El árbitro de emergencia

DE LUNES A LUNES

Para desempeñarse como árbitro designado por una entidad del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. También debe estar inscrito en el mismo registro el árbitro que sea designado de manera residual como presidente de un tribunal arbitral. Así lo establece el artículo 45.16 de la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente vigente. No hay ninguna otra disposición en ella relativa al RNA.

En el artículo 230.4 del Reglamento de la LCE se estipula que para desempeñarse como árbitro, designado por las entidades o designado residualmente como presidente de un tribunal arbitral, en aplicación de los artículos 242.1 y 232, modificado este último por el Decreto Supremo 162-2021-EF, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros.

Por consiguiente el árbitro designado por el contratista, el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral que elijan los árbitros designados por las partes no requiere estar inscrito en el RNA. Sí debe estar inscrito en el RNA, como queda dicho, el árbitro designado por las entidades y el árbitro designado residualmente como presidente de un tribunal arbitral, por una institución arbitral o por el OSCE ante la falta de acuerdo de los árbitros designados por las partes.

Ni en la LCE ni en el Reglamento, sin embargo, hay ninguna referencia al árbitro de emergencia, institución relativamente moderna que se ha incorporado a las normas de las principales instituciones arbitrales con el objeto de agilizar la administración de justicia y cautelar los derechos que podrían encontrarse vulnerados por la demora en la instalación de los tribunales arbitrales. Sólo en la Directiva 004-2020-OSCE/CD que regula el régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario que administra el OSCE hay una referencia explícita al árbitro de emergencia, que está incorporado en la norma exclusivamente para los casos sometidos a ella y que son designados obviamente del RNA.

Al no haber ninguna regulación específica sobre la materia para los demás casos de contratación pública regulados por la LCE, el arbitraje de emergencia se rige por las disposiciones de los respectivos centros.

Según el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima hasta antes de la constitución del tribunal arbitral cualquiera de las partes que requiera una medida cautelar urgente puede solicitar que se convoque a un árbitro de emergencia quien resolverá la solicitud que se le que curse en ese sentido. Las decisiones que adopte son vinculantes para las partes por el solo hecho de haber sometido la controversia al arbitraje regulado por este Reglamento, obligándose a cumplirlas sin demora.

La competencia del árbitro de emergencia acaba en cuanto se conforme el tribunal arbitral unipersonal o colegiado. El derecho a recurrir a este procedimiento no impide que cualquiera de las partes pueda solicitar medidas cautelares a la autoridad judicial. Aunque el Reglamento no lo diga me temo que son otras medidas cautelares. Dudo que prospere en sede judicial una misma medida cautelar que ya se dictó en sede arbitral. Podrá prosperar, sin duda, si es que no tuvo éxito en sede arbitral.

Las disposiciones sobre el árbitro de emergencia no son aplicables si el convenio arbitral fue celebrado antes de que entre en vigencia el Reglamento que incorpora esta figura; si las partes expresamente lo han excluido con antelación; o si el Estado interviene como parte y no existe sometimiento expreso a este procedimiento en el convenio, exigencia, esta última, que limita por de pronto la aplicación de la institución a los arbitrajes entre particulares.

La solicitud de la medida de emergencia debe estar dirigida al Centro identificando plenamente a las partes y a sus representantes; precisando lo que se pide; la razón o razones por las que se solicita una o más medidas; una breve descripción de la controversia sometida o que ha de ser sometida a arbitraje; una copia del convenio arbitral y del contrato de la que se deriva; y cualquier otro documento o información que se estime pertinente y que abone en favor de la debida y efectiva apreciación de la medida solicitada que deberá acompañarse con la constancia del pago del correspondiente arancel

 La secretaría notifica con el pedido y sus anexos a la otra parte o a las otras partes tan pronto como sea posible siempre que se haya cumplido con todos los requisitos y se aprecie la existencia de un convenio arbitral que haga referencia al Reglamento o a la administración del Centro, salvo que se considere más apropiado proceder a la constitución del tribunal arbitral para recién entonces remitirle la solicitud y esperar lo que éste resuelva.

Si no se ha cumplido con los requisitos la secretaría rechaza la solicitud pero la parte interesada tiene el derecho de volver a presentar otra. El Consejo nombra al árbitro de emergencia entre los profesionales que integran el registro del Centro en el plazo de dos días de recibida la solicitud, le remite los antecedentes y notifica a las partes. El elegido debe encontrarse disponible para el oportuno cumplimiento de su encargo que debe aceptar suscribiendo una declaración de independencia e imparcialidad que es enviada por la secretaría a las partes. No puede haber actuado ni actuar como árbitro en ningún arbitraje relacionado con la controversia que haya dado origen a la solicitud. Sin perjuicio de ello, puede ser recusado dentro de los tres días de notificado su nombramiento o de haberse tomado conocimiento del hecho que en que se funda. El árbitro de emergencia y las otras partes disponen de tres días para formular sus comentarios. Cumplido este trámite, la recusación es resuelta por el Consejo, no estando obligado a expresar los motivos que la sustentan.

La sede del arbitraje de emergencia es aquella acordada por las partes. A falta de acuerdo, es Lima. Pese a ello, cualquier reunión puede realizarse en cualquier lugar y por cualquier medio que se considere idóneo. El árbitro de emergencia conduce el procedimiento de la manera que estime conveniente según la urgencia y naturaleza de la medida solicitada, resolviendo en el menor tiempo posible. La decisión debidamente motivada que adopte debe ser dictada y notificada a las partes dentro de los quince días de recibida la solicitud. El plazo puede ser ampliado por acuerdo de las partes, cuando lo pida el árbitro de emergencia y cuando el Consejo lo considere conveniente. En su decisión puede someter el otorgamiento de la medida solicitada a las condiciones que estime apropiadas, incluyendo la constitución de garantías. La decisión puede ser revocada o modificada por el mismo árbitro de emergencia mientras no se haya constituido el tribunal arbitral. Esa facultad, de revocar o modificar, pasa al tribunal una vez que éste esté constituido.

