Ética y corrupción

El jueves 19 se realizó el III Congreso Nacional de Arbitraje organizado por la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima y el Centro de Altos Estudios Patmos. El evento se desarrolló en el auditorio José León Barandiarán de la sede de Miraflores del CAL. Se presentaron seis paneles que abordaron diversos temas. El primero se ocupó de medidas cautelares, convenios patológicos y redacción de laudos. En el segundo se trató sobre arbitraje fraudulento y mala praxis de los árbitros. En el tercero sobre Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Arbitraje: anulación y ejecución de laudos. En el cuarto sobre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. En el quinto se habló sobre las perspectivas del arbitraje en el Perú y en el sexto sobre las perspectivas del arbitraje en las contrataciones del Estado.

Entre otras, destacaron las intervenciones de los doctores Alberto Retamozo Linares, Ricardo Rodríguez Ardiles, Rómulo Morales Hervias, Carlos Castillo Rafael, Gonzalo García Calderón y la de nuestro editor, Ricardo Gandolfo Cortés, estos dos últimos en el sexto panel en el que hicieron hincapié en los temas de ética y corrupción.

La supuesta dicotomía entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc en el marco de la contratación pública fue un tópico sobre el que incidieron varios expositores en consideración de la proscripción actualmente vigente que le reserva al arbitraje institucional en exclusividad la administración de esta clase de controversias dejándole al arbitraje ad hoc únicamente aquellas que no versan sobre obras públicas cuyos valores equivalen a 25 UIT o menos.

Nuestro editor subrayó la importancia de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1341 en la Ley 30225 específicamente en lo relativo a la conciliación que se pretende robustecer para que las autoridades la empleen para todos aquellos casos en los que es manifiestamente imposible que tengan éxito en un arbitraje. En cuanto pueda implementarse ese cambio el número de arbitrajes disminuirá y se sincerará. También ponderó la modificación en materia de recursos de anulación del laudo en el extremo en que no se obligará a los funcionarios a presentarlos obligatoriamente y en aquel otro que exigirá para su procedencia de la autorización de la máxima autoridad de la entidad, del ministro o del Consejo de Ministros. Criticó, de otro lado, que se libere a la entidad de la fianza como requisito para interponer el recurso de anulación que sin embargo se restituye para el caso del contratista, creándose una inequidad que no tiene ninguna justificación.

Gandolfo recalcó que para que haya corrupción en el arbitraje es indispensable que se coludan varios actores: los funcionarios públicos, los proveedores y los miembros del tribunal arbitral y que inventen o creen una obligación inexistente con el objeto de hacerla efectiva una vez concluido el proceso. Sólo se concreta si las autoridades, involucradas en el delito, eligen como árbitro a alguien que se va a prestar a esas malas prácticas y si, posteriormente, notificadas con el laudo, pagan diligentemente lo que éste les ordena. No es lo habitual, desde luego. Pero puede ocurrir. Una forma de impedirlo es disponiendo que los árbitros que designen las entidades provengan de la nómina del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, de algunos centros en particular o de un nuevo registro integrado exclusivamente por profesionales serios y honestos.

Al proveedor no se le obligaría que elija a su árbitro de alguna lista determinada porque finamente si hace una mala designación lo que está en juego es su inversión y sus intereses. En cambio si quien hace una mala designación es el funcionario público, lo que pone en juego es el dinero del Estado y los intereses de todos los contribuyentes. Por eso debe impedirse que seleccione a su vecina, a su compadre o a quien le debe o le quiere cobrar algún favor pasado o futuro.

Nuestro editor dijo finalmente que el mejor antídoto contra la corrupción en el arbitraje es la transparencia y sugirió en ese sentido proseguir con la difusión de laudos y de las resoluciones de designación, las que resuelven recusaciones y todas aquellas otras que pueden ser de interés.