Existe una
creencia bastante generalizada según la cual las coimas que algunos
contratistas pagan para hacerse ilegalmente de las adjudicaciones de ciertas
obras se recuperan con las adendas que se suscriben luego para incrementar el
monto de los contratos. Eso no es cierto. Esas coimas se pagan de los fondos de
cada contratista y en principio se reducen de sus ingresos. Tratan de
recuperarlas, cuando pueden, en contubernio con los funcionarios a quienes han
sobornado y que deberían controlar su trabajo, colocando en la obra menos
personal, menos fierro, menos concreto, menos materiales, menos equipos y menos
maquinaria.
No es fácil crear
artificialmente la necesidad de una obra adicional que obviamente no se
requiere. Primero porque hay que reunir una cadena de aprobaciones que
compromete a muchos actores y segundo porque a partir del 15% del monto de la
obra, todo adicional debe ser previamente autorizado por la Contraloría General
de la República.
Tampoco es verdad
que los adicionales se obtienen a través de arbitrajes porque la Ley de
Contrataciones del Estado expresamente ha excluido de su competencia esta clase
de adicionales que deberán ventilarse en el Poder Judicial.
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