LA CRIMINALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La contratación pública en el Perú enfrenta un problema que sobrepasa
las deficiencias de sus procedimientos, de las controversias que se generan durante
la ejecución de los contratos o de los atrasos en la culminación de las obras. En
los últimos años ha aparecido un fenómeno muy preocupante. Es la
criminalización de las decisiones, de las opiniones y hasta de los criterios
profesionales de quienes intervienen en las distintas etapas del proceso.
Los actos de corrupción deben investigarse, perseguirse y sancionarse
con toda la severidad que corresponda. El problema aflora cuando las
investigaciones penales dejan de concentrarse en conductas que presentan indicios
concretos de relevancia delictiva y empiezan a extenderse sobre decisiones
técnicas y opiniones profesionales que, por su propia naturaleza, pueden ser
discutibles, pero que no por ello constituyen delitos.
Merece destacarse que esta tendencia no parece circunscribirse a los
funcionarios que adoptan decisiones administrativas, lo que de por sí ya es
grave. También alcanza a consultores, proyectistas, supervisores, asesores y
especialistas que emiten opiniones en el ejercicio de sus respectivas profesiones.
Parecería que, en determinados casos, manifestar un criterio técnico que
posteriormente es cuestionado por algún órgano de control puede convertirse en
motivo suficiente para terminar involucrado en una investigación fiscal y en un
posterior juicio.
¿Desde cuándo una opinión profesional es un indicio de delito? ¿En qué
momento el ejercicio de la libertad profesional pasó a ser una actividad que
debe desarrollarse bajo la permanente amenaza de una investigación penal? Una
opinión técnica puede ser equivocada. Una recomendación profesional puede no
ser compartida por quien posteriormente revisa el expediente. Pero ninguna de
esas circunstancias faculta, por sí sola, a atribuir responsabilidad penal a
quien la formuló. Para ello se requiere identificar una conducta penalmente
relevante, acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y acreditar
la intervención personal del investigado.
El Derecho Penal no puede convertirse en una instancia destinada a
resolver discrepancias técnicas ni en un mecanismo para sancionar apreciaciones
que no coinciden con las de fiscales, auditores o funcionarios que examinan
posteriormente una contratación. La libertad profesional perdería todo sentido
si cada especialista tuviera que anticipar, antes de emitir una opinión, cómo
podría interpretarla más adelante un fiscal o un auditor. Nadie quisiera tomar
una posición, hacer una recomendación o plantear una solución que implique
algún riesgo.
Se invierte la lógica
En la contratación pública intervienen profesionales de distintas
especialidades que contribuyen con sus conocimientos y experiencias a
identificar problemas, evaluar alternativas y adoptar soluciones. No todos
tienen por qué coincidir. Precisamente por eso existen procedimientos de
selección, mecanismos de revisión, instancias para resolver las controversias que
puedan suscitarse y responsabilidades diferenciadas.
Que una solución sea cuestionada no significa que sea delictiva. Que una
opinión sea posteriormente desestimada tampoco demuestra que quien la emitió ha
actuado con intención criminal. Y que una contratación termine en una discrepancia
o que una obra registre dificultades durante su ejecución no autoriza a
presumir que quienes participaron en ella cometieron algún delito.
Sin embargo, cuando las investigaciones fiscales parten de
interpretaciones retrospectivas y convierten las diferencias profesionales en
hipótesis delictivas, se produce una distorsión particularmente peligrosa. El
investigado deja de ser alguien respecto de quien existen indicios concretos de
una conducta criminal y pasa a ser alguien que debe explicar por qué opinó de
determinada manera, por qué recomendó una alternativa o por qué respaldó una
decisión.
Se invierte así la lógica de la responsabilidad penal. En lugar de
investigar una conducta que presenta características de delito, se empieza por
cuestionar una opinión y luego se intenta encontrar en ella alguna figura penal
que justifique la investigación.
El Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos con
objetividad, tanto aquellos que puedan sustentar una imputación como los que
puedan descartarla. Esa obligación no se satisface acumulando documentos,
reproduciendo conclusiones de investigaciones anteriores o incorporando a más
personas en una carpeta fiscal. Exige examinar individualmente la conducta de
cada investigado y distinguir entre una actuación profesional, una decisión
administrativa discutible y una verdadera acción delictiva.
Las mismas hipótesis
Hay otro aspecto que merece especial atención. En determinados procesos
se han producido cambios de fiscales y de otras autoridades que, según las
razones expuestas o las expectativas generadas con esos relevos, debían
permitir revisar el curso de las investigaciones, corregir posibles excesos y
evitar que personas indebidamente involucradas continuaran soportando
imputaciones que no tenían suficiente sustento.
Ello, no obstante, se observa que los nuevos fiscales y las nuevas
autoridades terminan haciendo suyos los criterios de sus predecesores y
continúan las investigaciones como si los cambios no hubieran ocurrido. Se
mantienen las mismas hipótesis, se reproducen las mismas imputaciones y se
prolongan las mismas diligencias, sin que exista al parecer una verdadera
evaluación independiente de lo actuado.
