Recuperando vidas, reduciendo la delincuencia y restaurando ecosistemas

El programa Replantando Vida, desarrollado en Brasil desde hace veinticinco años y que ha involucrado hasta la fecha a más de seis mil personas privadas de libertad que han cultivado 4,5 millones de árboles, acaba de obtener el primer lugar en la categoría Desarrollo Humano de los Premios Verdes 2026, en Cuenca, Ecuador. Fue elegido entre 2 mil 87 proyectos ambientales y sociales de América Latina y el Caribe, presentados por 29 países, según informa la agencia uruguaya de noticias UyPress.

La iniciativa de la Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), de Río de Janeiro, ofrece oportunidades laborales a personas que cumplen condena y restaura áreas degradadas de la Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más importantes y amenazados de Brasil. De esa manera transforma parte del trabajo penitenciario en una actividad productiva contribuyendo a recuperar la naturaleza, permitiendo que los reclusos obtengan ingresos equivalentes al salario mínimo, alimentación adecuada y adquieran conocimientos y experiencia. A través de este programa pueden acceder a la reducción de un día de condena por cada tres días trabajados.

CEDAE dispone de ocho viveros forestales en el estado de Río de Janeiro, tres de los cuales funcionan dentro de otros tantos establecimientos penitenciarios. Allí, los participantes reciben formación y trabajan en la producción de plantas destinadas a recuperar bosques, cuencas hidrográficas y áreas de conservación. Las actividades incluyen recolección de semillas, preparación de sustratos, cultivo de especies nativas, mantenimiento de viveros y plantación de árboles. Algunos internos, de acuerdo con su situación penitenciaria y con las autorizaciones correspondientes, también integran cuadrillas que hacen trabajos de reforestación fuera de los penales.

Uno de los indicadores más destacados de Replantando Vida es su resultado en materia de reinserción social. Según Alan Henrique Marques de Abreu, responsable de restauración ambiental de CEDAE e impulsor del proyecto presentado a los Premios Verdes, aproximadamente ocho de cada diez participantes consiguen reintegrarse a la sociedad sin regresar al sistema penitenciario. El indicador fue recogido también por un estudio desarrollado en colaboración con la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y citado por el diario brasileño Folha de Sao Paulo en septiembre de 2025.

Aunque el resultado resulta significativo, no demuestra por sí solo que el programa sea la única causa de la menor reincidencia. También deben considerarse las características de las personas seleccionadas, su situación penal y las oportunidades laborales disponibles después de cumplir la condena. La experiencia muestra, sin embargo, la importancia de generar condiciones concretas de reintegración durante el período de privación de libertad. Abreu sostiene que no todas las personas que ingresan al sistema penitenciario presentan las mismas características ni tienen iguales posibilidades de reinserción. Para quienes desean reconstruir sus vidas, disponer de capacitación y trabajo puede convertirse en una oportunidad determinante.

El programa también presenta resultados de importancia para la conservación ambiental. En sus 25 años de funcionamiento, Replantando Vida contribuyó a plantar aproximadamente 4,5 millones de árboles nativos de la Mata Atlántica y a recuperar unas 2.000 hectáreas de áreas prioritarias para la protección de recursos hídricos. Los viveros producen plantas de 260 especies nativas, 40 de ellas amenazadas de extinción, y tienen capacidad para generar hasta 2,3 millones de ejemplares por año.

Los trabajos incluyen la recuperación de áreas próximas a cursos de agua y zonas de captación utilizadas para el abastecimiento de millones de habitantes. Entre los territorios intervenidos figuran las cuencas de los ríos Guandu y Macacu, fundamentales para el suministro de agua potable a distintas localidades del estado de Río de Janeiro. La iniciativa combina así políticas ambientales y sociales que generalmente se desarrollan desde instituciones diferentes, como la restauración forestal, el acceso al trabajo y la rehabilitación penitenciaria.

Brasil enfrenta una de las situaciones penitenciarias más complejas de América Latina. Con una población carcelaria superior a los 700 mil internos, figura entre los países con mayor cantidad de personas privadas de libertad del mundo. En el estado de Río de Janeiro, donde más de 45 mil personas cumplen condena, menos del 4% accede a oportunidades laborales, según los datos incluidos en la presentación de Replantando Vida ante los Premios Verdes. La falta de acceso a capacitación, ingresos y experiencia laboral constituye una dificultad adicional para quienes recuperan su libertad y necesitan reincorporarse a la vida económica y familiar.

