DE LUNES A LUNES
Hace
unos días un colega me dijo exactamente eso a propósito del riesgo de la prisión
preventiva que amenazaba a un conjunto de quince árbitros que habían tenido la
desdicha de resolver controversias en las que Odebrecht era la demandante o
formaba parte del consorcio demandante que de alguna manera terminaron
favoreciendo a la parte que activa el proceso, a la parte que reclama, como
ocurre en la mayoría de los casos en los que la autoridad que imparte justicia
le da la razón a quien la tiene. No es habitual, como me canso de sostener, que
ganen quienes son demandados, quienes deben o quienes han incumplido sus
obligaciones contractuales.
Pues
bien, el peligro se concretó y el lunes 4 el juez del tercer juzgado de
investigación preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción les
impuso a catorce de ellos dieciocho meses de prisión preventiva presuntamente
por haber favorecido a la señalada empresa brasilera a cambio de sobornos
directos o indirectos, en este último caso encubiertos a través de elevados
honorarios. El décimo quinto irá a arresto domiciliario en consideración a su
avanzada edad, lo que evidencia que ninguno se salvó. Me parece un exceso en el
entendido que en la mayoría de los casos no se ha podido confirmar o corroborar
la versión de quien hace la delación ni siquiera con indicios razonables de la
recepción de los supuestos pagos ilícitos.
Al
parecer las pruebas se reducen a facturas y cheques emitidos por una firma
creada para el efecto pero que son girados no a favor de los árbitros incursos
en la investigación sino de terceros sin comprobarse cómo es que éstos
transfieren esos montos a aquéllos o a alguna otra persona que pudiera tener
cierta relación con ellos. Se ha señalado que en algunos casos la entrega ha
sido en efectivo pero aparte de algunos detalles mayormente intrascendentes y
obvios no se ha aportado ningún indicio o nuevo testimonio que pudiera cerrar
el círculo y ofrecer la certeza de la que se adolece.
Es
verdad que la declaración de un colaborador eficaz no puede ser falsa porque de
lo contrario él mismo pone en riesgo la condición en la que se encuentra dentro
del proceso. Ello, no obstante, a despecho de lo que la prensa reclama debería
haberse recogido elementos adicionales que puedan ofrecer una mayor certeza
respecto de los hechos ilícitos imputados. Es verdad también que no se
formalizó ni continuó con la investigación a otros cuatro árbitros respecto de
los cuales no se encontraron hechos o revelaciones que generen convicción y que
sostengan alguna imputación de carácter penal en opinión del fiscal responsable
del caso. En buena hora para ellos. Esa evidencia, empero, no subsana el grave
problema que se ha generado.
Alarma
sobremanera que la opinión pública en términos generales haya celebrado la
noticia y que muchos ciudadanos estimen que está muy bien que se envíe a la
cárcel a quienes han beneficiado a una empresa corrupta, sin advertir que ni
siquiera eso está debidamente acreditado. No lo de la empresa corrupta, que eso
sí está comprobado. Sino, lo del beneficio. Tanto es así que, hasta donde ha
trascendido, sólo uno de esos laudos habría sido anulado en el Poder Judicial.
La mayoría de los que llegaron allí fueron confirmados.
Un
amigo al que le explicaba esta falta de indicios razonables me argüía que esta
clase de delitos no dejan huellas a lo que yo retruqué sosteniendo que con ese
argumento mañana puedo acusarlo a él de un ilícito semejante sin pruebas y que
eso sería suficiente, en un escenario como el descrito, para que lo metan entre
rejas. Inaceptable desde todo punto de vista.
El
problema se agrava por las consecuencias letales que este asunto puede acarrear
en el arbitraje mismo. ¿Qué empresa va a venir a invertir al Perú sabiendo que
a quienes administran justicia a través del arbitraje los pueden meter presos
por suscribir un laudo que pueda interpretarse como beneficioso para un
contratista?
No
hay que olvidar, como lo anotamos no hace mucho, que absolutamente todos los
tratados de libre comercio que el país tiene suscritos incorporan el arbitraje
como medio de resolución de conflictos y que no se puede debilitar esta
institución ni emitir señales como las que se están propagando que no producen
otro efecto que intranquilizar al mercado que es tan sensible a estos
movimientos. La seguridad jurídica que inspira la solución de controversias a
través de mecanismos alternativos no puede alterarse. Hay que defender lo que
se ha avanzado hasta ahora y no empezar a retroceder lo que no significa en
modo alguno ceder un milímetro en la lucha frontal contra la corrupción en
todas sus manifestaciones.
EL EDITOR
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