Cesa el procedimiento ante el árbitro de emergencia y la decisión deja de ser vinculante cuando no se presenta la solicitud de arbitraje dentro de los diez días siguientes de recibido el pedido de medidas cautelares, salvo que el mismo árbitro de emergencia determine que se requiere de un período más extenso; cuando el Consejo acepta una recusación interpuesta contra el árbitro de emergencia; o cuando la parte interesada desiste de ir al arbitraje o se desiste antes de dictarse el laudo final.

Según el Reglamento del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, antes de la constitución del tribunal arbitral cualquiera de las partes puede solicitar la designación de un árbitro de emergencia quien, una vez que esté en funciones, está facultado para dictar las medidas cautelares que considere necesarias de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento específicamente establecido en la Directiva y en la Ley de Arbitraje, destacándose que sólo podrá formularse este pedido en los procesos que se deriven de convenios arbitrales suscritos cuando ya se encuentre en vigencia el Reglamento que incorpora esta institución. No hay ningún impedimento o requisito adicional para designar árbitros de emergencia en cualquier contrato, incluso en los regulados bajo el imperio de la Ley de Contrataciones del Estado. Tampoco es necesario estar inscrito en el RNA para ser designado árbitro de emergencia.

La Directiva aprobada el 14 de enero de 2019 estipula, en esa línea, que por el solo sometimiento al arbitraje institucional administrado y organizado por el Centro, cualquiera de las partes que se encuentre en situación de urgencia puede solicitar el nombramiento de un árbitro de emergencia para que dicte las medidas cautelares correspondientes, entendiéndose como urgencia a aquella situación que no puede esperar hasta la constitución del tribunal arbitral y precisando que la competencia del árbitro de emergencia acaba cuando ello se produce.

Como en todos los casos, el pedido debe identificar las medidas de emergencia que se solicita y explicar las razones por las cuales se requiere que se emitan con carácter de urgencia. Igualmente debe indicar cualquier solicitud de arbitraje y cualquier otro escrito en relación con la disputa que haya sido presentado al Centro por cualquiera de las partes así como cualquier acuerdo sobre la sede del arbitraje o sobre las normas aplicables.

El Centro designa al árbitro de emergencia de su propia nómina. Si las partes designan al árbitro de emergencia, en el convenio arbitral o en cualquier otro documento, ese pacto se considera como no puesto. El árbitro elegido acepta la designación en un plazo máximo de tres días. Con ese solo trámite se lo considera constituido. Al aceptar el encargo el árbitro de emergencia decide si la solicitud debe ser puesta en conocimiento de la otra parte antes de dictar la medida que se le ha pedido, en cuyo caso se le corre traslado por un plazo máximo de dos días hábiles a cuyo vencimiento, con la absolución o sin ella, debe resolver en otro plazo idéntico de dos días más, estando facultado para evaluar la medida solicitada y a admitir o solicitar medios probatorios si lo estima conveniente dentro de un plazo razonable que se ajuste a la naturaleza de la urgencia.

La medida de emergencia caduca si dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde la fecha de su emisión, el solicitante no presenta la petición de arbitraje correspondiente.

Las partes pueden formular recusación contra el árbitro de emergencia al día siguiente de notificadas con su aceptación o al día siguiente de haber tomado conocimiento de los hechos y circunstancias en las que se sustenta. La secretaría general procede a ponerla en conocimiento del árbitro recusado y de la otra parte, otorgándoles un día para absolverla. Con la absolución o sin ella, decide en forma definitiva un comité conformado por el presidente y un miembro de la Corte de Arbitraje y la secretaria general. Si la recusación es fundada se deja sin efecto la medida que hubiere dictado el árbitro recusado y se designa un nuevo árbitro de emergencia siempre que no se haya constituido el tribunal arbitral pues en tal eventualidad será el tribunal ya constituido el que dicte cualquier medida que se solicite.

Una vez emitida y notificada la medida solicitada cualquiera de las partes puede pedir su reconsideración, modificación o que se deje sin efecto en el plazo de un día, siempre que el tribunal no se haya constituido. El pedido es puesto en conocimiento de la otra parte por un día y con la absolución o sin ella, el árbitro de emergencia se pronuncia en un plazo de dos días.

La orden que contiene la medida deja de ser vinculante cuando la parte que la solicita no inicia el arbitraje dentro de los quince días hábiles previstos para hacerlo; cuando la recusación es fundada; cuando sea revocada por el tribunal arbitral que se constituya; cuando se emita el laudo final, salvo que el tribunal decida lo contrario; y cuando se produzca la terminación de las actuaciones arbitrales por cualquier circunstancia antes de que se dicte un laudo.

Ricardo Gandolfo Cortés

Renovación por tercios y reelección política para solucionar la crisis de liderazgo y de representación

 DE LUNES A LUNES

La renovación por tercios del Congreso de la República estuvo prevista en la Constitución de 1933, para la Cámara de Senadores de entonces, pero no se llegó a poner en práctica. Opera en otros países pero no es una suerte de evaluación de cuyo resultado depende que unos parlamentarios sigan en funciones y otros cesen. No. La renovación es total. En términos generales, un tercio se renueva por completo al terminar el primer tercio del mandato legislativo. El segundo tercio se renueva por completo al terminar el segundo tercio del mandato legislativo. Y el tercer tercio se renueva por completo al terminar el tercer tercio del mandato legislativo. Y los nuevos congresistas se quedan todos por el mismo tiempo en sus curules. Los que arrancan el proceso, no. Obviamente. Porque para que camine el sistema es indispensable que un tercio se vaya pronto, otro a medio camino y sólo uno llegue hasta el final. La decisión de quiénes se van primero, quiénes al medio y quiénes se quedan puede determinarse en función de los votos obtenidos por cada agrupación pero guardando la misma proporcionalidad.

