DE LUNES A LUNES
El OSCE ha
sacado de la galera una interpretación interesante de un extremo de la última
modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que
soluciona un problema que podía traer lamentables consecuencias. En efecto,
según el Decreto Supremo 138-2012-EF, el sexto párrafo del artículo 19 desde el
20 de setiembre del año pasado dispone que “las entidades preferentemente contratarán
por paquete la elaboración de los estudios de preinversión de perfil,
prefactibilidad y factibilidad, según corresponda, debiendo preverse en los
términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean
considerados en los niveles siguientes.”
Antes de que
entre en vigencia el señalado decreto, el sexto párrafo permitía contratar por
paquete “la elaboración de los estudios de preinversión de perfil,
prefactibilidad y factibilidad, según corresponda, así como la elaboración del
expediente técnico y/o estudio definitivo”, facultad esta última que sin mayor
explicación se eliminó del nuevo texto, en línea, aparentemente, con la idea de
que cada etapa debe tener su espacio y una vez terminada y aprobada recién
entonces es posible enfrentar la siguiente, sobre la base de aquella que acaba
de santificarse, temperamento que procura, es verdad, proteger la inversión
pública pero que no la agiliza ni la hace sintonizar con los tiempos de holgura
y disposición financiera que exigen rapidez en la toma de decisiones y en la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura.
El precepto, sin
embargo, no ha llegado a prohibir –pudiendo haberlo hecho– que se contrate
dentro del paquete la elaboración del expediente técnico o el estudio
definitivo. De esa evidencia se vale la Opinión 044-2013/DTN al sostener que “si
bien el sexto párrafo del artículo 19 del Reglamento recomienda la contratación
por paquete de los estudios de preinversión de un mismo PIP [Proyecto de
Inversión Pública], ello no implica que solo pueda contratarse por paquete
dichos estudios y no los estudios de inversión, toda vez que el quinto párrafo
de este artículo faculta a las Entidades a contratar servicios en forma
conjunta, mediante un proceso de selección por paquete, siempre que tal
contratación resulte más eficiente que realizar contrataciones por separado;
aspecto que compete definir a cada Entidad.”
Acto seguido
acota que “cuando una Entidad decida contratar por paquete la elaboración de
los estudios de preinversión e inversión de un mismo PIP, los términos de
referencia de las Bases del proceso de selección deben establecer en forma
diferenciada la descripción de las características técnicas para la elaboración
de los estudios de preinversión y para la elaboración de los estudios de
inversión.” Y por si fuera poco, el documento agrega, en relación a los
estudios de inversión, que “la obtención de la declaratoria de viabilidad del
proyecto es requisito para la elaboración del expediente técnico y/o estudio
definitivo, debiendo, además, respetarse los parámetros bajo los cuales fue
declarado viable el PIP.”
Ambas exigencias
se inscriben en la necesidad de cautelar la adecuada inversión de los fondos
públicos en el marco de una opción por acelerar los procesos y evitar que se distraiga
el tiempo en trámites administrativos que pueden perfectamente integrarse y
activarse en paralelo sin detener los proyectos ni paralizar las obras.
EL EDITOR