El cambio de un fiscal, desde luego, no obliga a archivar una
investigación ni convierte automáticamente en incorrectas las actuaciones de
quien lo antecedió. Tampoco la sustitución de una autoridad significa que deban
desconocerse las medidas legítimamente adoptadas. La continuidad institucional
es necesaria y no puede depender de la identidad de quienes ocupan
temporalmente los cargos. Pero continuidad no significa inercia.
Si un relevo se produce para corregir deficiencias, revisar actuaciones
o recuperar la objetividad de un proceso, lo mínimo exigible es que quien asume
la responsabilidad evalúe críticamente lo recibido. No basta con cambiar a las
personas si se mantienen intactos los criterios que motivaron el
cuestionamiento.
Una nueva autoridad no puede limitarse a heredar las conclusiones de su
antecesora como si fueran verdades incontrovertibles. Tiene la obligación de
formar su propio criterio, revisar los elementos de convicción, identificar las
debilidades de las imputaciones y determinar si existe realmente fundamento
para continuar persiguiendo penalmente a cada una de las personas comprendidas
en la investigación. De lo contrario, los relevos terminan siendo meramente
nominales. Cambian los responsables, pero no cambia el rumbo. Se generan
expectativas de rectificación que finalmente no se concretan y quienes
esperaban que se corrigieran los excesos siguen sometidos a las mismas
investigaciones.
Esto resulta especialmente grave cuando las personas involucradas no son
necesariamente quienes adoptaron las decisiones finales, sino profesionales que
emitieron opiniones, elaboraron informes o formularon recomendaciones en el marco
de sus respectivas especialidades.
Condena anticipada
Una investigación penal puede tener consecuencias devastadoras incluso
antes de que exista una acusación. Se convierte en una condena anticipada que afecta la reputación profesional,
compromete la estabilidad económica y genera incertidumbre personal y familiar.
En el ámbito de la contratación pública, estas consecuencias tienen
además un efecto colectivo. Los profesionales más experimentados empiezan a
evitar cualquier intervención que pueda comprometerlos. Los funcionarios
prefieren no decidir. Los consultores se abstienen de formular recomendaciones.
Los contratistas optan por no plantear soluciones. Se alimenta una cultura de
temor que termina paralizando las contrataciones y retrasando las obras. Nadie
quiere ser quien firme, quien opine o quien recomiende. Todos prefieren
trasladar la responsabilidad a otra instancia, solicitar más informes o esperar
una autorización adicional.
La paradoja es evidente: el Estado necesita profesionales capaces de
adoptar decisiones oportunas y resolver problemas complejos, pero el propio
sistema de control y persecución penal puede terminar desalentando a quienes
están mejor preparados para hacerlo.
No se trata de reclamar impunidad ni de impedir que el Ministerio
Público haga su trabajo. Se trata de exigir que las investigaciones tengan
fundamento, que las imputaciones sean individualizadas y que el Derecho Penal
no sea utilizado como instrumento para resolver discrepancias.
Confianza en el ejercicio
profesional
La contratación pública necesita controles, transparencia y sanciones
efectivas frente a la corrupción. Pero también necesita confianza en los
profesionales, respeto por sus competencias y garantías para que puedan ejercer
sus funciones sin temor de que cada opinión termine convertida en una sospecha
criminal. El ejercicio de una profesión supone necesariamente la posibilidad de
equivocarse, discrepar y sostener criterios que otros no comparten. Si esa
posibilidad desaparece, también desaparece la libertad indispensable para tomar
decisiones responsables.
Y si los fiscales y las autoridades que asumen nuevas responsabilidades
no están dispuestos a revisar críticamente lo actuado por sus predecesores,
tampoco habrá verdadera renovación institucional. La justicia no consiste en
perseverar indefinidamente en una hipótesis, sino en estar siempre dispuesto a
corregirla cuando los elementos del caso no la sostienen. La lucha contra la
corrupción no puede terminar convirtiéndose en una persecución contra quienes
opinan, asesoran o ejercen legítimamente su profesión. Tampoco puede
justificarse que una persona permanezca indefinidamente investigada porque
nadie quiere asumir la responsabilidad de reconocer que la imputación original
carecía de fundamento.
El país necesita que se investigue y sancione a los corruptos. Pero
también necesita que se proteja a quienes trabajan honestamente, que se respete
la libertad profesional y que se garantice que ninguna persona sea perseguida
simplemente por haber sostenido una opinión técnica.
Porque cuando opinar se convierte en un riesgo
penal, cuando discrepar se interpreta como sospecha y cuando cambiar a los
responsables no cambia las investigaciones, el problema ya no es solamente de
contratación pública. Es un problema de justicia, de libertad y de
funcionamiento de las instituciones.
