La procuraduría del ministerio de Transportes y Comunicaciones que preside David Ortiz Gaspar informó la semana pasada haber logrado que una empresa contratista vinculada al Club de la Construcción indemnice a la entidad por los perjuicios generados en la ejecución de una obra, a través de un laudo arbitral favorable al Estado por vicios ocultos detectados en la rehabilitación y mejoramiento de una carretera en el interior del país. La noticia pone de manifiesto el alto grado de eficiencia que viene alcanzando esta dependencia integrada por profesionales comprometidos con la defensa del interés público.
La ocasión es propicia, sin embargo, para destacar que
similar éxito vienen cosechando otras procuradurías y otros sectores a través
del arbitraje y de otros medios alternativos de solución de controversias. En
buena hora. Eso demuestra que no es verdad que el Estado pierde la mayoría de
arbitrajes. Cuando tiene que ganarlos, los gana.
Y ello pese a que lo normal sería que los pierda
habida cuenta de que quien reclama lo hace porque algún derecho se le ha
negado. No reclama si no tiene ningún derecho porque los arbitrajes no son
gratuitos. Cuestan y no poco. Por tanto, si reclama lo habitual es que gane.
Nadie demanda para perder. Quizás no gane todo lo que pida, pero algo debe
ganar. Pierde si algo hace mal, si no sustenta bien sus pretensiones o se
equivoca a medio camino.
El Estado no suele reclamarles a sus proveedores a
través del arbitraje. No lo necesita. Si su contratista le incumple le deja de
pagar, le aplica las penalidades previstas, le resuelve el contrato, le ejecuta
las fianzas y por último lo envía al OSCE para que lo inhabiliten. Por eso es
que en la gran mayoría de los casos las entidades son las demandadas.
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