DE LUNES A LUNES
En
un reciente evento organizado por la Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional (AFIN) sobre arbitraje y seguridad jurídica, el
Contralor General de la República Fuad Khoury dijo que son los errores de las
propias entidades los que generan la mayoría de arbitrajes. Lo hizo al
presentar las conclusiones de un estudio elaborado por la CGR (PROPUESTA 410) que
encontró entre las causas de estas reclamaciones las deficiencias de las
especificaciones técnicas de bienes y servicios que se contratan, la equivocada
absolución de consultas y observaciones a las bases y un deficiente seguimiento
de los mismos contratos.
Según
la interesante investigación, el Estado pierde el 70 por ciento de los litigios
–aun cuando en realidad se le condena a pagar aproximadamente el 50% de lo que
se le reclama– y de ese resultado el Contralor también responsabiliza a las
entidades que no logran articular, según admitió, una adecuada defensa de sus
posiciones.
Falta
revelar el porcentaje de procesos que se instalan sólo para que el tribunal
arbitral declare o confirme los derechos que le corresponden a un contratista y
que no están en discusión pero que los funcionarios de las entidades
comprensiblemente no quieren aceptar por temor a las represalias de los órganos
de control. Si se elimina de la estadística esos arbitrajes en los que
realmente no hay controversia que dirimir, el estudio arrojaría, sin ninguna
duda, otras cifras.
Queda
por cuantificar cuánto dinero pierde el Estado en esos procesos totalmente
innecesarios. Cuando se sepa, quizás se piense más seriamente en modificar la
legislación que impide transar y llegar a acuerdos antes o durante un arbitraje
para darle a cada quien lo que le corresponde.
EL EDITOR
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