El objetivo en todos los casos no es examinar el trabajo de los elegidos. El objetivo es hacer que las transiciones sean progresivas y no abruptas. Por ejemplo, si un gobierno toma el poder con una amplia mayoría en el Congreso y comienza un mandato con algunos errores graves, es muy posible que sus parlamentarios no vuelvan a ser mayoría en el primer tercio que se vuelva a elegir en primer lugar. Según como vaya el régimen se verá cómo sale del segundo tercio y como termina el mandato en el tercero. En cualquier caso, la correlación de fuerzas irá obligando al Ejecutivo a reacomodar sus fichas e introducir los cambios que el gabinete exige para merecer la confianza indispensable del Legislativo para retomar la marcha o iniciar un período presidencial.

Si el gobierno que suceda al que está en el poder es de otra tendencia, esa otra tendencia ya habrá ido conquistando las mayorías en las elecciones previas lo que le permitirá armar sus equipos probablemente sin mayores inconvenientes. Si, por el contrario, la nueva tendencia no ha ido haciendo mayorías y configura un volteretazo inesperado pues el gobierno que así nazca tendrá que transar con el Congreso renovado que lo reciba y conformar un gabinete conversado o de ancha base que le haga viable el ejercicio del poder para evitar nuevas crisis.

Si el objetivo de la renovación por tercios fuese examinar el trabajo de los elegidos se estaría consagrando otra forma de vacar autoridades, uno de las peores reformas que se han incluido en el sistema constitucional peruano. Tan absurda es la posibilidad de despedir autoridades que al día siguiente de que es elegido alguien, absolutamente todos los demás candidatos –salvo aquellos con los que hubiese conformado alguna alianza que al menos subsista– cierran filas, se convierten en sus adversarios y estarán dispuestos a propiciar su caída lo más pronto pues eso elimina a un rival fuerte de la contienda y vuelva a poner en competencia a todos los perdedores por el mismo puesto. La fórmula pone al ganador en la boca del callejón oscuro por donde los demás lo empujan a transitar a empellones sin que nadie se atreva a defenderlo.

Si el electorado hace una mala elección tiene la opción de corregir y no volver a elegir a la misma persona pero después de concluido su período salvo que incurra en muy puntuales causales de remoción. No se puede corregir de inmediato e ir sustituyendo autoridades, presidentes, alcaldes y gobernadores como si se tratase de los capitanes de un equipo de fútbol durante un mismo partido en el que los sucesivos cambios obligan a dejar el brazalete que así los distingue de un compañero a otro. Las malas elecciones hay que sufrirlas, aunque suene condenatorio, para quedar curados y no reincidir en la misma equivocación, algo que todavía es indispensable aprender.

Quizás para minimizar los riesgos hasta las elecciones unipersonales sólo deberían llegar aquellas personas que previamente han pasado con éxito por elecciones pluripersonales y eventualmente hasta han sido reelectas en sus jurisdicciones. Que llegan después de haber hecho el aprendizaje cívico más elemental, de haber ganado una o dos elecciones y de haberse familiarizado con la administración pública y no haber salido magullados. Quizás es pedir demasiado.

En ese escenario de renovación por tercios evidentemente debe permitirse la reelección inmediata e indefinida de las autoridades. Por lo menos de aquellas que integran órganos colegiados, como el Congreso de la República, la Asamblea Regional o el Concejo Municipal. Respecto del presidente, el gobernador y el alcalde, que constituyen en sí mismos órganos unipersonales, en el fondo tampoco debería haber mayor restricción cuando menos para una reelección inmediata como la tradición así lo ha impuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso de pensar que si se permite la reelección, el candidato va a aprovechar los recursos públicos a su favor es tan descabellado como creer que no lo haría si el candidato fuese su esposa –como está de moda en diversos países– o un correligionario de su más amplia confianza. Con el avance de la tecnología y con los medios de comunicación al acecho ahora es literalmente imposible que un candidato haga de las suyas sin ser descubierto.

Hay que regresar a ese régimen tradicional en cuya virtud habían parlamentarios históricos elegidos siempre en sus circunscripciones y que respondían leal y honestamente a las demandas de sus conciudadanos. Desde luego que también existían los advenedizos que no hacían un buen papel y que así como llegaban se iban sin pena ni gloria para nunca más volver. Entre unos y otros también habían revelaciones que ponían en evidencia la aparición de nuevas generaciones de políticos con futuro decididos a labrarse el porvenir a punta de seriedad, estudio y dedicación.

Pretender que no haya reelección y que para cada elección los partidos saquen candidatos para todos los distritos, provincias y curules que el país demanda es tarea de titanes. Hay que premiar el esfuerzo y permitir que vuelvan los que deban volver y dejar a la ciudadanía que castigue con su indiferencia a quienes no deben regresar. El país tampoco tiene una inagotable fuente de profesionales altamente especializados con manifiesto interés por servir a la Nación desde la función pública que a juzgar por lo que se ve a diario no sólo no paga bien, en el sentido más auténtico del término, sino que después persigue y hostiliza a quienes se han limitado a hacer un servicio que debía agradecerse y no castigarse, salvo, claro está, que surjan pruebas indubitables de malos manejos y no simples presunciones sobre cuya base se suele traer por los suelos honras y reputaciones bien ganadas que después ya es difícil reconstruir.

