Con licencia para matar
El contralor general de la República Fuad Khoury
solicitó esta semana que se apruebe el proyecto de ley que había remitido al
Congreso destinado a aumentar las penas aplicables a los delitos de corrupción.
Lo hizo en el marco de la IV Conferencia Anticorrupción Internacional que se
celebra en Lima y que inauguró el presidente del Consejo de Ministros, Juan
Jiménez Mayor, destacando, en su intervención, que el gobierno había
fortalecido la labor de las procuradurías para perseguir de manera tenaz los
delitos de corrupción, aunque advirtió que aún falta avanzar en la aprobación
de iniciativas legislativas orientadas a vigorizar esa lucha.
Todo ello está muy bien. Lo que está mal es que
se diga que en los últimos cuatro años de cuatro mil denuncias por corrupción
se tengan 300 sentencias y de ellas sólo 90 favorables al Estado, para que al
día siguiente el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga aclare que según las
estadísticas que tiene el Poder Judicial hay 900 sentencias y no 300. En
cualquier caso, no está nada bien que se desperdicien tantos recursos humanos y
materiales en promover acciones de control y juicios que no llegan a ninguna
parte o en involucrar innecesariamente a tantos funcionarios en procesos de
determinación de responsabilidades de los que al final, probablemente después
de varios años, salen airosos. ¿Alguien se preocupa de indemnizarlos por el
gasto, el tiempo y el mal rato? Algo, sin duda, está caminando mal y es hora no
de lamentarse sino de corregir.
También está mal que se diga que la corrupción en
el Perú genera pérdidas por 10 mil millones de soles cuando en realidad el
presupuesto del sector público destinado a inversiones y/o gastos de capital,
de conformidad con la Ley 29951, no llega a 22 mil millones. Es imposible que
la corrupción, por grande que fuese, le impida al Estado beneficiarse con un equivalente
al 50 por ciento de este total, cuando año a año se proclama a todos los
vientos que la administración pública, es verdad, no invierte todos los
recursos con que cuenta pero se reporta que los devuelve al tesoro,
cuestionándose siempre su falta de capacidad para gastar. Al parecer también
adolece de capacidad para calcular lo que pierde por malas prácticas, faltas y
delitos.
De hecho, deben perderse sumas significativas
pero que ni por asomo llegan a los 10 mil millones de soles. La sola mención de
esa cifra, más aún en un evento internacional, por el contrario, es capaz de
ahuyentar del país a aquellos inversionistas interesados en venir. Que se
combata a la corrupción con toda energía pero que no se la pretenda presentar
con una fuerza que no tiene. Hay que tener más cuidado. (J.B.)
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