viernes, 24 de julio de 2009

Siete obstáculos que impiden la eficacia en el gasto


De los 26 mil millones de soles previstos para invertir en este año hasta la fecha sólo se han gastado 6 mil millones lo que representa el 24 por ciento de lo presupuestado. Considerando que ya han transcurrido prácticamente 7 meses, se debería tener en ejecución no menos del 58 por ciento del presupuesto, es decir, más de 15 mil millones de soles. Existe un atraso, por consiguiente, de más de la mitad. El avance del presupuesto está en realidad en las cifras que debería exhibir en marzo y no en junio o julio. Cuando menos, se advierte un atraso de un trimestre.

Este hecho pone en evidencia la poca eficacia para gastar de los gobiernos locales y regionales así como del propio gobierno central y fundamentalmente lo mal que se sigue manejando la ejecución de obras públicas al punto que en la última semana se volvió a insistir en la necesidad e seguir flexibilizando el sistema de inversiones sin advertirse ue muy probablemente ya se lo ha aligerado bastante ya no se lo puede aligerar más.

Algunas autoridades han precisado que el SNIP no será uspendido ni total ni temporalmente y que más bien se stá evaluando la modificación de su marco operativo para celerar la aprobación de los proyectos. Sin embargo, todo arece indicar que el mayor obstáculo para las inversiones o está en el sistema de inversiones ni en los procesos de elección de contratistas que también se han recortado al áximo, sino en las normas que impiden la rápida ejecución e las obras y que las condenan a avanzar muy lentamente, paralizarse o simplemente a realizarse sin mayores garantías.

El problema empieza desde las bases con las que se convocan los procesos. Si el país está empeñado en invertir para aprovechar la situación por la que atraviesa y para contrarrestar la crisis económica que afecta al mundo pues hay hacerlo correctamente. En materia de proyectos, por ejemplo, se requieren expedientes técnicos completos y bien hechos. El primer obstáculo que se encuentra, en esta materia, es que se calculan muy mal los denominados valores referenciales que no son otra cosa que los presupuestos que se destinan para estos efectos. Si se asignan partidas insuficientes para la elaboración de los estudios no se puede pretender tener un buen proyecto. El segundo problema es la selección de los contratistas que elaborarán esos expedientes. Si se prioriza lo que cobra cada postor, como hasta ahora, salvo contadas excepciones, es evidente que no se tendrá buenos productos. Las normas se han modificado como para permitir evaluar correctamente las propuestas pero los funcionarios encargados de estas tareas eluden esas responsabilidades y optan por calificarlas a todas con idénticos puntajes con lo que fuerzan las adjudicaciones por sorteo que impiden la elección de los mejores. Ese es el tercer impedimento para lograr un buen proyecto.

Otro obstáculo es no disponer de un archivo actualizado de proyectos. Estos, generalmente por falta de recursos, se acumulan y no se ponen a punto con lo que en ocasiones se tienen que volver a realizar cuando se quiere hacer las obras con lo que se retrasa innecesariamente la ejecución. Tener permanentemente actualizados los proyectos es una labor en la que podrían participar los mismos contratistas que los elaboraron a cambio de un honorario bastante razonable como si fuera un servicio de post venta, similar al que se emplea para atender las consultas que se formulan en plena construcción de las obras, oportunidad en la que a menudo, dicho sea de paso, se quiere obligar al proyectista a absolverlas sin ninguna retribución, al amparo de una reciente modificación de la norma que debe subsanarse de inmediato.

En la etapa de ejecución de las obras aparecen otras trabas que impiden que las inversiones fluyan correctamente. Se repite el asunto de los presupuestos insuficientes y se padecen como siempre las consecuencias de las selecciones por precio, priorizando a quienes ofrecen los montos más bajos. Un quinto problema es que no se brindan facilidades para que las construcciones se hagan aceleradamente exigiéndose, por ejemplo, que se inicien trámites para la autorización de mayores metrados en partidas cuando todavía disponen de saldos por ejecutar, todo por el hecho de que en determinada subpartida éstos se agotan, sin advertir que utilizando parte de esos saldos quizás al final no haya ninguna necesidad de ampliar el metrado. Se impide la utilización de lo que comúnmente se denomina bolsa de metrados.

