Alfredo Bullard comentó
hace unas semanas, en el diario El Comercio, que el Estado Peruano había ganado
un arbitraje en el que se le reclamaban 40 mil millones de dólares. El tribunal
no sólo desestimó la demanda sino que condenó a quienes la habían presentado a
pagarle al demandado nada menos que dos millones de dólares por los costos en
los que tuvo que incurrir. Es verdad que se trata de un arbitraje de inversión,
pero eso no disminuye el mérito.
Dígase de paso, como lo
ha señalado el autor de la nota, que el Perú ha sido demandado en diez casos de
este tipo. Ha ganado ocho, entre ellos el conocido caso Lucchetti. Ha perdido
dos. En uno lo demandaron por 37 millones de dólares y le ordenaron pagar 18.5,
la mitad. En el otro lo demandaron por 20 millones de dólares y le ordenaron
pagar 750 mil dólares, el 3.75 por ciento de lo solicitado. Con esos
resultados, de los diez procesos, el Perú ganó nueve y empató uno, tal como el
propio Bullard destaca.
Otro detalle: el Estado
fue demandado por un total de más de 50 mil millones de dólares y ha sido
condenado a pagar poco más de 19 millones. Es decir, el 0.038 por ciento. Y ha
cobrado cerca de 50 millones de dólares. Mucho más de lo que le han ordenado
pagar. “Algo totalmente inusual en este tipo de arbitrajes.”
Alfredo estima que el
éxito se debe a que el Perú respeta las inversiones, evita incumplimientos y
cuando surge algún conflicto contrata a los mejores abogados y organiza una
buena defensa. Sugiere que esa conducta se traslape al mundo de las
contrataciones públicas para que las cifras aquí también pongan en evidencia,
más nítidamente si se quiere, las buenas prácticas arbitrales del Estado.
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