No hay que ahuyentar a los inversionistas

Con licencia para matar

El contralor general de la República Fuad Khoury solicitó esta semana que se apruebe el proyecto de ley que había remitido al Congreso destinado a aumentar las penas aplicables a los delitos de corrupción. Lo hizo en el marco de la IV Conferencia Anticorrupción Internacional que se celebra en Lima y que inauguró el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, destacando, en su intervención, que el gobierno había fortalecido la labor de las procuradurías para perseguir de manera tenaz los delitos de corrupción, aunque advirtió que aún falta avanzar en la aprobación de iniciativas legislativas orientadas a vigorizar esa lucha.

Todo ello está muy bien. Lo que está mal es que se diga que en los últimos cuatro años de cuatro mil denuncias por corrupción se tengan 300 sentencias y de ellas sólo 90 favorables al Estado, para que al día siguiente el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga aclare que según las estadísticas que tiene el Poder Judicial hay 900 sentencias y no 300. En cualquier caso, no está nada bien que se desperdicien tantos recursos humanos y materiales en promover acciones de control y juicios que no llegan a ninguna parte o en involucrar innecesariamente a tantos funcionarios en procesos de determinación de responsabilidades de los que al final, probablemente después de varios años, salen airosos. ¿Alguien se preocupa de indemnizarlos por el gasto, el tiempo y el mal rato? Algo, sin duda, está caminando mal y es hora no de lamentarse sino de corregir.

También está mal que se diga que la corrupción en el Perú genera pérdidas por 10 mil millones de soles cuando en realidad el presupuesto del sector público destinado a inversiones y/o gastos de capital, de conformidad con la Ley 29951, no llega a 22 mil millones. Es imposible que la corrupción, por grande que fuese, le impida al Estado beneficiarse con un equivalente al 50 por ciento de este total, cuando año a año se proclama a todos los vientos que la administración pública, es verdad, no invierte todos los recursos con que cuenta pero se reporta que los devuelve al tesoro, cuestionándose siempre su falta de capacidad para gastar. Al parecer también adolece de capacidad para calcular lo que pierde por malas prácticas, faltas y delitos.

De hecho, deben perderse sumas significativas pero que ni por asomo llegan a los 10 mil millones de soles. La sola mención de esa cifra, más aún en un evento internacional, por el contrario, es capaz de ahuyentar del país a aquellos inversionistas interesados en venir. Que se combata a la corrupción con toda energía pero que no se la pretenda presentar con una fuerza que no tiene. Hay que tener más cuidado. (J.B.)

La corrupción florece donde la libertad se marchita

DE LUNES A LUNES

En circunstancias en que la corrupción se extiende, según se dice, por todo el mundo, noticias como la de un vagabundo que devuelve una bolsa con 42 mil dólares en la ciudad de Boston, son realmente alentadoras. Demuestran que no todo está perdido o que en realidad la situación no es como la pintan algunos. Lo mejor de todo es que el personaje de esta historia, Glen James, ha experimentado un cambio radical en su vida, pues más de 4 mil personas en los Estados Unidos, conmovidas con su gesto, han efectuado donaciones a su favor por una cifra que ya supera los 110 mil dólares, lo que significa otro hito: que una recompensa, pues de alguna manera hay que llamarla, haya superado en más del doble al monto devuelto. El relato adquiere visos de leyenda por tratarse, como queda dicho, de un vagabundo que vive en la calle desde el año 2005 y a quien, a juzgar por lo que refiere el cable de la BBC y por lo que resulta obvio, le habría venido muy bien quedarse con el dinero que incluía 2 mil 500 dólares en efectivo y el saldo en cheques de viajero.

Justo es reconocer el rol de Ethan Whittington, de 27 años, que impresionado por el hecho no dudó en comenzar la colecta por internet a través de una plataforma de crowd-funding, como se llaman las webs de recolección de fondos por vía electrónica. Mención especial merecen, igualmente, aquellos anónimos colaboradores que igualmente se han sentido impactados por la honestidad de Glen James quien ni bien alertó a la policía sobre el hallazgo declaró que en ningún instante pensó en quedarse con un solo centavo, lo que dice mucho de la elevada moral de este antiguo empleado judicial.

