Registros y certificaciones

El Decreto Supremo 162-2021-EF ha introducido dos numerales nuevos en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, relativo al Registro Nacional de Proveedores. En uno precisa que “el RNP es el único sistema que brinda información oficial sobre los proveedores que participan en las contrataciones que realiza el Estado.”

En el segundo indica que la información del RNP es de acceso público para cualquier interesado, salvo aquello que sea confidencial, de índole tributaria, bancaria o comercial y que deba mantenerse en reserva en salvaguarda de las personas naturales o jurídicas inscritas.

Son dos añadidos muy importantes. En especial el primero porque debe concordarse con la modificación que experimenta, igualmente por acción del mismo Decreto, el artículo 47 del Reglamento, relativo a los documentos del procedimiento de selección. El numeral 47.3 establece que “el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado.”

El nuevo Decreto ha agregado que “los documentos del procedimiento de selección no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado.” Es una adición que apunta, sin ninguna duda, en dos direcciones. De un lado, contra esos afanes de algunas entidades por crear registros paralelos al RNP con el pretexto, muy frecuente desde hace muchos años, de la especialidad en determinadas materias. En efecto, en ciertas empresas públicas subsistían registros en los que prácticamente se obligaba a inscribir a todos aquellos proveedores que quisieran contratar con ellas. En algunas reparticiones de la administración gubernamental se repetía esa costumbre. Y ciertamente, sólo contrataban con aquellas personas naturales o jurídicas que mantenían sus inscripciones vigentes, actualizando periódicamente la información que debía reportarse.

De otro lado, la modificación apunta también contra esas certificaciones de calidad, de integridad y de otras cuestiones cuya emisión es tarea habitual y permanente fuente de ingresos de algunas instituciones internacionales que supuestamente acreditan condiciones que en muchas ocasiones la práctica lamentablemente contradice. Ese es el caso del famoso certificado anticorrupción que, como lo hemos señalado hasta el cansancio, lo exhibían muy orondas la mayoría de las empresas comprometidas precisamente en todos los actos de corrupción que se han denunciado últimamente en el país.

Las bases estándar para la convocatoria de licitaciones exigen, por ejemplo, además de la certificación del sistema de gestión antisoborno (ISO 37001), el certificado de “empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”, la certificación del sistema de gestión de responsabilidad social según el estándar SA 8000 sobre trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, discriminación, certificado azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que reconoce a las empresas hídricamente responsables, certificación del sistema de gestión de la energía y de la calidad (ISO 9001).

Esas certificaciones, con todo respeto, no sólo no tienen ningún sentido, sino que se constituyen en barreras de acceso al mercado para contratar con el Estado. Justamente aquello que el artículo 47.3 del Reglamento expresamente ahora prohíbe. (RG)