DE LUNES A LUNES
Uno de los motivos por los que el país tiene muchas
obras paralizadas es que no se toman decisiones en materia de contrataciones
públicas. Habitualmente hay solicitudes de ampliación de plazo, mayores gastos
generales, penalidades y otras que nadie resuelve por el comprensible temor de
que cualquier decisión que se adopte pueda ser cuestionada, pueda iniciar un
proceso de determinación de responsabilidades y llegar hasta una investigación
fiscal que muy fácilmente deriva en un juicio que comprometerá varios años y
pulverizará los ahorros destinados a una jubilación sin sobresaltos que no se
llega a gozar.
El profesional así amenazado no solo es el funcionario
público que debe resolver la reclamación que se le formula y al que algunas
personas critican sin fundamento. También es el proyectista a quien se le
plantea la modificación de su diseño, el supervisor al que se le propone el
cambio de una cantera o de una especificación técnica o el propio constructor
que debe ejecutar mayores metrados o modificar algunas partidas.
Es el colmo que se convoquen procedimientos de
selección muy rigurosos y que el personal que se ofrezca para el desarrollo de
las prestaciones deba tener experiencias muy específicas y amplios estudios
sobre una determinada especialidad para que después otros profesionales que no
están preparados para ejecutar esas labores terminen revisando, cuestionando y
corrigiendo sus decisiones. Sobre la base de estas observaciones empiezan los
procedimientos que ponen a esos profesionales de amplia trayectoria contra las
cuerdas y frente a riesgos totalmente absurdos que lógicamente no quieren
enfrentar. Como consecuencia de ello tenemos más obras paralizadas y más
investigaciones fiscales que desencadenan procesos judiciales que en la gran
mayoría de los casos concluyen, al cabo de varios años, declarando la inocencia
de los acusados a quienes nadie les devuelve el tiempo ni el dinero perdido.
La paralización de las obras se suele atribuir a la
falta de presupuestos o a la asignación insuficiente de financiamiento, a las
deficiencias y omisiones que pueden presentar los expedientes técnicos y, desde
luego, a actos de corrupción que involucran a menudo a funcionarios públicos y
a contratistas. También se debe a incumplimientos contractuales y a hechos
imprevisibles como interferencias no detectadas, eventos climáticos inesperados
y conflictos sociales como bloqueo de carreteras, huelgas y movilizaciones
diversas. Pero la falta de decisiones progresivamente ha empezado a adquirir
más relevancia hasta llegar a un punto en el que los operadores del sistema
discrepan: Los contratistas reclaman y las entidades estiman que lo mejor es no
decidir.
En el medio, la libertad profesional queda en
entredicho porque lo que un ingeniero o un arquitecto determinan en uso de sus
prerrogativas es cuestionado sistemáticamente por la autoridad que no se atreve
a aprobar sus propuestas. En su lugar, pretende encarrilarlos en el marco de
regulaciones que se aplican generalmente a otras realidades y no a las que son
materia de análisis que presentan variaciones considerables en el terreno, en
su composición y en los riesgos a los que están expuestas.
La solución está en utilizar las fórmulas más idóneas
para cada realidad de acuerdo al criterio de cada profesional que para eso es
elegido por sus amplios conocimientos y su dominio de la especialidad y,
sobretodo, en respetar su decisión y no someterla al escrutinio de quienes no
tienen las calificaciones para hacerlo. Si se opta por un proyectista, a través
de un proceso serio y exigente, no se puede desconfiar de lo que este diseña,
salvo que se adviertan imprecisiones y deficiencias que saltan a la vista pero
que por cierto no es frecuente, cuando se ha actuado con la diligencia debida.
El control que no debe desdeñarse tiene que centrarse
en verificar que se haya invertido adecuadamente los montos previstos para cada
proyecto. Que se haya pagado lo estipulado en el contrato y que las variaciones
y ampliaciones que éste experimente hayan sido aprobadas por los órganos
competentes. Mientras el control quede acotado y se practique correctamente disminuirá
notablemente la criminalización absurda de la contratación pública y por
consiguiente habrá también menos obras paralizadas.
La corrupción debe ser perseguida y sancionada con
todo el peso de la ley pero en su nombre no se pueden perpetrar abusos ni
someter a profesionales de amplia experiencia y seriedad comprobada a
investigaciones y procedimientos que ponen en tela de juicio su idoneidad y su
honestidad. Un experto no recomienda una determinada solución técnica con el
objeto de proporcionarle algún beneficio a un contratista, lo hace para
garantizar la seguridad del proyecto en el que está involucrado. De ahí la
importancia de seleccionar adecuadamente a quienes se va a encargar el diseño
de una obra, su supervisión y su construcción.
Ricardo Gandolfo Cortés
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