Al margen de ello, lo que corresponde es reconocer que la prohibición de la reelección parlamentaria ha sido un grave error que ha ahondado la crisis de liderazgo y representación que aflige al país. Es hora de corregirlo. No hay que perder tiempo.

Ricardo Gandolfo Cortés

Adecuar las normas a las urgencias de la realidad

Por enésima vez se vuelve a plantear la modificación o el cambio de la Ley de Contrataciones del Estado como alternativa para solucionar los graves problemas que confrontan las licitaciones básicamente en materia de obras públicas. Como si cambiar la Constitución del Estado sea la forma de resolver los problemas que afectan al país y de enrumbarlo hacia el desarrollo que le es esquivo pese a las buenas cifras y precios que acompañan su desenvolvimiento económico desde hace varios años.

Ninguna solución está en las normas. La solución está en los hechos. Uno de los reclamos más importantes que se formulan es la estandarización de las bases para los procesos de selección en función de las particularidades de cada uno de ellos. Para ello, no se necesita ningún cambio normativo. Basta con algún ajuste reglamentario y de modificar los documentos actualmente vigentes a los requerimientos del momento.

Capacitar a los miembros de los comités de selección tampoco demanda de ninguna reforma sustancial. Desde luego que se necesitaría un cambio para extraer de la función pública la siempre difícil tarea de organizar y convocar procedimientos, evaluar propuestas y hacer las adjudicaciones, expuesta a múltiples tentaciones, para confiarla al sector privado, a empresas consultoras especialmente constituidas para estos fines, integradas por ejemplo por profesionales retirados de la administración pública o de firmas habituadas a estos menesteres, con amplia experiencia en estos trajines, dispuestos a desarrollarse en este campo. Es un planteamiento que hubiéramos querido incorporar en la normativa desde 1997, al que no hemos renunciado. Con algunas variantes se puede incorporar en la legislación actual muy rápidamente.

Los cambios que se piden en el sistema de adjudicación también se pueden implementar sin tener que modificar toda la Ley de Contrataciones del Estado. Antes de 1997 tuvimos la adjudicación a la oferta más baja, con desastrosos resultados. Después hemos tenido la combinación de la oferta más baja con la propuesta técnica mejor calificada, con resultados variables porque el precio termina siendo siempre determinante. Deberíamos volver a la mejor propuesta técnica para recién a la que quede en primer lugar en el orden de méritos se le abra su oferta económica y ver si es compatible con la asignación presupuestal de la entidad que convoca el proceso.

La solución de conflictos finalmente debe encarrilarse de una manera rápida y eficaz. Un gran avance ha sido limitar el derecho a recusar árbitros. Si una parte acumula tres recusaciones infundadas ya no puede interponer ninguna más. Se había hecho costumbre interponer recusaciones tras recusaciones. En ocasiones hasta superar doce recusaciones en un mismo arbitraje. Esta reforma fue planteada por PROPUESTA y fue recogida en el Decreto Supremo 162-2021-EF conjuntamente con otras modificaciones que buscan avanzar en la adecuación de la normativa a las urgencias de la realidad. (RG)

Una entidad no puede pagar dos veces por el mismo material

 DE LUNES A LUNES

El último miércoles un amigo me consultó, a propósito de la reciente campaña emprendida por el diario El Comercio para sensibilizar a la población de Lima sobre la inminencia de un terremoto de gran envergadura, si los contratistas están obligados a construir las obras públicas considerando ese riesgo de forma tal que puedan soportar por ejemplo un sismo de más de 8.8 grados de magnitud.

Lo primero que le dije fue que en materia de contrataciones del Estado las obligaciones de las partes se rigen por las normas y por los compromisos que hubieren adquirido en el documento formal que los vincula, en las bases y términos de referencia del procedimiento de selección que se convoca o en la propuesta que se presenta dentro de los plazos establecidos para el efecto. No se rigen, desde luego, por las informaciones que reproducen los medios de comunicación ni por los reportajes que revelan lo que sucede en otros países aun cuando todo ello constituya un insumo sustancial para adecuar las leyes y enfrentar con éxito lo que pueda sobrevenir.

En lo que respecta a la legislación actualmente vigente, tanto el Reglamento Nacional de Edificaciones como la Norma Técnica  E.030 sobre Diseño Sismorresistente, hacen especial énfasis en la necesidad de evitar pérdida de vidas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, como ejes fundamentales de todo proyecto. En esa línea, la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas como consecuencia de movimientos sísmicos severos. Para las edificaciones definidas como esenciales la norma exige tener consideraciones especiales a fin de que permanezcan en condiciones operativas luego del terremoto.

Si las bases y los términos de referencia de un determinado procedimiento de selección estiman necesario que la obra a ejecutarse contemple esos tres objetivos esenciales pues no hay posibilidad alguna de retacearle fierro o concreto a muros y demás edificaciones que deban levantarse. Todo lo contrario, hay que agregarle lo que pudiere faltar en las bases y términos de referencia o en la propuesta que finalmente presente el postor en el marco de algún procedimiento de selección que se convoque para elegir al contratista.

Si, por el contrario, la propuesta que se ha elaborado y se ha entregado para participar en alguna licitación comprende exigencias aún mayores a las previstas en las regulaciones vigentes pues ellas prevalecen por sobre éstas en el entendido que son las que han servido para hacer la adjudicación y eventualmente han generado una mayor puntuación para el postor que las presentó frente a otros que solo se comprometieron a observar las que los reglamentos contemplan y a no ofrecer ningún refuerzo adicional.