El modelo impulsado por CEDAE parte de reconocer que el cumplimiento de una condena no elimina la necesidad de preparar a las personas para su retorno a la sociedad. En este sentido, el trabajo remunerado puede contribuir a reducir la dependencia económica de las familias, desarrollar habilidades y establecer rutinas laborales útiles después de la excarcelación. La experiencia, empero, no supone que todas las personas privadas de libertad puedan participar de las mismas actividades. Su aplicación requiere evaluaciones individuales, supervisión y condiciones de seguridad compatibles con las características de cada establecimiento.

Los responsables de Replantando Vida consideran que la experiencia puede adaptarse a otros países latinoamericanos que enfrentan problemas de hacinamiento penitenciario, reincidencia y degradación ambiental. El proyecto cuenta con una metodología documentada que incluye procedimientos para seleccionar participantes, organizar actividades laborales, establecer mecanismos de capacitación y desarrollar viveros forestales, que está a disposición de los interesados. En el 2025 CEDAE publicó una investigación sobre la experiencia acumulada y el impacto del programa, destinada también a facilitar su aplicación en otras instituciones y en otras realidades.

El reconocimiento obtenido en Cuenca no demuestra que exista una solución universal al problema penitenciario, pero sí identifica una práctica concreta que integra políticas sociales y ambientales con resultados acumulados durante un cuarto de siglo. En una región donde la discusión sobre criminalidad suele concentrarse en cuántas personas deben ingresar a prisión y durante cuánto tiempo, Replantando Vida introduce otra pregunta: qué oportunidades reciben quienes cumplen una condena para no regresar a ella. La experiencia brasileña muestra que las políticas de reinserción pueden contribuir simultáneamente a recuperar vidas, reducir la delincuencia, generar trabajo y restaurar ecosistemas degradados.

Apuntes sobre el mérito de las opiniones del OECE

Ricardo Rodríguez Ardiles

Materia no exenta de controversia conceptual y práctica es la referida a determinar cuál es el mérito de las Opiniones del OECE dentro del marco legal establecido por la Ley 32069 y su Reglamento, cuyo alcance difiere sustancialmente de lo que anteriormente se encontraba regulado por la legislación derogada.

El artículo 10 de la Ley 32069, y el artículo 5 de su Reglamento, confieren a la Dirección General de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, el carácter de “ente rector y máxima autoridad técnica normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento”, pudiendo como tal, “emitir opinión vinculante sobre la interpretación de la Ley y el Reglamento”, esto es, por tanto, que solo las Opiniones de la DGA son vinculantes.

El OECE a su turno, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 32069 y el mismo numeral del Reglamento, posee la facultad de “Absolver consultas sobre el sentido o alcance de la normativa de contrataciones públicas, formuladas por las entidades contratantes y por el sector privado y la sociedad civil”, de carácter general, sin que ellas tengan ese carácter vinculante, por cuanto esa característica la norma legal no le otorga.

Siendo ello así, la Directiva N° 0006-2025-EF/54.01 referida a la emisión de Opinión y Opinión Vinculante de la DGA, las distingue, en su artículo 4, señalando respecto de la primera que “Opinión: es el pronunciamiento técnico legal emitido por la DGA sobre la aplicación e integración de la normativa del SNA, en atención a una consulta presentada por las Entidades,” y “Opinión vinculante: es el pronunciamiento técnico legal emitido por la DGA sobre la normativa del SNA que tiene carácter vinculante para las Entidades, el OECE, los proveedores del Estado, así como otros agentes que aplican la referida normativa y procede siempre que se presente alguno…” de los siguientes supuestos, establecidos en su artículo 6: a) Que existan interpretaciones contradictorias o diversas interpretaciones sobre la normativa del SNA. b) Que existan diversas normativas del SNA que regulen un mismo supuesto o una misma materia. c) Que se evidencie la necesidad de cambiar una opinión vinculante previa. d) Otros supuestos en que se identifique la necesidad de emitir una opinión vinculante.

Sobre este mismo alcance la Directiva detalla, en su artículo 7, que “Las opiniones vinculantes sobre la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y sus normas complementarias, son emitidas por la DGA de oficio o a pedido del OECE cuando, en el marco de la atención de una consulta, dicho organismo advierta uno de los supuestos de emisión de opinión vinculante.”

Por tanto, las Opiniones que emite el OECE cuando absuelve las consultas de carácter general, considera las Opiniones vinculantes de la DGA, y no crea ni confiere a sus Opiniones fuerza vinculante alguna, puesto que como se ha expresado la normativa legal no le confiere, mas sí posee el valor orientativo calificado derivado de la especialización que el OECE posee en la materia y que le ha sido otorgado por la legislación, en el artículo 11 de la Ley,  generando con ello concordancia con el principio de predictibilidad y confianza legítima.

