Rubén Gómez Sánchez
El Perú tiene una brecha de infraestructura que asciende a 160 mil millones de dólares para el período 2016-2021 según el reporte de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Para mitigar ese déficit el país tendría que invertir en múltiples proyectos de inversión que deberían impulsar profesionales con nuevas competencias en gestión de riesgos aplicados al ciclo de vida de cada uno de ellos.
Es conocido que los proyectos de inversión pública tienen diversos problemas, principalmente con el cumplimiento de los plazos, con el control de sus costos y en algunos casos hasta con sus deficientes niveles de calidad. Las reclamaciones, controversias y arbitrajes que generan agravan la situación.
En lo que respecta a los adicionales de obra, las investigaciones y los estudios realizados demuestran que las principales causas son, de un lado, no haber implementado la gestión de riesgos lo que genera deficiencias en los expedientes técnicos y, de otro lado, las situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, estas últimas contempladas en el artículo 34.3 de la Ley de Contrataciones del Estado 30225.
La norma no se ocupa de la gestión de riesgos ni de su aplicación a las contrataciones del Estado. Se limita a considerar a las deficiencias de los expedientes técnicos como la mayor causa de adicionales sin disponer nada para evitar que ello siga ocurriendo lo que es muy grave. En Colombia, por ejemplo, se ha organizado un sistema de compras públicas que incorpora la gestión de riesgos y que ha dado muy buenos resultados. Examinar esa experiencia y reproducirla en el Perú sería altamente recomendable.
La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 28716 comprende, como uno de sus componentes principales, a la evaluación de riesgos, en cuya virtud, según dispone, deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.
Si la consecución de un proyecto de inversión pública es, como resulta obvio, uno de los fines de las entidades del Estado, ¿qué previsiones adoptan a juzgar por lo señalado en el inciso b) del artículo 3de la Ley 28716? ¿Qué acciones desarrolla la Contraloría General de la República al respecto como responsable de la aplicación de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado?
El control interno permite luchar contra la corrupción y proteger los recursos públicos según un reporte de la misma Contraloría para la que, sin embargo, el avance en la implementación de la Ley 28716, de cuyo impacto no se tendría todavía mayor información, es sólo del veinticinco por ciento, en promedio.
En consideración de esa realidad es de extrema importancia iniciar acciones para que todas las entidades terminen con la implementación de esta Ley de Control Interno, específicamente en lo referente al inciso b) de su artículo 3, es decir, en lo referente a la aplicación de la gestión de riesgos en la inversión pública, sin excepción, y, al mismo tiempo, en lo relativo a la necesidad de establecer acciones respecto a los expedientes técnicos deficientes.
En esa línea varios especialistas hemos empezado solicitando a los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros de Lambayeque crear una comisión del más alto nivel para desarrollar un plan de trabajo destinado a buscar las soluciones más idóneas a la problemática que se presenta en las obras públicas; emitir comunicaciones a las entidades de la región, a la Contraloría, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras, para la completa implementación de la Ley 28716; y organizar un foro internacional sobre la necesidad de aplicar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública.
Estamos seguros que con estas medidas se logrará el incremento de la eficiencia de las inversiones públicas en los proyectos de infraestructura y ello generará un impacto directo en la calidad de vida en esta región y en todo el país.
El Perú tiene una brecha de infraestructura que asciende a 160 mil millones de dólares para el período 2016-2021 según el reporte de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Para mitigar ese déficit el país tendría que invertir en múltiples proyectos de inversión que deberían impulsar profesionales con nuevas competencias en gestión de riesgos aplicados al ciclo de vida de cada uno de ellos.
Es conocido que los proyectos de inversión pública tienen diversos problemas, principalmente con el cumplimiento de los plazos, con el control de sus costos y en algunos casos hasta con sus deficientes niveles de calidad. Las reclamaciones, controversias y arbitrajes que generan agravan la situación.
En lo que respecta a los adicionales de obra, las investigaciones y los estudios realizados demuestran que las principales causas son, de un lado, no haber implementado la gestión de riesgos lo que genera deficiencias en los expedientes técnicos y, de otro lado, las situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, estas últimas contempladas en el artículo 34.3 de la Ley de Contrataciones del Estado 30225.
La norma no se ocupa de la gestión de riesgos ni de su aplicación a las contrataciones del Estado. Se limita a considerar a las deficiencias de los expedientes técnicos como la mayor causa de adicionales sin disponer nada para evitar que ello siga ocurriendo lo que es muy grave. En Colombia, por ejemplo, se ha organizado un sistema de compras públicas que incorpora la gestión de riesgos y que ha dado muy buenos resultados. Examinar esa experiencia y reproducirla en el Perú sería altamente recomendable.
La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 28716 comprende, como uno de sus componentes principales, a la evaluación de riesgos, en cuya virtud, según dispone, deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.
Si la consecución de un proyecto de inversión pública es, como resulta obvio, uno de los fines de las entidades del Estado, ¿qué previsiones adoptan a juzgar por lo señalado en el inciso b) del artículo 3de la Ley 28716? ¿Qué acciones desarrolla la Contraloría General de la República al respecto como responsable de la aplicación de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado?
El control interno permite luchar contra la corrupción y proteger los recursos públicos según un reporte de la misma Contraloría para la que, sin embargo, el avance en la implementación de la Ley 28716, de cuyo impacto no se tendría todavía mayor información, es sólo del veinticinco por ciento, en promedio.
En consideración de esa realidad es de extrema importancia iniciar acciones para que todas las entidades terminen con la implementación de esta Ley de Control Interno, específicamente en lo referente al inciso b) de su artículo 3, es decir, en lo referente a la aplicación de la gestión de riesgos en la inversión pública, sin excepción, y, al mismo tiempo, en lo relativo a la necesidad de establecer acciones respecto a los expedientes técnicos deficientes.
En esa línea varios especialistas hemos empezado solicitando a los colegios profesionales de arquitectos y de ingenieros de Lambayeque crear una comisión del más alto nivel para desarrollar un plan de trabajo destinado a buscar las soluciones más idóneas a la problemática que se presenta en las obras públicas; emitir comunicaciones a las entidades de la región, a la Contraloría, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras, para la completa implementación de la Ley 28716; y organizar un foro internacional sobre la necesidad de aplicar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública.
Estamos seguros que con estas medidas se logrará el incremento de la eficiencia de las inversiones públicas en los proyectos de infraestructura y ello generará un impacto directo en la calidad de vida en esta región y en todo el país.
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