El viernes 12 de setiembre el parlamentario
Gustavo Rondón Fudinaga de Solidaridad Nacional presentó al Congreso de la
República el Proyecto de Ley N° 3801/2014-CR con el objeto de establecer la
colegiación como requisito obligatorio para el ejercicio profesional en el
sector público y privado. En la exposición de motivos se admite que la
Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la libertad del trabajo
con sujeción a la ley y el libre ejercicio profesional con ciertas restricciones,
entre las que se encuentra la colegiación obligatoria para las disciplinas
señaladas expresamente por la ley.
El proyecto recuerda que se han expedido leyes de
creación de diversos colegios profesionales que establecen en forma imperativa
que sólo los colegiados, inscritos y habilitados, pueden ejercer esas
disciplinas en el país a fin de no incurrir en el ejercicio ilegal que el
Código Penal sanciona como acto ilícito.
El autor cita al constitucionalista Marcial Rubio
Correa quien afirma que los colegios cumplen una función de representación y
organización de los profesionales según sus especialidades y garantizan –a la
sociedad se entiende– que tienen los estudios, títulos y calificaciones
necesarias para ejercerlas.
El documento refiere que algunos gobiernos
regionales han dispuesto, a través de distintas ordenanzas, el requisito de la
colegiación obligatoria para todos los profesionales que ejerzan sus
especialidades en sus respectivas circunscripciones lo que no se condice con lo
preceptuado en el Decreto Ley 25873 que consagra el libre ejercicio de las
profesiones universitarias liberales en todo el territorio nacional para cuyo
efecto sólo se exige la inscripción en un colegio departamental.
El congresista Rondón busca uniformizar las
normas y, en concordancia con la Constitución, exigir la colegiación para todas
las profesiones así como la habilitación para el ejercicio de ellas, lo que
equivale a estar al día en sus cotizaciones. Al mismo tiempo, deja sin efecto
las regulaciones regionales y dispone que basta la inscripción en un colegio
departamental o regional para que se pueda ejercer en todo el territorio
nacional en consideración, aunque no se diga, al carácter unitario de la
república. El objetivo final, declarado en el proyecto, es el de erradicar el
ejercicio ilegal de las profesiones, en el sector privado y en el sector
público, en el ejercicio independiente, corporativo o dependiente.
El proyecto también otorga facilidades para la
colegiación y habilitación exonerando a los interesados de multas, intereses y
otras cargas. Estipula que en adelante la expedición de constancias o
certificados de habilidad será a título gratuito para los agremiados y a costos
razonables para los particulares.
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