Así las cosas, un funcionario público difícilmente se apartará de una Opinión del OECE, no sólo por la existencia de aquélla, sino por las consecuencias que pudiera acarrearle ante el Órgano Nacional de Control, salvo que existiera un fundado motivo que con contundencia le hiciera apartarse de tal criterio.

Este razonamiento sin embargo, no alcanza a los árbitros ni a los adjudicadores por cuanto,  no son funcionarios públicos, son parte de una suerte de justicia contractual, ajenos a las partes y no dependientes de ellas, y en el caso de los árbitros son jurisdicción constitucionalmente reconocida y éstos, al igual que aquéllos, sin más sujeción que al orden de prelación que la propia normativa ha establecido para la resolución de controversias en el artículo 76 de la Ley, “la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado. Se mantiene obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público.”

Ante una circunstancia específica y existiendo una Opinión, vinculante o no, por tanto, sería muy recomendable desarrollar con el mayor y mejor detalle los fundamentos por los cuales se sostiene que aquella no es aplicable.

La información inexacta acarreará en adelante la descalificación de la oferta

DE LUNES A LUNES

El lunes 26 de octubre apareció en el diario oficial el Acuerdo de Sala Plena 004-2026 aprobado por el Tribunal de Contrataciones Públicas en la sesión del viernes 16 sobre la presentación de información inexacta con motivo de la interposición de recursos de apelación.

El acuerdo señala que se han identificado criterios discrepantes entre las salas respecto al tratamiento aplicable cuando se advierte que un documento incorporado en la oferta de un postor contiene información inexacta, esto es, que discrepa de la realidad. Corresponde determinar, de un lado, si la sola comprobación de una información de este tipo obliga a no admitir la oferta que la incluye, a descalificarla o a que pierda la buena pro si se la hubiera adjudicado a quien la hubiera presentado, o si, de otro lado, tales circunstancias exigen además verificar que esa información haya incidido en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

El Tribunal entiende que hay que asegurar la predictibilidad y la uniformidad en sus pronunciamientos y con ese propósito estima necesario establecer un criterio de observancia obligatoria, en línea con lo preceptuado en el literal d) del numeral 16.1 de la Ley General de Contrataciones Públicas 32069.

La primera posición se sustenta en la presunción de veracidad, reconocido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en el literal e) numeral 5.1 de la LGCP. Se sustenta igualmente en el principio de integridad consagrado en el literal d) del mismo numeral 5.1 y en el denominado enfoque de integridad previsto en el literal a) del artículo 6 de la Ley General, en cuya virtud el literal b) del numeral 69.1 del Reglamento de la LGCP establece que las ofertas deben incluir un pacto de integridad que los obliga a mantener una conducta proba, a actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos y respetando la libre concurrencia y las condiciones de competencia, absteniéndose de prácticas que la restrinjan o afecten.

Según el colegiado, cuando se constata que la oferta de un postor contiene una información inexacta queda desvirtuada la presunción de veracidad que la amparaba y queda comprometido el principio de integridad, toda vez que el postor incumple el deber de actuar con honestidad y veracidad durante el proceso de contratación. De esa premisa concluye el Tribunal que corresponde revocar el acto que se hubiera emitido presumiendo la veracidad de esa información o no continuar con el perfeccionamiento del contrato. Adicionalmente se debe abrir un expediente administrativo sancionador al postor.

Interpuesto un recurso de apelación el colegiado tiene competencia para resolver la situación jurídica de los postores dentro del procedimiento de selección y, de ser el caso, determinar a quién se le debe otorgar la buena pro. La existencia de una infracción administrativa y la responsabilidad del proveedor, en cambio, solo puede determinarse en el procedimiento administrativo sancionador que señalará además las consecuencias que produce la información inexacta sobre la validez de la oferta. Por tanto, no se puede declarar configurada la infracción administrativa dentro del procedimiento de selección y en el marco del recurso que se interpone contra sus resultados. Para ello hay que verificar los demás elementos del tipo infractor y fundamentalmente que la información incida directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

La transgresión del principio de presunción de veracidad que produce no admitir o descalificar la oferta o hacerle perder la buena pro al postor al que se le hubiera adjudicado, se concreta cuando se acredita la existencia de la información inexacta, sin entrar al detalle de que ella acarrea una conducta sancionable.

Esta primera posición entiende que una vez acreditada la existencia de la información inexacta en la oferta o como parte de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, la oferta misma no puede ser considerada válida, aun cuando descartando esa información, pudiese cumplir con las exigencias previstas en las bases, pues ello implicaría habilitar o convalidar la participación de un postor que actúa en contravención de los principios de integridad y presunción de veracidad.

