En artículos anteriores hemos reiterado la necesidad de modificar la
definición de “consultoría de obra” que trae el anexo incorporado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo 350-2015-EF, a fin de incluir a todos los estudios vinculados a una
obra. El motivo es simple y transparente: evitar que esta clase de procesos se
adjudiquen a ofertas manifiestamente ruinosas o temerarias que se presentan con
precios abiertamente insuficientes. Como los márgenes de protección previstos
en el artículo 28.2 de la Ley están reservados para los casos de ejecución y
consultoría de obras, hay que abrir este último concepto para que diga lo
siguiente: “servicios profesionales
altamente calificados para la elaboración de estudios de preinversión y del
expediente técnico así como para la supervisión de esos servicios y de la
ejecución de la obra, incluido su mantenimiento y operación.”
Hay entidades que convocan estos procesos como si fueran de servicios y
otorgan la buena pro al postor que ofrezca el precio más bajo, sin ninguna
limitación. Es verdad que el artículo 28.1 de la Ley de Contrataciones del
Estado faculta a la entidad a rechazar las propuestas que le susciten dudas
razonables sobre su cumplimiento. Esa prerrogativa, sin embargo, sólo puede
emplearse después de haberle solicitado al respectivo postor “la descripción a
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta” lo que por cierto
hará como sea, como gato panza arriba, hemos dicho, porque de esa sustentación
dependerá que se le adjudique o no el contrato.
Como si ello no fuera poco, también es verdad que muy pocos
funcionarios se van a atrever a desechar una propuesta aun cuando esté por
debajo del denominado valor estimado, pues más temprano que tarde les caerá su
propio órgano de control exigiéndoles que expliquen las razones por las que no le
otorgaron el proceso a un postor con una oferta menos onerosa para el Estado. Para
no encontrarse involucrados en esos problemas que pueden derivar en acciones
judiciales, las autoridades preferirán adjudicar los contratos como si fueran
subastas. Y eso no se quiere, cuando menos para los estudios que son la base
sobre las que se edifica la infraestructura del país.
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