En sexto lugar, se recorta la posibilidad de resolver en la vía arbitral las controversias que se suscitan entre las entidades y los contratistas derivadas de los pronunciamientos de la Contraloría General de la República en relación a las solicitudes que se presentan para la aprobación de adicionales de ejecución y supervisión de obras que superan ciertos porcentajes, con lo que se burocratiza el trámite y se lo extrae del ámbito de quienes conocen perfectamente su obra y se lo remite a la competencia de un organismo que, por más eficiente que sea, no está en condiciones de dominar los detalles de absolutamente todas las obras que se ejecutan en el país.

Un sétimo y último obstáculo está vinculado con la demora en aprobar las liquidaciones de obra condenando a los contratistas a esperar, con sus garantías retenidas, los resultados de litigios o investigaciones generalmente solicitadas por ellos, que sólo pueden depararlas mayores derechos y en ningún caso mayores responsabilidades. Eso limita sus capacidades financieras y sus líneas de crédito perjudicando las posibilidades de que intervengan en nuevos procesos. Es hora de eliminar todos estos inconvenientes.

Ambicioso Plan para atraer inversiones


Sólo falta extender el arbitraje como mecanismo obligatorio
para resolver todas las controversias derivadas de los contratos con el Estado

El plan para mejorar el clima de negocios y atraer inversiones que presentó la semana pasada el ministerio de Economía y Finanzas y que se ejecutará en los próximos dos años tiene como objetivo colocar al Perú en el puesto 25 del ranking de los mejores países para hacer negocios según el índice Doing Business del Banco Mundial. Actualmente, según el ministro Luis Carranza, el país se encuentra en el puesto 62 ocupando el octavo lugar en Latinoamérica y el Caribe. "Con las justas en el tercio superior", como comentó el titular del MEF, para luego agregar que "debemos y tenemos que estar mejor."

El plan comprende siete áreas relativas a la apertura de negocios, permisos de construcción, cumplimiento de contratos, comercio exterior, pago de impuestos, registro de propiedad y protección al inversionista. No abarca áreas vinculadas con el acceso al crédito en la que el país está en un importante décimo segundo lugar ni con la protección al inversionista en el que está en el puesto 18 para beneplácito de todos.

En facilidades para la apertura de negocios Perú ocupa el puesto 116 de un total de 181 países en todo el mundo. En esta área se pretende simplificar trámites para el inicio de operaciones de las empresas, habilitar la constitución en línea y reducir el plazo para la emisión de licencias de funcionamiento así como implementar la firma digital. En permisos para construcción, el país está en el puesto 115. En este rubro se quiere acelerar los procesos para la obtención de licencias y para la conexión de servicios públicos eliminando los requisitos que resulten innecesarios.

En cumplimiento de contratos, el Perú aparece en el ranking con el número 119. En esta materia se desea reducir la duración de los procesos judiciales e institucionalizar los juzgados comerciales a nivel nacional, implementar las notificaciones electrónicas, implementar un sistema informático de gestión en el Poder Judicial así como incrementar el número de juzgados. No se ha mencionado pero es pertinente destacar que en este aspecto también se ha promulgado una nueva Ley de Arbitraje y sólo falta extender su empleo como mecanismo obligatorio para resolver todas las controversias derivadas de los contratos con el Estado eliminando la jurisdicción especial que impide aplicar este sistema para superar los conflictos que se suscitan respecto de adicionales de supervisión y de ejecución de obras que superan determinados porcentajes.

Como se sabe, el país tiene una legislación muy avanzada en compras públicas que se reconoce como pionera a nivel mundial y que ha introducido con mucho éxito el arbitraje con el Estado como única vía para solucionar las discrepancias en la adquisición de bienes y en la contratación de servicios, obras y demás prestaciones reguladas por el Decreto Legislativo 1017.

En comercio exterior se buscará culminar la implementación del programa de competitividad aduanera, mejorar y ampliar el sistema de gestión de riesgo, optimizar los procesos de la cadena logística, implementar el proceso de despacho en 48 horas y aumentar el uso de trámites virtuales.

En lo que respecta al pago de impuestos, el país ocupa el puesto 85. En este punto se plantea simplificar el procedimiento, capacitar a los operadores y usuarios, incrementar el uso del sistema virtual, extender el sistema de declaraciones tributarias precompletadas con la información personalizada del contribuyente, implementar un portal especializado y amigable y ampliar la difusión del sistema tributario.

En registro de propiedad finalmente se propone agilizar los trámites de obtención de certificados así como los procedimientos para la venta de propiedades hasta su inscripción en los registros públicos, digitalizar toda la información y extender el uso del pago en línea para el impuesto de alcabala.