Es habitual que la realidad se imponga sobre la normativa y que el fenómeno legislativo no sea al revés. No es que las normas se adelantan a los hechos. Son los hechos, como los sismos cada vez más devastadores, los que obligan a las normas a ajustar sus exigencias. El terremoto de Chile del 2010 de magnitud 8.8 puso en evidencia que esa valla podía ser superada en cualquier momento. En el 2015 en el mismo vecino del sur se llegó a 8.4 y previamente aquí en Pisco ya se había trepado a 8.0 en el 2007. Si el contratista oferta más de lo que la regulación reclama en una determinada circunstancia pues debe cumplir con lo que ofrece, porque así se hace de la buena pro.

Dispensarlo de ese supuesto exceso que es lo que sobrepasa la norma es improcedente porque la oferta se convierte en un compromiso ineludible. El contratista puede ofrecer más del límite, nunca menos. Si ofrece menos queda fuera de la competencia. Si ofrece más, compite con ese adicional y si gana pues no puede desistirse. Menos aún pretender que el Estado le resarza por ese material que no está previsto en la norma pero que está previsto en su propuesta. Al estar previsto en su propuesta, está previsto en el presupuesto que el país se obliga a pagar y el contratista se obliga a poner en obra.

En ese escenario es imposible imaginar siquiera que el Estado se comprometa a volver a pagar por lo que está previsto en la propuesta del contratista y que éste condicione ese supuesto exceso –que finalmente evita la pérdida de vidas, que se detengan servicios básicos y que se minimicen los daños– a alguna retribución adicional. Mal haría alguna entidad en pagar dos veces por un mismo material. Ello implicaría la comisión de un ilícito que exigiría la determinación de responsabilidades y el inicio de los procedimientos que la ley franquea. Y naturalmente obligaría a recuperar aquello que se pagó de más. Tarea para auditores y fiscales.

Ricardo Gandolfo Cortés

Reducción de prestaciones en el sistema a suma alzada

Mediante la Opinión 115-2019/DTN el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado absolvió hace un par de años varias consultas formuladas por la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE) sobre reducción de prestaciones en obras contratadas bajo el sistema de suma alzada, aplicable cuando las “(…) las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivas.” Si esa información no está perfectamente establecida no se puede convocar un procedimiento de selección a suma alzada.

El documento recordaba que por entonces, sabiamente, no podía emplearse el sistema de contratación a suma alzada en obras viales y de saneamiento habida cuenta de que “en estos casos, la naturaleza misma de la prestación, no permite determinar con exactitud su magnitud, calidad y cantidad, debiéndose aplicar […] el sistema a precios unitarios.”

Destacaba igualmente que existen diferencias sustanciales entre los sistemas de contratación a suma alzada y precios unitarios. Una de las más importantes es que “en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada -dado que existe un bajo riesgo de variación de las cantidades, magnitudes y calidades definidas en el expediente técnico- el contratista asume los costos derivados de la ejecución de mayores metrados (en el caso que resulten necesarios), mientras que la Entidad asume las implicancias económicas que se deriven de la ejecución de menores metrados (cuando ello corresponda), debiéndose pagar el íntegro de la contraprestación fijada, en cualquiera de los dos casos.” Precisaba que el metrado es “el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad de medida establecida.”

En virtud del sistema de contratación a suma alzada “el postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento.” Así, se desprende que en aquellos contratos ejecutados bajo dicho sistema de contratación, al presentar su oferta durante el procedimiento de selección, el postor se obliga a realizar el íntegro de los trabajos necesarios para ejecutar las prestaciones requeridas por la entidad, en el plazo y por el monto ofrecido en su oferta que forma parte del contrato. La entidad, por su parte, se obliga a pagar al contratista el monto o precio ofertado en su propuesta económica.

Cuando en los contratos de obra a suma alzada las condiciones contractuales se mantengan invariables y el contratista cumpla con ejecutar la obra con sujeción a las mismas, la entidad no podrá pagar un monto menor al contratado; pues en el caso de que se ejecute un menor número de metrados a los previstos en el presupuesto de obra, la entidad deberá asumir las implicancias económicas que ello conlleve, debiendo pagar el íntegro de la contraprestación fijada.

En ese entendido, el sistema de suma alzada implica como regla general la “invariabilidad del precio pactado”, así como la “invariabilidad de la obra” en sí misma, elementos que se encuentran directamente relacionados, de forma tal que, sólo cuando se presenten modificaciones o variaciones en la obra –por lo general, en los planos y/o especificaciones técnicas–, podrá producirse la correspondiente modificación del precio o monto contractual.

En relación con este último punto, debe indicarse que, excepcionalmente, una entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 34 de la Ley. La potestad de aprobar prestaciones adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cláusulas exorbitantes” que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público –como es el régimen de contrataciones del Estado–, en los que la Administración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado.

Es por ello que de manera excepcional y con la debida sustentación del caso, la entidad puede disponer la reducción de prestaciones en una obra, hasta por el límite del veinticinco por ciento del monto del contrato original, siempre que con ello se alcance la finalidad de la contratación. El caso típico –agregamos nosotros– es el de las interferencias que no se pueden superar en el breve plazo y que pueden determinar el cambio de trazo o cualquier otra variación de más o de menos. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto un procedimiento específico para la aprobación de una reducción de obra, no obstante ello, para dicho fin, resulta necesario que se adopten una serie de acciones, como la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancia que ameritan la reducción, la elaboración de informes con el sustento técnico y legal, la formulación del listado de partidas que se dejarían de ejecutar, el presupuesto de la reducción, la afectación de la ruta crítica, etc.

