El
sábado culminó en el Cusco el III Congreso Internacional de Arbitraje
organizado por la Asociación Zambrano con el apoyo institucional de la Cámara
de Comercio, la International Court of Arbitration, el ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y Telefónica y diversos auspicios. El día de la inauguración
hizo uso de la palabra nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, quien resumió
algunas de las modificaciones introducidas en el mundo de las contrataciones
públicas a propósito de la nueva Ley 30225 promulgada el 8 de julio del año
pasado y que entrará en vigencia en breve, en cuanto se apruebe su respectivo
Reglamento.
El
conferencista destacó la incorporación del valor estimado en la etapa de
presentación de ofertas que aunque la ley no lo diga todo apunta a que será
reservado por oposición al valor referencial que es público y sobre cuya base
se establecen los límites para aceptar o rechazar propuestas: no más del 10 por
ciento por encima o por debajo de ese valor.
Como
para bienes y servicios no se va a conocer ese valor y como la puntuación
económica de las ofertas se hace otorgándole la más alta calificación a quien
ofrece el precio más bajo es obvio que esa información será muy apetecible y
abrirá las puertas a toda clase de maniobras y malas prácticas. Por lo demás,
permitirá que el precio pueda volver a ser un factor determinante en las
adjudicaciones con lo que se incrementarán las obras mal ejecutadas, los
diseños mal calculados, los servicios deficientes y los bienes de baja calidad,
con lo que, de paso, crecerán las reclamaciones y aumentarán los conflictos y,
por tanto, los arbitrajes.
¿Eso
es una buena noticia para los árbitros? No lo es. Porque perjudica al país y al
margen de eso crea tal cantidad artificial de controversias, que no deberían
existir, que alimenta la tentación totalitaria de quienes quieren desaparecer
la institución de un plumazo.
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