El jueves 22, en el marco del X Congreso Internacional de Arbitraje organizado por la PUCP se presentó una mesa dedicada a abordar las fortalezas y debilidades del arbitraje institucional en las regiones del Perú. En el panel participaron Fabiola Paulet Monteagudo, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huancayo; Ludovina Villanueva Núñez, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; Silvio Campana Zegarra, ex jefe de la Defensoría del Pueblo en el Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac; Gustavo Bayona Mac Pherson, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tacna; y José Luis Rojas Alcocer, director de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) que hizo de moderador y que hizo una presentación del tema muy interesante, relievando las características del arbitraje institucional y manifestando que la actual legislación lo prioriza aunque a nivel nacional no tenga todavía una amplia cobertura.
Por primera vez se abordó de manera conjunta los problemas que confronta el arbitraje institucional en el interior del país ponderando sus virtudes y compatibilizándolas con la realidad que se vive en provincias y distritos que carecen de un número suficiente de centros. El número de arbitrajes a nivel nacional es inmensamente superior al número de instituciones en condiciones de absorberlos, razón por la que una gran mayoría de ellos todavía son atendidos al margen de los centros, en ocasiones sin las garantías más elementales de una buena práctica arbitral.
Pese a ello, los expositores pusieron en evidencia los esfuerzos que realizan al frente de sus respectivas organizaciones para tratar de expandir la institucionalidad y para tratar de combatir toda forma de inconductas e ilícitos que eventualmente podrían presentarse.
Rompió lanzas la doctora Paulet, ex directora de Arbitraje Administrativo del OSCE, comentando la forma en la que había consolidado el arbitraje institucional en Huancayo, la ciudad más importante de la sierra central del Perú, enfocando su cometido sobre la base de tres ejes fundamentales: transparencia, celeridad y confianza así como un alto grado de independencia de la Corte de Arbitraje. Divulgar todas las acciones que adopta el centro ha sido muy útil porque pone de manifiesto la honestidad con la que se trabaja.
A su turno, la doctora Villanueva trajo a colación los entretelones del caso ONCOSERV, uno de los más sonados de la región Arequipa, que puso en evidencia las debilidades y riesgos a los que se expone un proceso mal conducido. Hizo hincapié en el gran número de expedientes que deben patrocinar los abogados adscritos a las procuradurías y explicó que aunque gran parte de ellos corresponden a la vía judicial, un volumen significativo representan los procesos arbitrales que en su mayoría son meramente declarativos en cuyas pretensiones en el fondo ambas partes coinciden pero no llegan a ningún acuerdo por temor a las posteriores acciones de control.
El doctor Campana, actual consultor del Centro de la PUCP, relató algunas experiencias que recogió recientemente en su intento por difundir el arbitraje institucional. Comentó que cuando trataba de persuadir a unos funcionarios de una determinada entidad para que incluyan dentro de sus contratos y en las bases con las que convocan distintos procesos la cláusula de estilo, uno de ellos le preguntó muy suelto de huesos, cómo harían para asegurarse que todos los arbitrajes los iban a ganar. Refirió que esa clase de costumbres son muy frecuentes en el interior del país.
Finalmente, el doctor Bayona, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad heroica, destacó que en el interior del país existe un marcado desconocimiento respecto de los último cambios normativos que han experimentado la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, al punto que se pactan cláusulas patológicas que no tienen forma de llevarse a la práctica. Cuestionó también que muchos arbitrajes no se queden en las provincias y se los lleven fuera de las regiones, lo que comporta mayores costos, tiempo y dificultades para hacer el seguimiento y la defensa. Subrayó que la institución que administra organiza eventos para capacitar a árbitros, abogados y demás operadores del sistema.
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