La segunda posición se sustenta en la exigencia de la Ley de que la información cuestionada incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. En ese contexto, propone emplear un concepto unitario de información inexacta tanto en el procedimiento de selección como en el procedimiento administrativo sancionador a fin de evitar que una misma expresión normativa sea entendida de manera distinta según la vía en la que sea examinada.

Se sustenta asimismo en la diferente redacción del literal i) del numeral 50.1 del TUO de la Ley 30225 en comparación con el literal l) del numeral 87.1 de la nueva Ley 32069. En esta última se exige que la inexactitud esté relacionada con un requerimiento, factor de evaluación o requisito y que, además, incida “necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto”, que no exigía la norma anterior, que solo decía “que le represente una ventaja o beneficio”.

Según el colegiado esa modificación obedeció a la imperiosa necesidad de evitar que se generen consecuencias jurídicas adversas y gravosas a los administrados, debido a la existencia de información discrepante de la realidad pero que resulta irrelevante o carente de trascendencia. Para esta posición no existe en la normativa una definición jurídica de información inexacta cuyo uso pueda ser solo aplicado en el trámite de los recursos de apelación. Para que se configure la información inexacta se debe verificar la ventaja o beneficio concreto. Por consiguiente, no cabe buscar una definición diferente.

Si durante la tramitación de un recurso de apelación se acredita que una oferta contiene una información discrepante de la realidad, ello no obliga a no admitir la oferta, a descalificarla o a despojarlo de la buena pro al postor adjudicado. Debe comprobarse primero si la información incide necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. Tal incidencia no se presenta, por ejemplo, cuando prescindiendo de la información cuestionada o incluso del documento que la contiene, la oferta cumple la exigencia de las bases con la información restante o con los demás documentos presentados.

Esta posición no supone desconocer los principios de integridad y presunción de veracidad ni le resta relevancia al pacto de integridad. Persigue mantener armonía en el ordenamiento jurídico al emplear un solo tratamiento para las ofertas que contienen información discordante de la realidad, tanto en el procedimiento de selección como en el procedimiento administrativo sancionador.

En resumen, para la primera posición basta que haya una información inexacta probada para que se deniegue la admisión, se descalifique la oferta o se deje sin efecto la adjudicación otorgada. Para la segunda posición, para que todo ello ocurra se requiere además que esa información inexacta incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto sin el cual no hubiese sido posible que se le admita, que califique o que se le otorgue la buena pro.

Personalmente desde mucho tiempo atrás he sostenido que lo que la norma debe sancionar es el acto ilícito. Valerse de un documento adulterado o falso o de una información inexacta para lograr el objetivo de hacerse de una adjudicación. Imaginaba documentos con información equivocada, por errores de transcripción o por lo que fuese, que no alteran el sentido del proceso. Por ejemplo, certificaciones que según las bases exigen acreditar la disponibilidad de camiones que puedan transportar un mínimo de 10 toneladas de carga y de pronto un postor presenta un documento que acredita que uno de sus camiones puede transportar 12 toneladas de carga cuando en realidad solo puede transportar 11 toneladas de carga. Un error de transcripción. La información es inexacta. No incide en la adjudicación porque con 11 o con 12 igual supera las 10 toneladas mínimas. La mejor prueba de que ese documento no está deliberadamente adulterado es que no le aporta un beneficio o ventaja al postor que de otra manera no la hubiera obtenido.

Desde luego, desde mi punto de vista, la clave está en discernir entre la información inexacta que se crea como consecuencia de un error involuntario de aquella otra información inexacta que se crea de mala fe con el objeto de sorprender o engañar y hacer creer algo que no es. Esto último, sin embargo, está siempre ligado a la incidencia que pueda tener en la obtención de esa ventaja o beneficio. O, para decirlo más ampliamente, en la incidencia que pudiera haber tenido. Me explico: Puede haber una certificación de un profesional que contiene información inexacta. Si se prescinde de ese certificado, el profesional igual puede cumplir con los requisitos exigidos. Sucede que si se le hubiere detectado otro certificado adulterado o falso, el primero que pudo habérsele admitido habría adquirido  relevancia y hubiera tenido incidencia en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

El Tribunal, ha optado por el primer criterio estimo que pensando precisamente en esta última atingencia o posibilidad. En adelante, si durante la tramitación de un recurso de apelación se corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, su descalificación o que pierda la buena pro y que se ordene la apertura del expediente administrativo sancionador, no siendo necesario determinar si dicha información inexacta incidió directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. Este elemento deberá ser examinado, según el colegiado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador.

