El viernes 6 de setiembre salió publicado en el diario oficial la Resolución de Contraloría 538-2024-CG con la que se constituye una comisión ad hoc encargada de elaborar una propuesta para la mejora del marco legal de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y de la estructura orgánica y funcional de este organismo superior de control. La comisión está conformadas por Mónica Rosell Medina, presidenta del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que la presidirá; así como por Marco Argandoña Dueñas, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial; Luigino Pilotto Carreño, vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control; y Gonzalo Pérez Wicht San Román, secretario general.
Es importante señalar que
también se han designado a ocho expertos que orientarán a la comisión. Ellos son
Jorge Danós Ordónez, Domingo García Belaúnde, Víctor García Toma, Fuad Khoury
Zarzar, Richard Martin Tirado, Carlos Morales Morante, Guillermo Valdivieso
Payva y Ricardo Salazar Chávez.
Como secretario técnico de
la comisión ha sido elegido el señor Juan Torres Prado, del Tribunal Superior
de Responsabilidades Administrativas, encargándose además a la secretaria general
de la Contraloría que preste el soporte que se requiera para su óptimo
funcionamiento y para la consecución del encargo asignado.
La Resolución explica que la
sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de julio recaída en el Expediente
00026-2021-PI/TC (PROPUESTA 855) inciden en el contenido y alcances de las
conductas infractoras materia de responsabilidad administrativa funcional y
permite identificar la necesidad de racionalizar e incorporar mejoras en la
estructura orgánica de la Contraloría, para cuyo efecto se crea esta comisión
que contará con la orientación de expertos de reconocida trayectoria en materia
de derecho administrativo, derecho administrativo sancionador, derecho
constitucional, control gubernamental y gestión pública.
PROPUESTA estima que la
sentencia 193/2024 revela, en los fundamentos que la sustentan, que los informes
que expide la Contraloría y que detectan supuestas y masivas irregularidades podrían
escapar de sus atribuciones y sin embargo son la principal razón por la que los
funcionarios públicos evitan tomar decisiones y el país se paraliza. De esos
informes se desprenden investigaciones fiscales y procesos judiciales que en la
mayoría de los casos comprenden al sector público y privado y que no demuestran
la comisión de ningún delito pero que se inician por un afán represivo y
persecutorio que debería ser reemplazado por una política de incentivos que
aliente a los mejores profesionales a integrarse a la función pública y no que
los ahuyente de ella.
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