Que el ejemplo de Boston sea el que se extienda por el mundo y que la lección de James sea asimilada por aquellos que tienen lo que él no tiene y mucho más y, sin embargo, empeñan fuertes sumas de dinero en comprar conciencias y en buscar por medio de malas artes aquello que no podrían alcanzar actuando correctamente.

Para que ello sea posible, no bastan, sin duda, relatos como éste. Es indispensable que las autoridades, la prensa seria y responsable y los gremios y asociaciones así como la comunidad en su conjunto se pongan alertas y se denuncie todo aquello que marcha por el camino equivocado. Mientras más controles ciudadanos haya, menos corrupción habrá. No hay que olvidar que la corrupción florece allí donde la libertad se marchita.

EL EDITOR

Lecciones de prudencia

Con licencia para matar

Muy cierto es aquello de que un peruano en el exterior es –debe ser, es lo correcto– un permanente embajador del país, un defensor de sus riquezas, de su patrimonio y aunque parezca una proclama patriótica, de su pasado, de su presente y de su futuro. Por eso mismo no deja de sorprender que todavía subsistan conciudadanos que en el extranjero despotrican del Perú, hablan mal de otros peruanos y desalienten, quizás sin querer, a aquellos inversionistas o simples turistas que podrían estar interesados en visitar el país.

Si hay algunas malas prácticas que combatir dentro del Perú pues eso corresponde a los peruanos y a nadie más y el combate tiene que darse dentro de las fronteras nacionales y no afuera de ellas, porque afuera el país debe verse como un puño, como un conjunto de ideales comunes puestos en funcionamiento colectivo. La ropa sucia se lava en casa y no en la de la visita porque eso además de perjudicar gravemente a quien lo propicia, mostrándolo falto de tino y de prudencia, también pone en evidencia que no existe una buena tintorería en el domicilio propio, capaz de limpiar y desterrar las costumbres incorrectas o de reducirlas a su mínima expresión.

Hay ciudadanos de otras naciones que han aprendido muy bien esta lección y en los eventos internacionales no pronuncian ninguna palabra en contra de sus respectivos países aún en los casos en los que las malas prácticas hayan escalado posiciones que lindan con el escándalo. En tales circunstancias no son habitualmente los delegados de esos países, sino la prensa de esos mismos países o de otros, la que se encarga de difundir tal situación. La excepción a la regla, sin duda, se presenta en esos extremos, cuando el país vive sin libertades, cuando no rige el Estado de Derecho y cuando las dictaduras se han encaramado en el poder.

Ese, desde luego, no es el caso del Perú. Y, sin embargo, hay peruanos que no hablan bien de su país en el extranjero. Habría que darles algunas urgentes lecciones no de patriotismo sino de prudencia.

Exitosa celebración del centenario de FIDIC

El proyecto peruano del Tren Eléctrico fue exhibido entre los mejores trabajos del siglo

Desde Madrid.- Con rotundo éxito acabó en Barcelona el Congreso Internacional convocado por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) conmemorando su primer centenario. Las celebraciones en realidad empezaron el sábado 14 con una cena a la que asistieron las autoridades del gremio encabezadas por el presidente Geoff French. Siguió el domingo con una extraordinaria bienvenida en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El lunes arrancó formalmente el evento en el que se abordaron todos los temas que adelantamos en PROPUESTA 336 para terminar con una cena típica en el Pueblo Español. El martes continuaron las plenarias y acabó el día con la cena de gala en el espectacular Palacio de Sant Jordi que albergó a los Juegos Olímpicos de 1992, que culminó con juegos artificiales y en cuyo curso se dio cuenta de los proyectos que participaron en el Premio Centenario entre los que cabe mencionar al Tren Eléctrico de Lima, único trabajo sudamericano en el cónclave, lo que dice mucho sobre la trascendencia de este proyecto presentado por la Asociación Peruana de Consultoría y elaborado por la firma peruana Cesel S.A

El miércoles 18 se desarrollaron diversas conferencias y la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC), que preside el mexicano Reyes Juárez del Ángel, al igual que otros organismos regionales, celebró una reunión de Comité Ejecutivo y una Asamblea General, eventos en los que participaron los delegados asistentes así como su nueva secretaria general, la peruana Valeria Leveratto, y en los que nuestro editor expuso sobre la situación de la Federación que tiene su sede en Lima y que acaba de regularizar en los Registros Públicos toda su documentación legal.