Mi impresión es que ha elegido entre dos alternativas igualmente válidas. Lo que me preocupa es que pueda prescindirse de una buena oferta en el futuro solo por un error manifiesto que convierte en información inexacta lo que se creía que no lo era. Como el de la carga de los camiones.

Ricardo Gandolfo Cortés

ricardo@gandolfolaw.com

Revocan descalificación y revocan el otorgamiento de la buena pro

DE LUNES A LUNES

Una reciente resolución del Tribunal de Contrataciones Públicas ha revelado que los certificados que atribuyen a un mismo profesional funciones como jefe de proyecto durante períodos que se superponen entre sí y que se superponen también con los servicios prestados a un gobierno regional, no determinan la invalidez de las señaladas experiencias. La coincidencia temporal no constituye un elemento suficiente para desconocer la efectiva prestación de los servicios consignados en los certificados observados ni permite concluir que la información en ellos contenida sea contraria a la realidad.

El impugnante cuestiona que el comité haya inferido, a partir de la coincidencia temporal y de la distancia geográfica entre las dos ciudades en las que se desarrollaron dos proyectos, una incompatibilidad material, pues las funciones desempeñadas en la elaboración de expedientes técnicos fueron de naturaleza predominantemente intelectual y de gabinete, tales como revisión de planos, memorias de cálculo, diseño estructural, presupuestos, metrados, especificaciones técnicas, revisión de entregables y dirección técnica, que por cierto no exigen de la presencia física permanente en el lugar.

Respecto a la Resolución 05394-2026-TCP-S1, invocada como sustento, se precisa que el criterio allí desarrollado no establece que la sola simultaneidad de actividades determina la invalidez de una experiencia, sino que, por el contrario, exige verificar la existencia de elementos que permitan evidenciar exclusividad, incompatibilidad efectiva o una superposición material de funciones que impida la ejecución de las prestaciones.

El comité no identificó ningún elemento de esa naturaleza que permita concluir que las funciones desempeñadas en el gobierno regional impedían la ejecución de las actividades como jefe de proyecto en las experiencias observadas.

En la misma resolución el Tribunal se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto de un documento cuestionado en la medida que su exclusión no incide en la determinación de la experiencia del mismo profesional. La entidad no había validado otra experiencia al considerar que la constancia solo consignaba que prestó servicios desde una determinada fecha hasta otra fecha determinada de un año específico, sin identificar el año específico que correspondía a la fecha de inicio, con lo que se impedía precisar el período exacto de la experiencia, según el comité. Si no se indica un año distinto para la fecha en que comienza el servicio es obvio que es el mismo que se indica para el término. No es correcto sostener que la fecha es incompleta porque debe leerse dentro del contexto en que se presenta.

De otro lado, el comité no validó una experiencia por otra superposición en el ejercicio de las funciones atribuidas a otro profesional que aparecía como residente en una obra mientras que en el acta de recepción de otra obra aparecía como supervisor. Como el cargo de residente exige una intervención permanente y efectiva la experiencia no fue admitida.

El impugnante al defender su posición adujo que la sola superposición temporal no permite concluir que la experiencia acreditada no haya sido prestada ni que el documento contenga información inexacta. Invocó la Resolución 08707-2026-TCP-S2 en cuya virtud la existencia de períodos superpuestos no invalida la experiencia previamente adquirida sino que, de corresponder, únicamente incide en su cómputo, debiendo considerarse solo una vez el período coincidente.

El Tribunal observa que el comité no sustentó la existencia de alguna incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo y otro, ni las razones por las cuales el desempeño simultáneo de ambas funciones habría resultado material o jurídicamente imposible, que de haberlo hecho habría contribuido a fortalecer la posición de la entidad. La documentación correspondiente al cargo de supervisor por lo demás no formó parte de la oferta, por lo que no cabe invalidarla sobre la base de una supuesta incompatibilidad derivada de aquello que no fue presentado por el postor.

El impugnante cuestionó, por su parte, cinco documentos presentados por el adjudicatario  que contendrían información inexacta y otros cinco documentos que no estarían ajustados a las exigencias de las bases integradas. La mayoría de los documentos cuestionados se refieren a profesionales que se habrían desempeñado en diversas obras desde antes de las fechas en que estas se iniciaron, incluso desde fechas en las que ni siquiera se habían entregado los terrenos.