La reducción de prestaciones en una obra implica la ejecución de menores trabajos y actividades a los originalmente previstos en el expediente técnico o en el contrato. En ese sentido, si se aprueba la reducción de prestaciones de un contrato, éstas dejan de ser consideradas como parte del mismo, en virtud de la resolución que expida la entidad. De esta manera, es perfectamente posible que la entidad ordene la reducción de prestaciones al contratista bajo el sistema a suma alzada. Esa modificación podría conllevar a una reformulación de los documentos que integran el expediente técnico de obra, como por ejemplo, los planos, las especificaciones técnicas o el presupuesto de obra. (RG)

Las ofertas al precio más bajo posible

DE LUNES A LUNES

El artículo 28.2 de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 082-2019-EF, estipula que en el caso de “ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%).” Acto seguido agrega que “en este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del diez por ciento (10%) serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.”

De esa forma crea un rango dentro del cual teóricamente pueden moverse las propuestas económicas. Es un espacio meramente artificial pero necesario por si las disposiciones cambien en algún momento y regresan, por ejemplo, al régimen vigente antes de 1998, en el que se presentaban ofertas por montos muy variados habida cuenta de que el precio no tenía ninguna incidencia en la adjudicación. Bastaba con que haya recursos para atender el requerimiento, condición que había que verificar antes de otorgar la buena pro cuando en efecto la propuesta se formulaba por un monto superior al del entonces denominado, sin duda con acierto, presupuesto base.

El artículo 18 del mismo cuerpo normativo actual preceptúa, en línea con lo expuesto, que el valor referencial se fija con el objeto de definir “el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como [de] gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de […] exclusiva responsabilidad [de la Entidad] dicha determinación así como su actualización.” Se trata naturalmente de un agregado igualmente teórico por lo que se puede apreciar a continuación.

El inciso a) del artículo 74.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, establece que en materia de evaluación de ofertas “[…] se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios […]”

Si se le asigna el puntaje más alto a la oferta de precio más bajo es harto comprensible que todas las propuestas se presenten con el monto más bajo posible en el entendido de que ningún postor quiere dejar puntos en la calificación económica frente a otros. Está claro que aquel que oferta un precio aunque fuese un centavo más que otro que se ubica en el borde recibirá un puntaje menor que, aunque parezca increíble, puede decidir una adjudicación.

Personalmente he visto más de una buena pro que se ha definido por un centavo a favor o en contra. A favor, cuando ese centavo de menos determina un puntaje mayor. En contra, cuando ese centavo de más determina un puntaje menor. En contra también, cuando ese centavo de menos determina no un puntaje mayor sino la exclusión del postor por haberse escapado del borde y quedar fuera de poste. Esto es, por debajo del límite del noventa por ciento que, como queda dicho, se aplica a ejecución y consultoría de obras.

La reflexión viene a cuento a propósito de una noticia que circuló profusamente la semana pasada en relación a una licitación para la construcción de un puente de cerca de 233 millones de soles que se había ganado por una diferencia de 27 centavos entre el postor que quedó en el primer lugar y el que quedó en el segundo lugar. Ese detalle, sin embargo, no es lo que debió llamar la atención. Si tal como se ha señalado, el puntaje más alto se le asigna a quien presenta la oferta más baja posible es obvio que todos los postores formulen sus ofertas a ese monto más bajo posible. Lo extraño es, más bien, que haya esa diferencia de 27 centavos. Lo normal es que todos se presentan al mismo monto.

En tales casos, que es pan de todos los días en las licitaciones públicas, lo que marca la diferencia son otros factores vinculados al personal propuesto, a la experiencia del postor y a otros relativos a la metodología y al plan de trabajo con el que se plantea asumir la prestación. De ahí la importancia de todos esos otros requisitos que se deben exigir en un procedimiento de selección con el propósito de hacer una adjudicación más objetiva y de erradicar esos empates masivos que también fomentan otra suerte de corruptelas cuando van de la mano con requerimientos menores que no propician ninguna competencia ni ningún esfuerzo por armar una propuesta seria.

Ello, no obstante, la información también reportó que tanto el postor que quedó en el primer lugar como el postor que quedó en el segundo lugar eran dos consorcios conformados, entre otros, por dos empresas fundadas por la misma persona. Una en 1999 y otra en el 2006. Sobre el particular es preciso tener presente el punto 7.1 de la Directiva 05-2019-OSCE/PRE que regula la participación de proveedores en consorcio en el marco de la LCE, en cuya virtud “los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado.” Acto seguido agrega que “los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección […]” El impedimento, empero, afecta a los integrantes de un consorcio y no a las personas naturales que son los accionistas de esa persona jurídica que forma parte del consorcio.

En el ejemplo señalado el accionista mayoritario de una de las empresas que integran el primer consorcio en el 2017 era el socio fundador, el mismo que desde el 2011 es el presidente del directorio y gerente general de otra empresa que integra el segundo consorcio y, muy probablemente, también haya sido socio fundador. ¿Hay o no hay impedimento? Ese señor no es integrante de un consorcio. Quienes integran los consorcios son las empresas de las que es accionista. Las empresas son personas jurídicas distintas de las personas naturales que las constituyan, sean accionistas mayoritarios o no.

El inciso p) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado relativo a los impedimentos para ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, comprende, empero, “en un mismo procedimiento de selección [a] las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el Reglamento.”

En el Anexo de Definiciones del Reglamento se dice que grupo económico “es el conjunto de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos (2) de ellas, donde alguna ejerce el control sobre la [otra] o las demás o cuando el control corresponde a una o varias personas que actúan como unidad de decisión.”

Queda claro entonces que una empresa que ejerce control sobre otra, en nuestro caso, a través de un socio o ejecutivo principal, que es o fue accionista mayoritario y es o fue presidente y gerente general, no puede participar en el mismo procedimiento de selección en el que participa la otra. Habría que verificar fechas, porcentaje de acciones y cargos.

