El congresista Carlos Bruce Montes de Oca ha
suscrito el Proyecto de Ley 4217/2014-CR de fecha 4 de marzo con el que
pretende responsabilizar penalmente al supervisor de una obra, con pena
privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, por no
comunicar de manera inmediata a la Contraloría General de la República
“cualquier tipo de situación que implique incumplimiento de obligaciones del
contratista de obra o irregularidades en la ejecución”, especialmente en
materia de “adendas, adicionales de obra, mayores gastos generales, liquidación
del contrato y vencimiento de garantías; variación en calendario de obra,
ampliaciones de plazo y aplicación de penalidades; deficiencias, omisiones o
variaciones del expediente técnico, variación en calidad de materiales,
maquinarias, equipos y personal; así como incumplimiento de normas técnicas en
procesos constructivos.”
El proyecto confunde las funciones
constitucionales que le corresponden a la CGR que son las de supervisar la
legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la
deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control y de los
gobiernos regionales y locales para cuyo efecto organiza un sistema de control
descentralizado y permanente que en modo alguno puede estar examinando todas y
cada una de las incidencias de cada obra.
Las ocurrencias que el proyecto señala no son
irregularidades o incumplimientos que exijan alguna sanción para contratistas o
funcionarios. Son hechos que van ajustando la ejecución de la obra a sus reales
necesidades y que sólo justifican alguna penalidad, económica y no privativa de
la libertad, cuando pueden atribuirse sin ninguna duda a la responsabilidad de
alguna parte y que hayan ocasionado un perjuicio debidamente acreditado.
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