Otro caso refiere el hecho de que la obra registró una suspensión del plazo de tres meses que sin embargo la certificación emitida a favor de un profesional no descuenta. El adjudicatario sostuvo que es posible que un especialista en seguridad y salud en el trabajo desarrolle determinadas actividades incluso antes del inicio de la obra, en atención a la naturaleza de sus funciones. El Tribunal considera que ese argumento no resulta atendible toda vez que el documento cuestionado atribuye experiencia efectiva en el marco de la ejecución misma del proyecto y desde una fecha anterior a la de su inicio. La consecuencia no consiste tampoco en efectuar un simple descuento del período observado, como solicitó el adjudicatario, sino en invalidar los documentos que contienen información inexacta y desestimar lo alegado en estos extremos.

Al haberse transgredido el principio de presunción de veracidad y el principio de integridad previsto expresamente en el literal d) del artículo 5 de la Ley 32069, en virtud del cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y la veracidad, corresponde descalificar la oferta del adjudicatario, por haber presentado información inexacta en su oferta, para acreditar la experiencia de su personal propuesto.

Existiendo indicios suficientes de la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 de la Ley, se dispone abrir un expediente administrativo sancionador contra el adjudicatario por la presentación de la señalada información inexacta como parte de su oferta. El adjudicatario pasa así de beneficiado de la buena pro a proveedor en trance de ser sancionado por haber presentado documentación con información inexacta.

En paralelo el Tribunal se abstiene de pronunciarse sobre los demás cuestionamientos del impugnante habida cuenta de que lo que pueda resultar de ellos no variará la decisión adoptada. Sin perjuicio de ello, señala que respecto a otras imputaciones sobre presuntas inexactitudes, precisa que en el expediente no obran elementos que permitan determinar que la información contenida en esos documentos sea efectivamente inexacta. Considerando los plazos perentorios que tiene el colegiado para resolver, corresponde que la entidad realice la fiscalización posterior en atención a esos cuestionamientos, debiendo comunicar sus resultados dentro de los siguientes veinte días hábiles.

En cuanto al pedido efectuado por el impugnante para que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección en el que ha participado, el Tribunal admite haber optado por revocar la descalificación del impugnante y revocar también el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario. Sin embargo, conforme al numeral 56.2 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, el oficial de compra o el comité, según corresponda, es responsable de la conducción y realización de la fase de selección.

Considerando que este procedimiento se encuentra a cargo de un comité, corresponde que éste realice la evaluación de la oferta del impugnante y de ser el caso le otorgue la buena pro. Por tanto, declara infundada esta solicitud. Destaca además que todos los aspectos que no han sido objeto de cuestionamiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el artículo 9 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por último, en la medida que el recurso de apelación interpuesto por el impugnante será declarado fundado en los extremos que solicita que se revoque la descalificación de su oferta y se revoque el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario, e infundado en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro en esta instancia, corresponde devolver la garantía presentada para la interposición del recurso de apelación, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 315.3 del Reglamento.

Finalmente corresponde que la entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas, conforme a lo señalado en la Directiva 007-2025-OECE-CD.

Merece destacarse que el Tribunal se pronuncia sobre la existencia de presuntos vicios en las bases integradas que habrían contenido información contradictoria respecto de la experiencia del personal clave, pues de un lado establece que la experiencia se acredita al momento de presentar la oferta, mediante una carta de compromiso, quedando la documentación de sustento para ser entregada al momento de la suscripción del contrato, y de otro lado, se establecen exigencias documentales distintas. En un formato, por otra parte, no se habría incorporado la estructura del presupuesto pese a que las bases estándar aplicables exigirían su inclusión. En tercer lugar, existiría una contradicción entre el número máximo de consorciados y el porcentaje mínimo de participación de cada uno de ellos, pues, en los términos de referencia se admiten hasta tres consorciados con una participación mínima del cinco por ciento para cada integrante del consorcio y el treinta por ciento mínimo para el que acredite mayor experiencia, y en las bases se establece un máximo de dos consorciados con una participación mínima de cuarenta por ciento por cada integrante y el sesenta por ciento como mínimo para el que acredite mayor experiencia.

Al respecto el Tribunal precisa que estas observaciones no fueron cuestionadas ni por el impugnante ni por el adjudicatario. Tampoco forman parte de los puntos controvertidos. Esos hechos por lo demás no inciden en la resolución del caso. Por tanto, no advierte vicios de nulidad que le impidan emitir su pronunciamiento. Sin perjuicio de ello, pone los hechos descritos en conocimiento de la entidad a efectos de que adopte las acciones que estime pertinentes en el ámbito de sus competencias.

La glosada es una resolución reciente, altamente ilustrativa sobre la forma en que resuelve el Tribunal de Contrataciones Públicas la impugnación de una buena pro y sobre la forma en que decide las demás cuestiones que se someten a su competencia.