Sin perjuicio de lo expuesto, la nota periodística reporta que el presidente del comité de selección estuvo en desacuerdo con la decisión mayoritaria del colegiado de adjudicar el contrato a uno de los postores pues en su opinión ninguno de ellos había acreditado la experiencia que los documentos del procedimiento exigían. Eso, al margen de otros cuestionamientos vinculados a la transparencia y probidad del desarrollo de la licitación que escapan de los alcances de este comentario.

El asunto resulta relevante porque pone en evidencia que el funcionario que se negaba a otorgar la buena pro no cuestionaba el supuesto impedimento que a todas luces debió haberse manifestado en su momento sino que fundaba su oposición en una cuestión eminentemente técnica vinculada al cumplimiento de un requerimiento esencial como es el de la experiencia.

El tema también se vincula con el impedimento que debería haber para que el personal propuesto por un postor para el desarrollo de una prestación no pueda ser propuesto por otro porque eso contraviene el expreso mandato de la Constitución Política, cuyo artículo 76 dispone que “las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondo o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.” A continuación el segundo párrafo acota que “la contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.”

Concurso es competencia. Nadie puede competir consigo mismo. Una misma persona no puede presentarse en un mismo proceso como si fuera dos o más postores. Sea en forma directa o en forma indirecta a través de dos o más empresas, dos o más consorcios o lo que fuese. Es una manera de burlar la norma. No puede hacerlo una misma persona como postor ni como integrante del personal propuesto por el postor.

El personal tiene que optar y en ejercicio de su libertad elegir el plantel que integra, si participa en un procedimiento con un postor o con otro. No puede integrar más de un equipo porque lleva a lo mismo: a competir consigo mismo. En suma a violar el expreso mandato constitucional. Es posible que decida intervenir en una licitación conformando el plantel de un postor que le ofrece, en caso de ganar, una retribución menor que otro pero que a su juicio tiene mayor capacidad y experiencia y por consiguiente está en mejores condiciones para llevarse la adjudicación. Escoge esa alternativa y compite. De eso se trata. No de acaparar con malas artes los contratos del Estado.

Pese a ello, hasta la fecha se permite que el personal propuesto para el desarrollo de alguna prestación pueda participar con varios postores en un mismo procedimiento de selección. Y eso está tan mal como lo que denuncia la prensa, sin saber que en las licitaciones es habitual que todos los postores se presenten al mismo precio, el más bajo que el procedimiento permita. Sólo cuando hay contubernio o postor único se pueden ver ofertas que se presentan por el monto más alto que permitan las bases. Si hay corrupción y arreglos debajo de la mesa los implicados se encargan de impedir que aparezca un advenedizo con un precio más bajo. Si no hay concertación, el proveedor puede sospechar que será el único postor y arriesgarse a poner el precio más alto que sea posible. Si no aparece ningún otro con un monto menor, se lleva la adjudicación. Ahí sí, con susto pero limpiamente.

Ricardo Gandolfo Cortés

 

 

 

Alicia Gandolfo Landauro

Abogada

Especialista en derecho civil, corporativo,

societario, notarial y registral

 

Procesos y trámites antes el OSCE y trámites legales para peruanos en el extranjero, estudio de títulos, transferencia de bienes inmuebles y vehículos, rectificación de partidas, testamentos, sucesiones y anticipos de herencia, juntas generales de accionistas y asesorías diversas. Reclamaciones administrativas y arbitrajes. Licitaciones y contratos de obras públicas.

 

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El carácter vinculante de las opiniones del OSCE

DE LUNES A LUNES

La Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado se pronunció hace cuatro años sobre el carácter vinculante de las opiniones que emite. Lo confirmó hace poco. En el 2017 lo hizo a propósito de una consulta formulada por la señora Dianet Betzabet Paz Sevillano. Al responder la DTN recuerda que el primer párrafo del artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que “las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como la adquisición o la enajenación de bienes.”

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha precisado, en la sentencia de fecha 17 de mayo de 2004 recaída en el Expediente 020-2003-AI/TC, que “la función constitucional de esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de [los] principios antes señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos.”

La norma que regula el cumplimiento del artículo 76 de la Constitución es la Ley de Contrataciones del Estado que tiene por finalidad “salvaguardar la eficiencia de las contrataciones y el adecuado uso de los fondos públicos involucrados.” La LCE ha tenido varias versiones y éstas han sufrido varias modificaciones. Lo uniforme, en línea con lo expuesto, es verificar que las entidades sometidas a su imperio se provean correctamente de los bienes, servicios y obras que necesiten para el cumplimiento de sus fines y al mismo tiempo asuman la obligación de pagarle al proveedor la respectiva contraprestación con cargo a los indicados fondos públicos. Dentro de ese marco legislativo una de las funciones del OSCE es la de absolver las consultas que se le formulen sobre las materias de su competencia.

Así, por ejemplo, la tercera disposición complementaria final del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF disponía que “las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado tienen carácter vinculante desde su publicación en el portal institucional […]” para luego acotar que “el criterio establecido en la opinión conservará su carácter vinculante mientras no sea modificado mediante otra opinión posterior, debidamente sustentada o por norma legal.” Esa normativa estuvo vigente hasta el 8 de enero de 2016. Al día siguiente entró en vigencia la Ley 30225 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 350-2015-EF, que rigen hasta ahora con los ajustes que se les ha introducido y que incluso en lo que respecta a la LCE han dado lugar a un Texto Único Ordenado materia del Decreto Supremo 082-2019-EF.

