Matando el Registro se matará el arbitraje

 La urgencia de abrir el Registro Nacional de Árbitros es tan grande que si no se concreta en las próximas semanas se habrá logrado lo que los enemigos del arbitraje en contratación pública persiguen desde hace más de veinte años: desaparecer esta forma de solución de conflictos de los contratos que suscribe el Estado con sus proveedores.

Como el artículo 45.16 de la Ley de Contrataciones del Estado obliga a las entidades a designar árbitros que pertenezcan al RNA y como el mismo precepto obliga a los centros a elegir como presidentes de los tribunales arbitrajes a profesionales no solo inscritos en sus propios registros sino también en el RNA, es fácil colegir que mientras menos árbitros queden en este Registro, menos posibilidades habrá para que puedan constituirse nuevos tribunales.

¿Qué pasará cuando las entidades no tengan a quien designar o quienes designen deban declinar por la manifiesta incompatibilidad generada por los continuos nombramientos de los mismos profesionales por las mismas partes? ¿Qué pasará cuando los centros no tengan a quien designar porque los árbitros inscritos en sus listas ya no pertenezcan al Registro Nacional de Árbitros? ¿Tendrán que cambiar sus reglamentos internos y designar a árbitros no inscritos en sus listas o tendrán que abstenerse de administrar esa clase de procesos?

Lo más probable es que si se llega a ese momento el arbitraje en contratación pública habrá desaparecido sin necesidad de aprobar una ley que expresamente lo elimine. Así de grave es la situación. Matando el Registro, se matará el arbitraje. Y de paso, se matará la posibilidad de que las partes resuelvan sus conflictos de la manera más rápida y eficaz con lo que se desalentará la inversión y los nuevos emprendimientos porque nadie en su sano juicio quiere que sus reclamos no sean oportunamente atendidos.