Ricardo Gandolfo Cortés

ricardo@gandolfolaw.com

Nuevas directivas para instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD

DE LUNES A LUNES

 El jueves 15 de octubre apareció en el diario oficial El Peruano una resolución que dispuso la publicación en la sede digital del OECE de varios proyectos de directivas relativas al registro de instituciones arbitrales y centros de administración de JPRD, al procedimiento sancionador que les aplica y a la supervisión a la que están sometidos así como de un proyecto de lineamientos para la elaboración de sus respetivos reglamentos internos. Todos estos proyectos recibirán los comentarios, aportes y opiniones de quien quiera formularlos por el plazo de quince días calendario, hasta el viernes 30 de octubre.

En lo que respecta al proyecto para incorporarse al REGAJU, las instituciones y centros deberán exhibir la licencia de funcionamiento de la sede donde se brinda la atención al público, así como la edificación y logística conforme a la norma municipal aplicable. La licencia municipal debe haberse emitido a nombre de la institución o centro o de la persona jurídica de la que forme parte y autoriza el desarrollo de la actividad conforme a la solicitud presentada. De abrir nuevas oficinas se debe solicitar la actualización de datos del registro indicando el enlace a las licencias municipales de todas sus sedes.

Al parecer se han eliminado las barreras que de otra manera habrían impedido que las cámaras de comercio, las universidades y los colegios profesionales puedan administrar instituciones arbitrales y centros de juntas de prevención y resolución de disputas. También se habría desechado por completo la exigencia que no llegó a materializarse para que instituciones y centros tengan necesariamente fines de lucro lo que habría igualmente logrado el mismo propósito de proscribir de la solución de controversias a instituciones y centros que se han especializado con notable éxito en estas tareas.

Ricardo Gandolfo Cortés

ricardo@gandolfolaw.com

La responsabilidad del supervisor de estudios

El artículo 185.1 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas estipula que la supervisión de los contratos de formulación y/o elaboración del expediente técnico es efectuada por un supervisor, que puede ser una persona natural o jurídica, o un equipo de revisores conformado por profesionales de la propia entidad expresamente asignados por ésta y que tengan un líder. El texto añade que no se puede tener de manera simultánea un equipo revisor y un supervisor.

La supervisión del expediente técnico ya formaba parte de la definición de consultoría de obras en la normativa anterior y en la práctica se convocaban desde tiempo atrás procedimientos de selección que incluían esta labor o que se circunscribían a ella, de manera que no es nada nuevo en ingeniería.

El jefe de supervisión de los estudios, según el numeral 185.2, debe tener al menos la misma experiencia y las mismas calificaciones profesionales establecidas para el jefe de formulación o jefe de elaboración del expediente técnico, según sea el caso. El supervisor no puede ser proyectista ni integrante de su plantel técnico en un mismo proyecto. Evidentemente no se puede supervisar a sí mismo.

Desarrolla sus funciones de acuerdo con el artículo 187 del Reglamento que lo responsabiliza de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato, que desde luego no puede modificar.

El supervisor de la formulación y/o elaboración del expediente técnico es particularmente responsable de revisar el plan de trabajo presentado por el contratista; de verificar que cualquier información presentada por el contratista se ajuste al contrato bajo supervisión; de gestionar la calidad de la consultoría de obra, pudiendo rechazar y ordenar la corrección de cualquier trabajo, entrega o insumo que no cumpla con los estándares de calidad, con la normativa o con lo establecido en el contrato; de suspender las actividades o prestaciones que a su criterio no cumplan con las obligaciones contractuales; de rechazar u objetar los trabajos o prestaciones del contratista, requiriendo su subsanación; y de elaborar el informe respecto de la liquidación del contrato de formulación y/o elaboración del expediente técnico, siempre que ello se haya previsto en su propio contrato.

La responsabilidad del supervisor de obras

El artículo 62.1 de la Ley General de Contrataciones Públicas 32069 estipula que cuando la supervisión deba ser contratada con terceros, el plazo inicial debe estar vinculado al del contrato de que se trate y debe comprender, como mínimo, hasta la recepción de la obra o conclusión del servicio. O sea, no puede tener un plazo menor. No puede empezar, por ejemplo, cuando el plazo del contrato a supervisarse ya comenzó. O terminar cuando el plazo del contrato que se está supervisando todavía sigue ejecutándose. Puede extenderse incluso hasta la liquidación de la obra o del servicio, según el acápite 186.5 del Reglamento de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo 009-2025-EF.