La Ley ahora preceptúa que “dentro de las funciones del OSCE se encuentra la absolución de consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil.” La tercera disposición complementaria final del Reglamento, a su turno, estipula que “[…] las opiniones mediante las que el OSCE absuelve consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado se publican en el portal institucional […]” Ya “no establece, de forma expresa, que las opiniones emitidas por el OSCE cuentan con carácter vinculante […]” Ello, “no obstante, dichas opiniones constituyen documentos en los que el Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública analiza la aplicación de la citada normativa, interpreta sus disposiciones e, incluso, integra las mismas para salvar vacíos o lagunas legales, según corresponda a la formulación de la consulta.”

Sobre este particular el documento recoge la opinión de Marcial Rubio Correa para quien “la teoría de la interpretación jurídica […] es la parte de la teoría general del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de la norma.”

 Respecto de la integración jurídica, apelando al mismo autor, refiere que “[…] a diferencia de la interpretación, se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se debe, o se considera que se debe, producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración jurídica, así, no aplica normas sino que en realidad crea una norma para el caso. Lo particular de la integración jurídica es que produce normatividad pero no mediante las fuentes formales del Derecho, sino mediante la aplicación del Derecho mismo (…) Por ello, está sujeta a ciertas condiciones, reglas y métodos. Además, su utilización es restrictiva y no extensiva, debido precisamente a que constituye una excepción al principio predomínate en el sistema Romano-germánico, en el sentido de que las normas las da, principalmente, el organismo que tiene atribución normativa.”

Concluye la cita precisando que “la laguna del Derecho puede ser definida como aquel suceso para el que no existe norma jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la consecuencia prevista, deba añadirse otra no prevista por el mismo supuesto.”

No escapa al análisis de la Dirección “que el OSCE, en su calidad de Organismo Técnico Especializado en materia de contratación estatal, tiene asignada la competencia de establecer el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado a través de la emisión de opiniones; en esa medida, ninguna otra entidad de la administración pública puede ejercer dicha función, de conformidad con el Principio de organización e integración contemplado en el artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 29158 “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.

En virtud del principio de organización e integración, las entidades del Poder Ejecutivo ejercen las funciones y competencias que le son asignadas, evitando su duplicidad y superposición lo que confirma la división de las tareas de la administración pública en sectores de acuerdo a las especialidades de los profesionales y especialistas que las integran y que permite la descentralización de las decisiones en consonancia con lo que cada quien domina, razón por la que, dicho sea de paso, resulta por demás inapropiado que se crea que puede existir una institución a nivel nacional que pueda saberlo todo y que en consideración de ello pueda decidir lo que está bien y lo que está mal en absolutamente todos los sectores del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales.

En atención a esa peculiaridad la opinión aclara que “la labor de definir el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado tiene especial importancia para el cumplimiento de las demás funciones contempladas en […] la Ley”, en particular aquella prevista en cuanto a la absolución de consultas.

En consideración de ello, el documento del 2017 concluye indicando que “no resulta necesario que la normativa de contrataciones del Estado -vigente desde el 9 de enero de 2016- establezca de forma expresa que las opiniones emitidas por el OSCE tienen carácter vinculante, puesto que al ser -su emisión- una competencia exclusiva del Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública, los criterios emitidos en dichas opiniones deben ser observados por los operadores de la citada normativa, al momento de su aplicación”, destacando que “aun cuando la anterior normativa de contrataciones del Estado -vigente hasta el 8 de enero de 2016- no hubiera establecido, de forma expresa, que las opiniones emitidas por el OSCE tenían carácter vinculante, los criterios vertidos en estas también debían ser observados por los operadores de la citada normativa, pues constituían los criterios emitidos por el Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública.”

Hace tres meses el mismo OSCE emitió otra opinión, en atención a una consulta formulada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, en la que reitera los mismos conceptos e incorpora una cita de Hans Kelsen para quien hay “dos tipos de interpretación, que deben ser nítidamente distinguidas entre sí: la interpretación del derecho por el órgano jurídico de aplicación, y la interpretación del derecho que no se efectúa por un órgano jurídico, sino por una persona privada y especialmente por la ciencia del derecho.” Isabel Lifante, también mencionada en el documento, agrega que Kelsen “realiza una clasificación exhaustiva de la interpretación atendiendo al sujeto que interpreta, pues distingue entre la que llama “«interpretación auténtica», que sería aquella realizada por los órganos aplicadores del Derecho y la «interpretación no auténtica», que englobaría todos los supuestos que no encajan en la primera categoría.”

Sobre esa base el pronunciamiento más reciente colige que “siendo que la competencia interpretativa de las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado ha sido conferida mediante ley especial, en concordancia con lo desarrollado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 020-2003-PI/TC, de manera exclusiva al OSCE, puede concluirse que la naturaleza de los criterios interpretativos desarrollados por este Organismo Técnico Especializado –por ejemplo, aquellos que son desarrollados a través de las Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa– es la de una interpretación auténtica, en el sentido kelseniano del término, de la citada normativa, y por ende, deben ser observados por todos los operadores al momento de su aplicación.”

Lo ratifica al reiterar que “si bien la normativa de contrataciones del Estado […] no establece de forma explícita que las opiniones emitidas por el OSCE tienen carácter vinculante, éstas deben ser observadas por los operadores de dicha normativa, al momento de su aplicación, toda vez que la emisión de las opiniones constituye el ejercicio de una competencia exclusiva, conferida por una ley especial, del Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública; en esa medida, corresponde observar los criterios vertidos en tales opiniones […]”

Una conclusión que se reproduce como dos gotas de agua a la recogida cuatro años atrás. Nada que agregar. Todo lo contrario, celebrar el tratamiento uniforme que a la materia en consulta le dispensa la normativa y la propia interpretación del OSCE.

Ricardo Gandolfo Cortés

 

 

Alicia Gandolfo Landauro

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