DE LUNES A LUNES
Desde que el presidente de la República anunció
la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado para hacerla más
eficiente han surgido diversas propuestas destinadas al mismo objetivo. Entre
todas ellas destacan unas –coincidentes todas ellas– que apuntan a agilizar
persecuciones, endurecer sanciones y ahuyentar a quienes por alguna casualidad
del destino quisieran ingresar al mundo de las compras públicas. A algunos
observadores, con varios años lidiando en el asunto, nos parece que se debe
hacer todo lo contrario. Que las normas sean más amigables con los proveedores,
que se destaquen a los que demuestran mejores prácticas, que se premie a
quienes concluyen sus prestaciones dentro de los plazos previstos y a quienes
no incurren en faltas susceptibles de ser penalizadas en la ejecución de sus
respectivos contratos.
En lo que respecta al OSCE lo que hay que hacer
es acercarlo a los contratistas y no enfrentarlo con ellos. Si la preocupación
de las autoridades es que los postores se las arreglan para seguir
presentándose a nuevos procesos de selección pese a estar sancionados, hay que
determinar cómo lo hacen. Cómo hacen para que los nuevos proveedores acrediten
la experiencia necesaria para sustituir cabalmente a los impedidos de
intervenir en licitaciones y concursos. No sólo es cuestión de crear una
empresa o de constituir un consorcio. Lo fundamental es cumplir con los
requisitos técnicos mínimos y tener el currículum indispensable. Si una firma
que los tiene es sancionada ya no puede competir. Si sus dueños o
administradores fundan otra empresa, ésta no tiene forma de heredar la
experiencia ni el currículum de la que está prohibida de participar y de
contratar con el Estado. Si lo hace, es porque algo está mal o alguien está
alentando que ello ocurra. La forma de evitarlo es exigiendo que quien quiera
contratar con el Estado en determinada materia, pruebe una determinada
experiencia en esa misma materia. Así de simple.
La experiencia y el currículum de un proveedor
sancionado no pueden ser transferidos a otro, aún en el caso de fusión de
empresas o de otras modalidades de transformación societaria. Eso es elemental.
Pero claro, si persistimos en admitir licitaciones en las que no hay necesidad
de acreditar ninguna experiencia, es obvio que estamos alentando para que los
mismos postores sancionados se vuelvan a presentar como si fueran otros.
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