la intención del OECE de aprobar en la sesión convocada para el viernes 17, varias normas que se difundieron previamente por un breve período para recabar la opinión del público en general, entre ellas el proyecto de Directiva 004-2025-OECE/CD sobre Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU), el proyecto de Directiva 011-2025-OECE/CD sobre supervisión de instituciones y centros, el proyecto de Lineamiento 001-2025-OECE/CD para la elaboración del Reglamento Interno de instituciones y centros y el proyecto de Directiva 012-2025-OECE/CD sobre procedimiento administrativo sancionador.

La oposición se sustenta en la inclusión de exigencias que comprometen la continuidad operativa, la sostenibilidad y la autonomía de instituciones y centros, incorporando requisitos desproporcionados que podrían restringir la participación de instituciones gremiales sin fines de lucro, favorecer la concentración del mercado y debilitar el proceso de descentralización de los mecanismos de solución de controversias.

El mismo viernes 17 de julio en horas de la tarde el Organismo Supervisor difundió el Comunicado 007-2026-OECE/CD dando cuenta de la aprobación de las directivas de Acreditación, Supervisión y Sanción de instituciones arbitrales incorporando criterios técnicos y mecanismos orientados a garantizar mayores estándares de transparencia, idoneidad y control y estableciendo requisitos que promuevan la modernización de estas instituciones, impulsando el uso de plataformas virtuales que permitan asegurar la trazabilidad de la información durante todo el desarrollo de los procesos.

Estas herramientas, según el OECE, facilitarán un acceso más oportuno y eficiente a los expedientes por parte de los usuarios, fortalecerán la conservación y el seguimiento de la información y permitirán una fiscalización más efectiva de los servicios que prestan las instituciones arbitrales. Del mismo modo, las directivas incorporan disposiciones que identifican los supuestos de infracción y las sanciones aplicables frente a incumplimientos, irregularidades o actos de corrupción que puedan ser detectados durante la prestación del servicio arbitral, estableciendo un marco de responsabilidad que anteriormente no se encontraba regulado de manera expresa, fortaleciendo la confianza de los usuarios y preservando la credibilidad en el arbitraje como mecanismo de solución de controversias en las contrataciones públicas.

El nuevo comunicado termina precisando que las directivas no contienen ninguna disposición que restrinja la participación de los centros de arbitraje constituidos sin fines de lucro, garantizando un marco inclusivo, objetivo y equitativo para todas las instituciones que cumplan con los requisitos establecidos y deseen obtener su acreditación.

Pasada la noche de las narices frías, se pudo comprobar entre otras cuestiones que el numeral 8.2.1.1 de la Directiva del Registro de Instituciones Arbitrales y Centros de Administración de Juntas de Prevención y Resolución de Disputas, establece que para incorporarse en el REGAJU las instituciones y centros deben contar con una sede institucional “con licencia única de funcionamiento vigente con modalidad de atención al público –no siendo válido licencias de oficina administrativa–, la cual debe especificar en el giro que es para actividades de administración de arbitrajes, arbitradores, juntas de prevención y resolución de disputas o similar, especificando atención al público.”

En circunstancias en que la mayoría de los procesos, si no son todos, se desarrollan en forma virtual, resulta extraño que instituciones y centros deban tener obligatoriamente sedes institucionales físicas, con licencias de funcionamiento que cumplan determinadas exigencias muy precisas, y que además, deban cumplir, según el numeral 8.2.2.4, con áreas mínimas para las zonas de ingreso, recepción, secretaría general, secretarías arbitrales y secretarías técnicas, administración y gerencia, audiencias, pasadizos, baños, área de informática, servidores y hasta una pequeña cocina para los refrigerios.

En lugar de promover la creación de nuevas instituciones y nuevos centros que incluso puedan funcionar con sedes virtuales, la tendencia se orienta a crear especificaciones que aunque no se crea, terminan restringiendo el acceso de nuevos operadores al sistema y dificultando las actividades de los existentes.

Lo de la licencia puede tener incalculables consecuencias habida cuenta de que las cámaras de comercio, las universidades y los colegios profesionales, hasta donde sabemos, tienen autorizaciones municipales que exceden obviamente a las actividades de solución de conflictos en las que destacan ampliamente por sobre otras instituciones y centros. Eventualmente equivale a prohibir con otra fórmula que continúen en el giro las instituciones sin fines de lucro. Más aún cuando el numeral 8.2.2.6 impide que puedan estar adscritas a otras “con fines distintos a la creación y gestión de instituciones arbitrales.”

Sobre las herramientas informáticas que permiten la trazabilidad de la documentación se exigen, en el punto 8.2.6, plataformas de gestión con funcionalidades muy puntuales y módulos específicos, como si las instituciones y los centros fuesen entidades públicas, sin advertir que son organizaciones privadas que contribuyen a la solución de los conflictos que se derivan de los contratos que suscriben las entidades públicas con sus proveedores.

Salvo que se pretenda ahuyentar a las grandes instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas de las contrataciones públicas no hay ninguna explicación que justifique este afán por controlar hasta el más mínimo detalle de sus operaciones y actividades.

Como responsable de la incorporación del arbitraje como medio de solución de controversias en la contratación pública debo reafirmar que el objetivo era retirar de la competencia del Poder Judicial esta clase de conflictos para confiarlos a la justicia privada, representada por los centros de arbitraje que eligen libremente las partes, sin restricción alguna. Con el paso de los años y ante la proliferación de instituciones de dudosa reputación he reconocido como una buena práctica crear algún registro mínimo, aunque ciertamente hubiera preferido que siempre tengan el respaldo de las cámaras de comercio, de las universidades y de los colegios profesionales. Ese registro, empero, no puede ser una barrera de acceso ni menos un obstáculo para el cabal desarrollo de las actividades de las instituciones y centros más prestigiados.

Tampoco cabe ponerles exigencias como si fueran dependencias de la administración pública, con el añadido que ni éstas cumplen esas obligaciones tan específicas en cuanto a las dimensiones de los distintos espacios que deben acreditar en sus locales. Ni naturalmente en lo relativo a las licencias únicas de funcionamiento y plataformas de gestión. Las autoridades parecen creer que las instituciones y centros deben ser regulados en detalle y pueden ser fiscalizados e inspeccionados en cualquier momento para verificar si observan las disposiciones que han aprobado y para comprobar si corresponde o no sancionarlos y penalizarlos.

Mi particular percepción es que estamos perdiendo el espíritu de la gran reforma que promovimos hace cerca de treinta años. El propósito no fue, como repito, crear un nuevo aparato adscrito a la administración pública para que sustituya al que ya venía operando. El objetivo fue trasladar al sector privado, con sus propias normas y regulaciones, la solución de conflictos que hasta entonces se resolvían en el Poder Judicial, adscrito al sector público. No inmiscuirse en sus disposiciones internas ni empujarlos a observar determinadas medidas.

Si pensamos que la fórmula es multiplicar trámites y autorizaciones como las que estamos aprobando es muy posible que muchos, después de la noche de las narices frías, hayan amanecido, aunque parezca mentira, extrañando el pasado.

Ricardo Gandolfo Cortés

ricardo@gandolfolaw.com