DE
LUNES A LUNES
El viernes se informó que diversas empresas
vinculadas a un prófugo de la justicia dieron servicios a más de veinticinco
instituciones públicas. Entre ellas figura la Contraloría General de la
República que pagó más de seis millones de nuevos soles por trabajos de
jardinería, limpieza y fumigación entre el 2012 y el 2014. La noticia no
debería llamar a mayor escándalo porque mientras un proveedor no sea
inhabilitado para contratar con el Estado puede participar en todo tipo de
procesos de selección. Como cualquier ciudadano que es inocente hasta que se
pruebe su culpabilidad y sea condenado.
No se trata de defender a quienes actúan al
margen de la ley. Se trata simplemente de defender el estado de derecho. Si
existiese ese libre albedrío, los funcionarios públicos podrían impedir la
contratación de diversos postores aduciendo alguna vinculación con quien está
siendo buscado por algún delito.
En estos casos, lo que hay que determinar, de un
lado, es si los proveedores actuaron correctamente en las respectivas
adjudicaciones y si actuaron bien quienes condujeron esos procesos. Hay que
averiguar si ganaron demasiados procesos y si es que hubo alguna intención de
favorecerlos, desde luego. Hay que revisar si hubo impugnaciones y revisar cómo
terminaron. De otro lado, habría que averiguar cómo se prestaron esos
servicios: si hubo incumplimientos, si se aplicaron penalidades, si se
resolvieron los contratos y si se iniciaron procesos sancionadores contra esas
empresas y cómo acabaron. De eso no se ha dicho nada y eso es lo que importa.
Lo que queda claro es que mientras no se
inhabilite a un proveedor, éste puede seguir operando. Y puede llegar a
contratar incluso con la Contraloría General de la República, la que, dicho sea
de paso, no ha incurrido en ningún ilícito sólo por hacerlo. Todo lo contrario,
ilícito sería negarle una adjudicación a un postor que no está legalmente
impedido de contratar con el Estado.
EL EDITOR
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