Ejecución y pago de mayores metrados

Mediante la Opinión 167-2018/DTN el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado absuelve las consultas formuladas por el representante legal común del Consorcio Coinscel-Oist sobre la ejecución y pago de mayores metrados en los contratos de obra bajo el imperio de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1341, y de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 056-2017-EF.

La primera inquietud que el señalado consorcio solicita aclarar se refiere al inciso 10 del artículo 175 del Reglamento en el extremo en que exonera a los mayores metrados en los contratos de obra de la autorización previa a su ejecución, más no para su pago, condicionado, como se sabe, a que no se supere el quince por ciento del monto originalmente pactado. La duda radica en que si esa aprobación de la que se libera al contratista es la que emite la entidad quedando por tanto subsistente la necesidad de contar con la aprobación de la supervisión.

Al contestar, la Dirección Técnico Normativa recuerda que el sistema de precios unitarios se aplica en las contrataciones de bienes, servicios y obras en las que no se puede conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. En el caso de obras, por eso, el postor formula su oferta con precios unitarios, considerando las partidas y condiciones previstas en las bases, planos y especificaciones técnicas así como la información referencial que se le proporciona y que finalmente se valoriza en función a su ejecución real en un determinado plazo, según lo preceptuado en inciso 2 del artículo 14 del Reglamento. Se sabe lo que se necesita pero no el metrado que, de acuerdo al Anexo de Definiciones del mismo Reglamento, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad de medida establecida.

Cuando se superen los metrados referencialmente consignados en el expediente técnico de la obra se genera lo que se denomina el “mayor metrado”, considerado, en el mismo Anexo, como el incremento del previsto inicialmente en el presupuesto para una determinada partida “que no provenga de una modificación del expediente técnico.”

El pronunciamiento indica, citando el inciso 10 del artículo 175 del Reglamento, que “el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función”, infiriendo de allí que la liberación que se hace respecto a la autorización previa a la ejecución de ese mayor metrado es la que prestaría también el mismo titular de la entidad o quien haya recibido esa tarea. Acto seguido, sin embargo, el OSCE analiza si la ejecución de los mayores metrados, pese a no requerir de autorización previa del titular de la entidad, se encuentra sujeta a algún tipo de evaluación o si, por el contrario, el contratista es quien a su libre albedrío la determina de manera directa, escenario, este último, que abriría la posibilidad para que no se pueda realizar un adecuado control de las condiciones para su configuración, para que se modifique el expediente técnico o para que se disfrace como mayores metrados lo que podrían ser otras prestaciones sin ningún tipo de sustento o justificación técnica, elevándose el presupuesto en forma arbitraria o escondiendo el afán de remediar algún error de cálculo o de construcción que le sea imputable.

En atención a lo expuesto, el documento colige que si bien la normativa dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita la aprobación previa del titular de la entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, sí se necesita verificar que efectivamente concurren las condiciones que se requieren para que proceda, comprobándose además que no se está utilizando esa figura de manera irregular o con el fin de evadir las disposiciones aplicables para el caso de las prestaciones adicionales de obra.

Merece destacarse que para el Organismo Supervisor en los mayores metrados la ejecución de la partida está comprendida en el expediente técnico aunque en una cantidad menor a la finalmente requerida, mientras que en la prestación adicional la partida no se encuentra comprendida en el expediente técnico.

La DTN trae a colación el artículo 160 del Reglamento en cuya virtud la entidad controla los trabajos que realiza el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. El artículo 164 agrega que el supervisor o inspector o el residente, según corresponda, deben anotar en el cuaderno de obra los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución. Sin ninguna duda, el residente debe anotar la necesidad de ejecutar mayores metrados a efectos de sustentar con ello su posterior ejecución y la ampliación de plazo que eventualmente solicite, de conformidad con el inciso 3 del artículo 169.

En esa línea y en cumplimiento de sus funciones, el supervisor o inspector tendrá que revisar la anotación efectuada por el residente, verificar que los mayores metrados reúnan los requisitos y condiciones necesarios para su configuración y que además no superen los topes previstos en los artículos 175 y 176 del Reglamento, aplicables a las prestaciones adicionales de obra que pueden ser aprobadas directamente por la entidad hasta el quince por ciento del monto pactado y que necesitan de la autorización previa de la Contraloría General de la República por encima de ese porcentaje y que también se aplica a los mayores metrados, según el inciso 10 del artículo 175.

Una vez efectuada la revisión y de encontrarse todo conforme a ley, “el supervisor o inspector deberá dejar constancia de ello inmediatamente a través, por ejemplo, de una anotación en el cuaderno de obra con lo cual el contratista podrá iniciar la ejecución de los mayores metrados.” La opinión incluye así una obligación que no estaba expresamente contemplada en la normativa, pero que puede parecer obvia, es cierto, y sugiere que el resultado de esa constatación puede comunicarse a través del cuaderno de obra que es el medio natural empleado para estos efectos.

Queda por definirse si esa labor de verificar la procedencia de los mayores metrados constituye una prestación adicional para el supervisor de la obra que exigirá de un personal no previsto originalmente para su atención o de un mayor tiempo de dedicación del propio personal asignado al servicio. En cualquier caso, queda claro que para el supervisor o inspector esa tarea le generará mayores costos que habrá que retribuírselos en el entendido de que él también tiene un contrato a tarifas sujeto al tiempo que dure.

Una segunda pregunta que se consulta es si el pago del mayor metrado se hace a través de la valorización del mes en que se ejecuta, que requiere de la previa autorización del titular de la entidad o de la persona a quien se le hubiere delegado dicha función, o si, en cambio, se hace a través de una valorización independiente.

La respuesta parte afirmando que según los incisos 1 y 2 del artículo 166 del Reglamento, las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad para luego añadir, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Al hacerse en función de lo realmente ejecutado, incluyen naturalmente a aquellos mayores metrados que se hubieren producido. Por tanto, no se requiere de una valorización aparte.

Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, los incisos 5 y 6 del mismo artículo finalmente disponen que éste la efectúa y el inspector o supervisor revise los metrados durante el período de aprobación de la valorización, que para ciclos de facturación mensual es de cinco días hábiles contados desde el primer día hábil del mes siguiente. La entidad, a su vez, debe cancelarla antes de que se acabe ese nuevo mes. Para ciclos de facturación distintos, las bases deben establecer los respectivos plazos.