DE LUNES A LUNES
A
lo largo de la última semana, en diversos medios, se ha estado comentando, como
si se tratase de un sacrilegio, que en determinada entidad se han adjudicado
contratos a empresas o consorcios conformados por firmas contratistas que
tenían juicios con el Estado.
Sobre
esa imputación hay varias cuestiones por aclarar. En primer término, tener un
pleito con el Estado no inhabilita a nadie para nada. El precepto, consagrado
en el artículo 2.19, e) de la Constitución Política del Perú, establece
solemnemente que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad.”
En sintonía con la señalada disposición el
artículo 11,l) de la Ley de Contrataciones del Estado 30225, modificada por el
Decreto Legislativo 1341, impide que participen en un procedimiento de
selección, que sean postores y que contraten o subcontraten con las entidades
sujetas a su imperio, a todas aquellas “personas naturales o jurídicas que se
encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos […]”
Por consiguiente, si una persona natural o
jurídica no está inhabilitada para contratar con el Estado puede perfectamente
participar y ganar un proceso. En el pasado, en efecto, existía la prohibición
a la que se han referido algunos observadores, pero se puso en evidencia que,
al margen de su inconstitucionalidad, eran más los abusos que se cometían en su
nombre que los beneficios que eventualmente podía aportarle al país.
La norma se prestaba para que algunos
malos proveedores forzaran para que ciertas entidades inicien reclamaciones
contra sus potenciales competidores únicamente con el objeto de marginarlos de
aquellos procedimientos en los que habían puesto sus expectativas, en ocasiones
confabulados con los funcionarios que abrían los juicios o procedimientos
administrativos y que eran coincidentemente los mismos que tenían que adjudicar
los nuevos contratos.
Otras veces se dilataban sospechosamente
los procesos que emprendían algunos contratistas solicitando sus legítimos
derechos a pagos incumplidos, ampliaciones de plazo no otorgadas,
modificaciones no reconocidas, resoluciones impugnadas, entre otros. Como el
impedimento no estaba circunscrito a las reclamaciones formuladas por el Estado
contra el probable postor también operaba a la inversa cuando eran los postores
los que las habían presentado, con lo que funcionaba como un elemento de
presión para evitar que se hagan reclamaciones por más justas que sean. El
colmo de la arbitrariedad.
Tener juicios –o arbitrajes en el caso de
las contrataciones públicas– no puede marginar a los proveedores a participar y
recibir adjudicaciones en los procedimientos de selección. Eso es cierto. No
menos cierto es que algunos contratistas, inhabilitados administrativamente por
el Tribunal de Contrataciones del Estado, buscan y consiguen medidas cautelares
que suspenden la eficacia de esas sanciones. Lo hacían, al menos, hasta hace
algún tiempo.
Recuerdo que le sugerí a la presidenta del
OSCE, de entonces, que publique el íntegro de las resoluciones judiciales que
dejaban sin efecto las inhabilitaciones hasta que concluyan los procedimientos
judiciales. Lo hizo y de inmediato se pudo comprobar, como se puede comprobar
ahora mismo, que en algunos casos esos pronunciamientos no tienen ningún
fundamento, como se temía, y más parecen extraídos del sombrero de algún
prestidigitador que la justa respuesta a un exceso. En otros, por el contrario,
se advierte que la autoridad judicial corrige un entuerto, un error en el que
probablemente sin querer ha incurrido la última instancia administrativa, con
lo que se anota un punto a favor de la magistratura. En ambos escenarios,
empero, la transparencia se convierte en el mejor aliado de quienes luchan
contra cualquier forma de corrupción.
Ello, no obstante, queda claro que tener
juicios no te convierte en culpable. Si así fuese, se desataría otra ola de
demandas y denuncias sin razón ni sustento sólo para evitar tu presencia en esa
licitación que vengo acariciando desde tiempo atrás y en la que tú eres el
único que me puedes ganar. Creyendo que estoy combatiendo la corrupción termino
alentando y propiciando más corrupción. Ojo al piojo.
EL EDITOR
