DE LUNES A LUNES
Mi
particular percepción es que una buena medida para combatir la corrupción en
las contrataciones públicas es la modificación del procedimiento de
adjudicación que, en la evaluación económica, ahora califica con el mayor
puntaje, en consultoría y ejecución de obras, ya no a la oferta más baja sino a
la oferta más cercana a un segundo promedio que se obtiene luego de descartar a
aquellas que se ubican por debajo del ochenta por ciento de un primer promedio
que se obtiene luego de sumar los montos de todas las que pasan la evaluación
técnica. El otorgamiento de la buena pro se ha vuelto así más imprevisible.
Quizás no sea lo mejor pero es una de las pocas fórmulas que puede desterrar
cualquier sospecha.
Hay
quienes estiman que acumulando varias propuestas con montos bajos se puede
empujar los promedios para eliminar o dejar fuera de poste a los proveedores
más serios con el propósito de asegurarle la adjudicación a algún advenedizo.
Es un riesgo, pero no hay forma de garantizarlo. Si se logra dotar a los
procesos de los presupuestos necesarios para el objeto que persiguen se habrá
dado un paso certero en procura de conseguir mejores contratos y mejores
proveedores.
Si
en paralelo se opta por difundir todas las actuaciones de un procedimiento de
selección desde su convocatoria hasta la suscripción del contrato y desde este
momento hasta su liquidación se habrá dado otro paso importante para fortalecer
la acción del Estado. La difusión también debe alcanzar hasta los
procedimientos de reclamación, comprendiendo la designación de árbitros, las
recusaciones y todo lo que abone a favor de un mayor control por parte de la
ciudadanía. La transparencia es siempre el mejor antídoto contra la corrupción.
EL
EDITOR
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