DE LUNES A LUNES
Hace unos días la Contraloría General de la
República informó que tomará el control de las oficinas encargadas de la
fiscalización interna en 54 entidades entre las que se encuentran los 25
gobiernos regionales, 18 municipalidades provinciales y 5 distritales así como
el Seguro Social, las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso significa que pasará a
designar directamente a todo el personal de estos órganos que dependerán
totalmente de ella, ocasión que puede ser propicia para reorientar las tareas
que desarrollan a efectos de que puedan convertirse en aliados estratégicos de
los procuradores y demás servidores públicos –y no en enemigos como
equivocadamente se piensa– en el objetivo de celebrar acuerdos y superar de
esta forma las desavenencias que se suscitan en los contratos que suscriben los
particulares con las reparticiones de la administración pública y para evitar
que éstas escalen y se transformen en conflictos mayores, lo que es moneda
corriente en la actualidad.
Las audiencias de conciliación que se celebran
con ese fin, cuando se celebran, son, hasta ahora, una absurda puesta en escena
donde las partes ya conocen de sobra el papel que les toca desempeñar y actúan
con una mecánica natural digna del mejor teatro del mundo. No tienen ninguna
utilidad práctica y terminan encareciendo y dilatando la solución de las
controversias en lugar de constituirse en opciones válidas para acabar con
ellas en el plazo más corto posible.
Lo habitual debería ser que en la transacción se
sacrifiquen algunas pretensiones en aras del inminente acuerdo y del cobro
inmediato, lo que favorece a la entidad porque castiga la deuda. Sin embargo,
ello no sucede porque el funcionario no concilia, no porque no tenga facultades
para hacerlo sino porque en el fondo prefiere quedar a salvo de la acción
punitiva del órgano de control que puede involucrarlo en un proceso de
determinación de responsabilidades y más adelante en un litigio civil o penal
de incalculables consecuencias.
En ese contexto el acreedor incrementa su
demanda, reponiendo montos a los que iba a renunciar en la etapa previa y
añadiendo los intereses así como los daños y perjuicios que la demora le
ocasiona. Al final el Estado pierde innecesariamente un monto siempre mayor al
que hubiera conciliado y lo que es todavía peor: la obra, el servicio o la
prestación de que se trate, queda paralizada por un tiempo más extenso con lo
que es el país el que termina perdiendo más.
La idea es comprometer a los órganos de
fiscalización para que emitan sus informes antes de que se celebren los
acuerdos. Eso es posible. Hasta hace poco no lo era porque estas oficinas sólo
se pronunciaban después de haberse producido los hechos sujetos a
investigación, cuando las fichas ya estaban jugadas o cuando ya no podían
jugarse. Contar con esos pronunciamientos antes de tomar alguna decisión será
el sustento indispensable para proteger a los funcionarios y para proceder a
conciliar de la manera más rápida y eficaz en defensa de los legítimos
intereses del Estado.
EL EDITOR
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