ALGUNOS GANAN, POCOS COBRAN
DE LUNES A LUNES
El arbitraje se extendió más de lo debido. Pero
hay que reconocer que fue un proceso complicado. Baste señalar que empezó con
un tribunal conformado por tres árbitros y terminó con un tribunal conformado
por otros tres árbitros. Uno fue obligado a renunciar, otro falleció en el
camino y el tercero se retiró porque el litigio no tenía cuándo acabar. El
primero fue presionado con el argumento de que si no se iba no le renovarían un
contrato de asesoramiento que tenía suscrito con la dependencia de un
ministerio que en el pasado había tenido adscrita bajo su competencia a la
entidad que estaba involucrada en la controversia. El segundo
desafortunadamente dejó de existir en pleno proceso. Su familia pidió que se
designe en su reemplazo a un miembro de su oficina para que los honorarios no
tengan que devolverse, según señalaron, o en todo caso continúen entregándose a
los mismos destinatarios pues el compromiso del sustituto era el de cumplir el
encargo de manera póstuma como si lo estuviese haciendo el extinto. Gesto
noble, sin duda, que fue aceptado por la parte a la que le correspondía hacer
el nuevo nombramiento. El tercero que era el presidente del tribunal,
finalmente, había sido elegido por ser la más alta autoridad de una muy
respetable institución gremial. Con el paso del tiempo había dejado ese cargo y
continuaba integrando el tribunal. Ya estaba retirado de toda actividad
profesional y deseaba irse a vivir con sus hijas a Europa, lo que hizo
inmediatamente después de renunciar luego de dar sucesivos plazos que
invariablemente vencieron sin que concluya el proceso.
La entidad desde un principio se negó a aceptar
la posibilidad de ir a arbitraje. Ni siquiera admitía que hubiera algún
conflicto que tenía que dilucidarse. En razón de esa negativa, el contratista
debió acudir al juez para que designe, proponiendo una lista para que elija de
ella si es que la emplazada no se presentaba a la audiencia única. Así fue. La
entidad no asistió y la jueza, porque tocó una dama, verificó primero lo que
decía la Ley para confirmar si en efecto le correspondía nombrar de esa lista y
en ese momento.
Lo anecdótico fue que terminada la audiencia, con
la designación de un titular y un suplente, como árbitros designados en defecto
de la entidad, los representantes de ésta llegaron al juzgado pero ya no
pudieron ejercer el derecho que les hubiera permitido recuperar la posibilidad
de nombrar a su árbitro si es que hubieran llegado algunos minutos antes. Eso,
sin embargo, no los amilanó. Se les pasó el plazo para recusar o quizás lo
dejaron pasar en el entendido de que no tenían argumentos para eso. Pese a
ello, presionaron, como queda dicho, hasta lograr que el árbitro elegido
renuncie. Se comenta que con el suplente quisieron hacer lo mismo pero esta vez
ya no tuvieron la misma suerte. El nuevo árbitro no se arredró y se mantuvo en
el cargo.
El proceso fue más largo de lo previsto no sólo
por las circunstancias particulares que lo rodearon sino porque era complicado.
Había que acreditar la prestación de una serie de servicios que la entidad
pretendía desconocer o hacer creer que formaban parte del contrato original
cuando la verdad es que se habían ido agregando a medida que avanzaba el
trabajo, con pleno conocimiento y autorización de las autoridades y
naturalmente generando una serie de costos que el contratista lógicamente
pretendía que se le reconozcan y paguen.
Al final el laudo arbitral dispuso que se cancele
todo aquello que estaba acreditado y aprobado. Obviamente la entidad no acató
ese mandato e interpuso un recurso de anulación que demoró bastante en
resolverse a pesar de los esfuerzos de la defensa por apurar el trámite.
Ratifica la validez del laudo pasó otro buen tiempo sin que se cumpla con lo
que él ordenaba.
El contratista, que era un consorcio
peruano-americano, tuvo que involucrarse en la lista de arbitrajes pendientes
que el gobierno de los Estados Unidos solicitaba que sean resueltos como
cuestión previa a la suscripción del Tratado de Libre Comercio que se negociaba
con ese país. Sólo así, por una cuestión totalmente fortuita y ajena al proceso
mismo, pudo empezar a cobrarse parte de la deuda, después de más de cinco años
de haber empezado el arbitraje. No se ha acabado de pagar, hasta ahora. El caso,
empero, pone en evidencia las peripecias que deben pasar los contratistas
serios cuando se animan a litigar con el Estado. Algunos ganan los procesos,
pocos cobran.
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