Editorial de El Comercio
El pasado lunes 24 el diario El Comercio se
pronunció editorialmente sobre la posibilidad de que los árbitros puedan ser
denunciados por prevaricato. Previamente, el sábado 22 Alfredo Bullard también
se ocupó del asunto en el mismo periódico y en el diario Gestión se publicó un
artículo de nuestro editor el miércoles 26 sobre el mismo tema. Por
considerarlo altamente ilustrativo, PROPUESTA reproduce la opinión del diario
de La Rifa:
Quedan menos de 30 días para que se venza el
plazo que el Congreso otorgó al Ejecutivo para legislar en materia económica y
de seguridad. Durante este tiempo, la sensación general es que el Gobierno ha
hecho pobre uso de sus atribuciones especiales. En algunos casos, incluso, la
premura por emitir los decretos legislativos parece jugar en contra de los
mismos objetivos que se desean alcanzar.
Así, hace algunos días el viceministro de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga Pino, comentó que, con
las facultades mencionadas, el Ejecutivo prepara normas para regular el
arbitraje. En la propuesta, el Gobierno plantea la modificación del Código
Penal para que los árbitros puedan ser incluidos en el delito de prevaricato
–que es en el que incurre un juez o fiscal cuando aplica de forma incorrecta la
ley–. Con esto se buscaría impedir la manipulación de este mecanismo de
resolución de controversias por parte de mafias que aún operan en el país, como
lo hacía la de Rodolfo Orellana.
En principio, una norma que castigue a aquellos
responsables de un delito de estafa suena razonable, y si Orellana se coludió
con ciertos árbitros para cometer actos ilegales, ¿no deberían estos ser
sancionados de la misma manera que los jueces corruptos?
Sí y no. Sí deben ser procesados y sancionados
los árbitros que cometen un delito en su función –como formar parte de una
mafia que usurpa las propiedades de terceros–, y es, de hecho, lo que viene
sucediendo con los de la red Orellana. Sin embargo, ello no significa que se
deba sujetar a los árbitros –personas que no ejercen ninguna función pública– a
los mismos criterios y sanciones que los jueces –quienes tienen un encargo
estatal para administrar justicia–.
Los árbitros son nombrados por las partes
interesadas y no por el Estado, y por tanto no son funcionarios públicos. Si
hubiese irregularidades (como si el laudo dictado por los árbitros fuese
ilegal), existen ya mecanismos para que este pueda ser posteriormente anulado
en el Poder Judicial. Ello no excluye, además, que si los árbitros incumplieron
su obligación frente a las partes, estas puedan demandarlos por los daños
ocasionados. Pero la responsabilidad de los árbitros es siempre solo frente a
los privados.
Resulta entonces un despropósito querer
incorporar el delito de prevaricato a los árbitros en el Código Penal. Las
sanciones de 3 a 5 años de cárcel, como pretende el Ejecutivo, solo
incrementarán la incertidumbre jurídica y asustarán a los árbitros competentes
y honestos, quienes se verían fácilmente presionados o en manos del Poder
Judicial ineficiente y corrompido que, justamente, los privados intentaban
sortear.
La popularidad del arbitraje nace, en parte, de
su celeridad en relación con los procesos judiciales corrientes –un año
aproximadamente frente a los cinco del Poder Judicial–, la posibilidad de
especialización de quienes resuelven las controversias, y las opciones que
tienen las partes de elegir libremente los términos de un proceso comercial o
civil que se ajuste a sus necesidades.
El Poder Judicial, por otro lado, es una de las
instituciones en las que menos confían los peruanos –aproximadamente, 80% de la
población desaprueba su labor–. A la vez, el Foro Económico Mundial la coloca
en el puesto 124 entre 144 países evaluados con respecto a su fiabilidad e
independencia.
Expertos coinciden en que extender procesos y
sanciones reservadas para servidores públicos a agentes privados posiblemente
ralentizará el importante avance y los beneficios que el desarrollo del
arbitraje ha traído al país. El Centro de Arbitraje de la PUCP calcula que esta
modalidad ha venido creciendo a un ritmo de 20% a 30% al año. Por ello,
distorsionar el marco jurídico que posibilita el arbitraje –más predecible y
especializado– atenta directamente contra las inversiones y el crecimiento
económico que el Gobierno quiere promover. El Estado debe castigar a todos los
involucrados en las mafias que han copado instancias de resolución de
controversias, pero hacerlo a costa de ahogar uno de los pocos mecanismos que
han sido útiles para promover la inversión privada solo demuestra la falta de
ideas del Ejecutivo.
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