En horas de la tarde se realizó la Asamblea General de FIDIC en cuyo desarrollo asumió oficialmente la presidencia del gremio el español Pablo Bueno, anfitrión como sus demás compatriotas del congreso. Se integraron igualmente al Comité Ejecutivo tres nuevos directores procedentes de Marruecos, Estados Unidos e India que fueron proclamados al cabo de una reñida votación en la que participaron todos los países representados en Barcelona así como aquellos otros que enviaron sus cédulas de sufragio por correo dentro de los plazos establecidos.

En lo que a nosotros se refiere, la cita terminó el miércoles con una amena y concurrida comida en el Real Club de Polo ofrecida por Tecniberia, la asociación española de consultores, a los asistentes hispano parlantes. Al día siguiente volvimos a Madrid desde donde escribimos estas líneas.

Facilidades y obstáculos

Que la Contraloría General de la República, que es una institución técnica muy especializada y que sólo alcanza a un porcentaje bastante reducido de conciudadanos, aparezca en una reciente encuesta de Ipsos Perú y del diario El Comercio, en el quinto lugar entre las instituciones que más desconfianza generan, es una señal alarmante. Obtiene nada menos que un 67 por ciento de desconfianza sólo superaba por los partidos políticos, el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que constituyen, como podrá advertir fácilmente el lector, entidades que están mucho más cerca de la población y cuyas acciones influyen más decisivamente sobre todos los ciudadanos.

Entre las instituciones que, por el contrario, sí despiertan la confianza ciudadana figuran la radio, la Iglesia Católica y el Reniec con porcentajes de aprobación del orden del 67, 65 y 59 por ciento, respectivamente. En buena hora por la radio que se ha convertido en el refugio de algunos líderes de opinión y que tiene una gran cobertura nacional. Lo mismo puede decirse de la Iglesia Católica que congrega a una feligresía leal y permanente a la que transmite un mensaje especial cada domingo. El Reniec, año a año, pone de manifiesto que hay entidades públicas que pueden manejarse como si fuera una empresa privada y pueden tener éxito.

Les siguen a continuación el INEI, otra entidad del Estado que siempre figura en buen nivel y cuyas estadísticas e informes son fuente de obligatoria consulta, la televisión, que tiene cada vez mayor alcance, las empresas privadas, que generan un fuerte y merecido respaldo ciudadano, el Banco Central de Reserva, conducido técnicamente, la ONPE, otra entidad pública, las empresas encuestadoras que emplean criterios eminentemente profesionales y que trabajan sobre muestras y con procedimientos altamente confiables, la Defensoría del Pueblo, atenta a las reclamaciones ciudadanas, y la SUNAT.

Precisamente en lo que a la SUNAT se refiere cabe señalar que no está facilitando los trámites que hacen aquellas personas naturales o jurídicas que desean inscribirse para obtener un Registro Único de Contribuyentes. PROPUESTA acaba de ser testigo de excepción de una prolongada gestión realizada por una asociación gremial de carácter internacional y obviamente sin fines de lucro, fundada en el Perú hace muchos años y que ha acordado hace ya algún tiempo abrir operaciones y cuentas en Lima y a la que sin embargo se le han creado toda clase de obstáculos para lograr su cometido, en complicidad, para ser justos, con la Oficina Nacional de los Registros Públicos que también puso algunos inconvenientes en el camino. Por fortuna los superó todos pero corrió el riesgo de que sus dirigentes cambien de planes y decidan llevarse su gremio a otro país donde encuentren menos dificultades.

