DE LUNES A LUNES
Cuando
el funcionario de una entidad se confabula con un proveedor para inventar
obligaciones y esquilmar los fondos públicos perpetran sin ninguna duda un
delito. Si se valen de un arbitraje para darle cierto viso de legalidad no
cambia la figura ni deja de ser un ilícito el que cometen. Los árbitros que,
sabiéndolo, se prestan para esa patraña, son cómplices de ella. Sin embargo,
eso en lo que incurren no es un arbitraje. Es cualquier cosa, menos eso.
El
arbitraje es un mecanismo rápido y eficaz de solución de una controversia. Y
controversia existe allí donde hay dos posiciones antagónicas que pugnan por
prevalecer una por encima de la otra. Cuando el funcionario y el contratista
actúan de manera ilegal y de mutuo acuerdo, no hay controversia, sino todo lo
contrario, contubernio, complicidad, confabulación. Ambas partes empujan en la
misma dirección sosteniendo la misma posición. Por consiguiente, si no hay
controversia no hay arbitraje posible. Lo que hagan será una payasada, nunca un
arbitraje.
El
delito, por lo demás, existe con o sin arbitraje. Puede ser colusión o cohecho.
Lo que fuere. No porque haya de por medio un proceso arbitral se configura el
ilícito que no habría en otra circunstancia. Por consiguiente, no se puede
atribuir al arbitraje la responsabilidad por la mala práctica y por los delitos
de corrupción en los que incurren algunos funcionarios y algunos proveedores.
EL EDITOR
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