Con licencia para
matar
El
Contralor General de la República, Fuad Khoury, declaró la semana pasada que se
supervisarán 38 obras públicas valorizadas en unos 5,800 millones de soles con
el objeto de detectar actos de corrupción. Dijo también haber descubierto “una
alianza perversa” que comprometería a las entidades y a los contratistas al
punto que se manifestó en contra de las supervisiones, tal como operan en la
actualidad. Se mostró partidario de “traer a una entidad independiente para las
auditorías financieras” y de que la propia Contraloría se encargue de
“seleccionar a los supervisores.”
Genaro
Matute, ex contralor, cuestionó el trabajo de Khoury, al punto que “en los
últimos tiempos se ha sentido la ausencia de la Contraloría”, según refirió.
Criticó igualmente que se esté “corriendo para cubrir los problemas de inacción
de estos cinco años.”
Ese
apresuramiento, empujado por las presiones de los últimos acontecimientos,
puede ser la causa de esas declaraciones del actual contralor en contra del
sistema que regula las contrataciones púbicas en el Perú y que ha demostrado
ser de los mejores en opinión de los expertos internacionales que quisieran
adoptarlo para sus países. Las deficiencias de sus operadores no pueden
atribuirse, por eso mismo, al régimen establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado, promulgada mediante Decreto Legislativo 1017, y en su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, pero cuyas normas fundamentales
se retrotraen varios años atrás, a la Ley 26850 y su primer Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo 039-98-PCM.
La
lucha contra la corrupción debe ser permanente y no estar condicionada a
determinadas señales. Pero no debe, en modo alguno, retrasar el desarrollo del
país. En nombre de esa guerra sin cuartel muchas veces se paralizan las obras y
los proyectos que el Perú necesita para seguir creciendo de manera sostenida.
Desde estas páginas hemos indicado muchas veces que hay fórmulas conocidas para
detectar las irregularidades e ilícitos en los que eventualmente incurren
algunos funcionarios públicos y que pasan por los signos exteriores de riqueza,
el movimiento migratorio y de registros públicos y vehiculares, el movimiento
bancario y contable de las mismas personas en proceso de investigación así como
de sus familiares y de su entorno más cercano.
Confiar
en la Contraloría General de la República la selección de supervisores de obra no
es lo más recomendable. Es más, sería un error. Baste señalar que cuando la
Contraloría revisa los expedientes técnicos de algunos proyectos encuentra deficiencias
y formula observaciones cuestionando las alternativas elegidas en ocasiones por
consultores de reconocida trayectoria en la creencia de que por haber tomado
esas decisiones se está perjudicando al Estado. Imaginemos si con esa misma
lógica, que hemos criticado en este semanario reiteradamente, se empieza a
seleccionar supervisores. No queremos pensar cómo terminarían esas obras.
La
Contraloría juega un importante rol en la supervisión de la correcta ejecución
de los presupuestos públicos y lo hace bien. No debería excederse en sus
funciones constitucionales, sino en comprometerse a realizarlas cada vez mejor.
En ese esfuerzo siempre nos encontrará de su lado. (J.B.)
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