Instituciones como la SUNAT deberían saber que están para darle facilidades a quien está interesado en registrarse y en tributar y no para crearle obstáculos e inconvenientes. Como si al país le sobrase el dinero y no necesitase de los demás. Algo similar se puede decir de la Contraloría que no por nada es percibida por una gran mayoría de encuestados como una institución que no despierta la confianza que debería generar en el cumplimiento del rol de cautelar la correcta inversión de los fondos públicos que la Constitución le encomienda.

El compromiso de sincerar los arbitrajes

DE LUNES A LUNES

Desde Barcelona, España (Después de asistir a las ceremonias de bienvenida por el Centenario de FIDIC).- En el último Congreso Internacional de Arbitraje de la PUCP me tocó participar en una mesa sobre indemnización al contratista por daños y perjuicios. En una versión anterior del mismo evento intervine en un panel concentrado en la defensa de los intereses del Estado en la contratación pública. Está claro que esta vez tuve que estar al otro lado del mostrador. Ello, no obstante, cuando estuve en el lado de las entidades admití que a sus procuradores y abogados les correspondía, en el arbitraje, lidiar con el toro más bravo. En efecto, a ellos les toca asumir el patrocinio de la parte que es demandada por un proveedor que sabe de sobra que el proceso que enfrenta representa un costo importante y que por eso mismo de ordinario sólo lo inicia cuando tiene serias posibilidades de éxito.

El tema de la indemnización al contratista no está muy extendido. Se tiene la falsa impresión de que todos los proveedores abusan del Estado y quieren vivir a sus expensas. Eso no es cierto. Por lo menos, en la mayoría de los casos, como lo han demostrado ya varios estudios especializados. Hay muchos contratistas, más de los que se cree, que cumplen con sus obligaciones y honran sus contratos. Aquellos postores recurren a la vía arbitral sólo en aquellos casos en los que se les debe importantes sumas de dinero a las que no pueden renunciar. El negocio de esos contratistas no es litigar con el Estado. Muchas veces preferirían llegar a alguna suerte de acuerdo o transacción con tal de no encontrarse involucrados en un proceso para el que no están preparados. Su negocio es proveerle a las entidades los bienes y servicios que requieren o ejecutar para ellas las obras que necesitan.

Si las reparticiones de la administración pública tuvieran efectivas posibilidades de conciliar montos y deudas con sus contratistas no habría el número de arbitrajes que se dice que hay y que a juicio de algunos constituye una cantidad muy elevada cuando en realidad no lo es. Sin perjuicio de eso, el compromiso de este semanario es sincerar los arbitrajes. Que lleguen a esa instancia definitiva sólo las discrepancias que no han podido ser resueltas a través de otros mecanismos de solución de conflictos tales como la conciliación, la negociación asistida o el peritaje a los que hacía referencia el artículo 134 del auroral Reglamento de la primera Ley de Contrataciones 26850, aprobada mediante Decreto Supremo 039-98-PCM, instituciones que, por cierto, aun cuando no se hayan reproducido en las normas que se han expedido en su reemplazado, tampoco han sido proscritas como para señalarse que no se puede optar por alguna de ellas.

Esa evidencia no quita que cuando el perjudicado sea el contratista, porque por ejemplo no se le paga lo que se le debe, necesariamente tenga que ser resarcido no sólo con el pago de la deuda sino también con los intereses y fundamentalmente con la indemnización que le corresponda y que debe calcularse considerando todos los gastos en los que ha debido incurrir y todo el costo de oportunidad que ha perdido y que los economistas calculan de acuerdo a algunas fórmulas sobre las que se podrá discutir el detalle pero no su procedencia. En ese esfuerzo también estamos porque forma parte del objetivo de sincerar estos procesos.

EL EDITOR

Nuevo Reglamento del SNA

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ha publicado en su portal el Anteproyecto de Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE para que todos los interesados le hagan llegar sus comentarios. Incluso hay un formato para sugerir las modificaciones que uno estime pertinente. Es un esfuerzo importante por actualizar el Reglamento anterior que tiene cerca de diez años y que se había aprobado pensando en que las conciliaciones también podían hacerse en el antiguo CONSUCODE. En la nueva regulación desaparecen el Colegio de Arbitraje Administrativo y las secretarías técnicas de Conciliación y de Arbitraje. En adelante encabezará el SNA el Director de Arbitraje Administrativo del OSCE que se conducirá como secretario del sistema. Tendrá el apoyo, como hasta ahora, de los secretarios arbitrales.

