DE
LUNES A LUNES
El arbitraje en el Perú todavía no termina de
recuperarse de la embestida ocasionada por el proyecto de ley del congresista
Héctor Becerril, cuando aparece uno nuevo, esta vez del congresista Gustavo
Rondón con el que se quiere incorporar a la Contraloría General de la República
como veedor obligatorio en todos estos procesos. Dígase, de paso, que el señor
Rondón es el mismo congresista que el año pasado presentó otro proyecto –hasta
ahora sin éxito–, con los mismos motivos que lo animan ahora, con el objeto de
convertir a los árbitros en funcionarios públicos.
El proyecto del señor Becerril pretende extender
la duración de los arbitrajes innecesariamente con una segunda instancia
obligatoria –que la parte que pierde obviamente no dejará de utilizar– y que lo
único que logrará es encarecer las reclamaciones. Es obligatoria en tanto está
allí para quien la quiera emplear a diferencia de lo que ocurría con la antigua
Ley General de Arbitraje en la que sólo existía si es que estaba expresamente
pactada por las partes.
No tengo la menor duda de que a estos padres de
la patria, al igual que a la congresista Rosa Mavila –que hace tres años quiso
incorporar a los árbitros dentro de la figura penal del prevaricato–, les
preocupa que diversos actos ilícitos se consumen en nuestro país a través de
determinados arbitrajes especialmente fabricados en su mayor parte para esos
propósitos.
La solución no está, sin embargo, como podría
creerse, en ponerle grilletes a esta forma mágica, rápida y eficaz de resolver
conflictos. Si caemos en esa tentación habremos perpetrado el peor de los
crímenes: el de eliminar al cartero creyendo que así desaparecerán los correos
fatales. Falso. Se buscarán otro mensajero. El delito siempre encuentra formas
para expresarse. No hay que combatir las formas. Hay que combatir al delito y
con todo el peso de la ley.
Si, como admite el congresista Becerril, se ha
llegado al extremo de crear una red delincuencial para apropiarse ilícitamente
por medio del arbitraje de diversas propiedades inmuebles, ¿qué le hace pensar
que creando una segunda instancia se va a evitar ese objetivo? Si los
facinerosos crean procesos fantasmas de una instancia ¿qué le hace pensar que
no podrían crearlos de dos o tres instancias? Se la hacemos un poco más
complicada, es cierto. Pero ¿a qué costo? Al costo de dilatar y encarecer las
reclamaciones y poner en jaque el desarrollo nacional.
Lo que los delincuentes hacen a través del
arbitraje lo pueden hacer, sin ninguna duda, también en la vía judicial. ¿Y qué
haremos entonces? ¿Crear más instancias? ¿Involucrar a la Contraloría en el
Poder Judicial, como propone ahora el congresista Rondón?
¿No es más fácil preocuparse de que antes que se
inscriba cualquier título en el registro de inmuebles se compruebe su
autenticidad? No pongamos contra las cuerdas un mecanismo de solución de
controversias que ha probado fehacientemente su gran utilidad sólo porque una
gavilla de delincuentes se valen de él, como se podrían valer de cualquier otro
medio, para consumar sus fechorías.
EL EDITOR
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