Destrozando mitos

Con licencia para matar

El informe que publicamos la semana pasada en relación a los resultados preliminares del estudio sobre laudos arbitrales realizado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha desatado diversos comentarios. Lo más importante, sin embargo, es que ha destrozado algunos mitos como aquel con el que nos quería hacer creer que el Estado perdía todos los arbitrajes, cuando lo cierto es que prácticamente se encuentra en un empate técnico en el que gana virtualmente lo mismo de lo que pierde, con un detalle adicional, que en el 25 por ciento de los casos gana de punta a punta, es decir, que al final del proceso no se le concede al contratista que eventualmente reclama, absolutamente ninguna pretensión. Esa evidencia ha terminado de silenciar a aquellos enemigos del arbitraje que sostenían que eso de que las entidades pierden lo mismo que ganan es una tautología porque en realidad los contratistas siempre reclaman mucho más de lo que efectivamente quieren. Que no reciban en la cuarta parte de los procesos que inician nada de lo que piden, es una clara demostración de que el Estado no es manco y que se defiende muy bien. Punto para los procuradores públicos y para los abogados de las distintas entidades que pese a la carga procesal que soportan, llevan adelante una gran cantidad de arbitrajes de la mejor manera.

En nuestra última edición también apuntamos que no debería llamar la atención que en el 95 por ciento de los casos las entidades sean las demandadas y que sólo en el 5 por ciento de los casos lo sean los contratistas. Lo que sucede, como también lo dijimos, es que para los contratistas el arbitraje es el único recurso que tienen para intentar defenderse cuando el Estado abusa de ellos. En cambio las entidades, cuando entienden que sus proveedores no cumplen con sus respectivos contratos, primero les aplican penalidades, después les resuelven los contratos y finalmente les ejecutan sus fianzas y les promueven procesos sancionadores en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Está claro que las entidades no necesitan ir a un arbitraje para hacer valer sus posiciones, salvo en un porcentaje muy pequeño, cuando por ejemplo han agotado todos sus otros recursos y quieren liquidar el contrato y cerrar el expediente. (J.B.)