Entre las funciones del secretario del SNA se consignan las de dirigir el sistema, encargarse personalmente o a través de los secretarios arbitrales de la tramitación de los procesos que se llevan allí, recibir y darles trámite a los escritos y remitir las notificaciones y comunicaciones a partes, árbitros y otras personas que intervienen en el proceso, velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, efectuar evaluaciones y adoptar las decisiones que correspondan en cada proceso, revisar los escritos de demanda, contestación y/o reconvención y solicitar las subsanaciones a que haya lugar, realizar liquidaciones de gastos, resolver cuestionamientos y alegaciones sobre pagos, reajustes y devoluciones, pronunciarse sobre la interpretación del Reglamento en materias de su competencia, establecer lineamientos para su interpretación, decidir sobre la competencia del SNA y sobre la consolidación de procesos, proponer a la presidencia designaciones y reajustes a la tabla de honorarios arbitrales así como emitir constancias y certificados sobre actuaciones arbitrales.

En lo que respecta a las comunicaciones con los árbitros hay en el anteproyecto un tratamiento especial que prioriza las coordinaciones a través del correo electrónico, vía que empleará la secretaría del SNA para remitirles escritos y anexos presentados por las partes, salvo en los casos en que resulta más conveniente hacer el envío personal. Por esta misma vía los árbitros deberán dejar constancia de la recepción de las comunicaciones y de comunicar sus disposiciones.

Durante el transcurso de las actuaciones arbitrales, las partes, los árbitros, los secretarios, los peritos, testigos, traductores y otras personas que intervengan en el proceso, están obligados a guardar reserva sobre todos los asuntos e información relacionada con el arbitraje. Sólo una vez concluidas las actuaciones, el laudo será público, manteniendo todas las demás actuaciones carácter confidencial. El documento advierte que esta reserva no rige si ambas partes autorizan la divulgación de cualquier pieza del proceso, cuando sea necesario hacer pública alguna información en atención de una exigencia legal, en caso de ejecución del laudo o de interposición del recurso de anulación, cuando un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa, dentro del ámbito de su competencia, solicite la remisión de los actuados a la secretaría del SNA, al árbitro único o al tribunal arbitral. Adicionalmente, una vez emitido el laudo, la secretaría se encuentra facultada para sistematizar y estructurar criterios jurisprudenciales sobre la base de los laudos expedidos y, en su caso, disponer que se publiquen íntegra o parcialmente.

Según el anteproyecto el tribunal funcionará con la concurrencia de la mayoría de árbitros, salvo para laudar, y podrá delegar en uno o dos de sus miembros la realización de determinadas actuaciones. Si alguno rehúsa participar en las actuaciones o no asiste reiteradamente a las deliberaciones del tribunal, los otros árbitros, una vez que hayan comunicado dicha situación a las partes y al árbitro renuente, están facultados para continuar el proceso y dictar cualquier decisión o laudo, sin su participación, salvo acuerdo distinto de las partes. La decisión de continuar sin el árbitro renuente debe ser comunicada a la secretaría del SNA. Cualquiera de las partes podrá solicitarle la remoción del árbitro en cuestión y en tal caso para su sustitución se seguirá el mismo procedimiento empleado para la designación del renuente. En esa eventualidad, todas las resoluciones y el propio laudo se dictarán por mayoría de votos. Si no hubiere mayoría, decide el voto del presidente del tribunal.

El documento reitera que los árbitros pueden abstenerse o inhibirse de votar al momento de laudar pero están obligados, de ser el caso, a expresar y sustentar su opinión discrepante, la que será notificada a las partes junto con el laudo. Se entiende que el árbitro que no firma el laudo ni emite una opinión discrepante se adhiere a la decisión en mayoría o a la del presidente, según corresponda.