Durante el período de supervisión, acota el numeral 62.2 de la Ley, el inspector o el supervisor deben informar a la entidad sobre los riesgos que enfrente la correcta ejecución y culminación de la prestación que se les encomienda, bajo responsabilidad. El artículo 186.1 del Reglamento agrega que la supervisión de los contratos de obra es efectuada por el supervisor o el inspector. El inspector, precisa, es un servidor de la entidad expresamente asignado por ésta para el desarrollo de esta función. El supervisor, en cambio, es una persona natural o jurídica contratada para dicho fin. Si es una persona jurídica, debe tener un jefe de supervisión que asuma su representación.

El texto advierte que no se puede contar de manera simultánea con un inspector y un supervisor en la misma obra. En el pasado toda obra pública tenía un inspector pero no toda obra pública tenía un supervisor. Supervisor tenían las que alcanzaban los montos que fijaba, como fija hasta ahora, la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, tal como lo refiere el inciso 186.3 del Reglamento.

El acápite 62.5 de la LGCP faculta a la entidad a iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, con un inspector o con un equipo de inspectores, si es que no se ha concretado su contratación, pero siempre que el respectivo procedimiento de selección haya sido convocado, según la condición impuesta por el artículo 186.4 del Reglamento, que, sin embargo, solo permite esta inspección transitoria y provisional en tanto la valorización acumulada no supere el monto a partir del cual la Ley Anual de Presupuesto exige una supervisión independiente.

El agregado evita tener que suspender una obra que está por empezar por problemas diversos que impiden tener operativo al supervisor, por lo general por reclamaciones o impugnaciones formuladas contra el otorgamiento de la buena pro. Al mismo tiempo evita que esta práctica se extienda más allá de lo razonable, como ha ocurrido en el pasado, fomentando en algunos casos el monopolio del control en manos de la propia entidad y de sus servidores que en ocasiones prefieren seguir en esa función hasta el final.

Según el numeral 186.6, se ubica en el caso de que la ausencia del supervisor no sea al comienzo sino al final y que se resuelva o se declare la nulidad del contrato de supervisión y la ejecución de la obra todavía cuente con un saldo pendiente que no supere el monto previsto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para tener obligatoriamente una supervisión, la entidad puede optar por designar a un inspector o a un equipo de inspectores hasta la culminación del contrato principal o hasta que se contrate a un nuevo supervisor que termine lo que falte, si es que se logra tener a uno que se arriesgue a asumir ese encargo. Mi impresión es que en esta eventualidad la entidad concluirá la obra con el inspector o con el equipo de inspectores porque no encontrará a nadie que se anime a asumir la responsabilidad por todo lo revisado por otro y por toda la liquidación con la que cerrará el proyecto.

De acuerdo con el artículo 62.6 de la Ley, el supervisor o el inspector son responsables administrativa, civil y penalmente por los hechos de su autoría o acciones de inducción al error conforme a la normativa de la materia. La responsabilidad administrativa se genera por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, en los términos de referencia y en la propia normativa. Puede derivar en sanciones de amonestación y multas hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos o para contratar con el Estado.

La responsabilidad civil se genera cuando por sus acciones, omisiones, negligencias o inducciones al error causan un perjuicio económico directo o daño patrimonial a la entidad que reclamará una indemnización o resarcimiento. La responsabilidad penal se genera cuando incurren en los delitos de colusión, peculado, negociación incompatible o falsificación o cuando le inducen al error mediante informes adulterados o aprobaciones indebidas para favorecer al contratista.

Estas responsabilidades no son una creación de la nueva LGCP. Rigen desde mucho tiempo atrás aunque ciertamente las acciones que inducen a error sí son una novedad que pueden prestarse a diversas interpretaciones. La responsabilidad administrativa se derivaba de la obligación de supervisar con diligencia y sanciona negligencias, informaciones inexactas o atrasos injustificados. La responsabilidad civil contractual y extracontractual está regulada en el Código Civil y permite indemnizar por el perjuicio económico irrogado al Estado. El Código Penal finalmente siempre ha sancionado los delitos cometidos por los funcionarios públicos o los particulares que actúan en complicidad con ellos.

La responsabilidad por tanto ya existía bajo las reglas generales del derecho peruano. Lo que ha hecho la Ley 32069 es incorporarlas dentro de su texto e incorporar también de manera explícita el acto de engañar o inducir al error a la entidad que, como queda dicho, debe evaluarse con mucho cuidado para no incurrir en abusos que puedan perjudicar el desempeño de los distintos operadores que actúan en la contratación pública a quienes últimamente se hostiga injusta y permanentemente.