El nuevo Contralor General de la
República, Nelson Shack Yalta, ha declarado que su intención es supervisar los
grandes proyectos de infraestructura desde su inicio, desde la etapa en la que
se elaboran los estudios de preinversión que, en su opinión, tienen muy baja
calidad y no ofrecen ningún indicio valedero respecto de los costos de la obra,
razón por la que su valorización resulta incierta y por la que se genera la
gran cantidad de adendas que se terminan firmando. En esa línea, ha anunciado
que se pasará de tener un control básicamente posterior a uno concurrente, que
siga y acompañe a los proyectos, no sólo en su diseño sino también durante su
ejecución, fundamentalmente en aquellas obras que tienen presupuestos que
superan los 100 millones de soles.
La propuesta es interesante aun cuando
podría duplicar las funciones del supervisor que por expreso mandato de la ley
debe contratar cada entidad para todas aquellas obras de 4 millones 300 mil
soles o más de valor referencial. Si la Contraloría logra dotar a las entidades
de los fondos suficientes para la realización de buenos estudios de
factibilidad y buenos expedientes técnicos se podrá tener una aproximación
bastante más certera respecto de las características del proyecto, del suelo y
de los costos que demandará su desarrollo.
El doctor Shack tratará que la Contraloría
participe como una veeduría en el proceso de selección de los supervisores y
ejecutores de las grandes obras. Quizás pueda revisar las bases y términos de
referencia de los respectivos procedimientos de selección y exigir las
modificaciones que sean pertinentes a efectos de asegurar la contratación de los
proveedores que estén en las mejores condiciones de realizar cada encargo.
Por último, quiere participar igualmente
en los procesos de designación de los árbitros que eligen las entidades del
Estado para integrar los tribunales que resuelven las controversias que se
derivan de estos contratos. Esta es una medida muy acertada porque no está bien
que algunos funcionarios públicos nombren como árbitros a quienes carecen de
calificaciones para desempeñarse como tales. Si el contratista elige mal a su
árbitro, es su problema, porque lo que está en juego son sus intereses
particulares. Pero si la entidad elige mal, el problema no es sólo del
funcionario, porque lo que es del Estado nos interesa a todos.
En una reforma reciente de la Ley de
Contrataciones del Estado quedó en el tintero –aunque fue recogida en la
exposición de motivos y en el debate parlamentario– nuestra propuesta de que
los árbitros que designan las entidades pertenezcan, cuando menos, a un
registro especial administrado por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado. Quizás pueda ampliarse a otras listas. En cualquier
caso, la Contraloría podría garantizar que la elección sea seria y que no se
opte por los amigotes ni los compadres de las autoridades de turno.
El Contralor General de la República
admitió no recordar ningún caso relevante de corrupción que se haya descubierto
gracias a la labor de la institución que dirige y que esa evidencia es la que
lo impulsa a propiciar el cambio de estrategia que se estrenará en la
fiscalización de las obras de reconstrucción que se emprenderán en breve.
Advierte que el objetivo es activar un mecanismo de alerta temprana en cada
proyecto a través de distintos hitos de control. Reconoce que no podrá
comprender a todos los proyectos y por eso mismo desea comprometer a la
sociedad civil organizada para que contribuya en estas tareas de este nuevo enfoque
que incluye el fortalecimiento de las capacidades internas de cada entidad.
En declaraciones al diario Gestión, Nelson
Shack, afirmó que en el Perú se sanciona poco a los funcionarios corruptos.
Dijo que de 550 mil servidores del Estado, 150 mil están vinculados al manejo
presupuestal y de toma de decisiones sobre los recursos públicos. De ellos,
sólo 12 mil fueron denunciados en los dos últimos años. No ha precisado, sin
embargo, cuántos fueron finalmente condenados. Si lo habría señalado, sus
porcentajes habrían caído todavía más bajo. Es verdad que no son cifras para
resignarse ni para forzar una cacería de brujas. Son cifras que, en beneficio
de los funcionarios, demuestran que se acusa quizás poco, pero sin fundamento y
sin pruebas contundentes. Ojalá que en el futuro se acuse todavía menos pero
con éxito. Que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley, pero que no se
distraigan las energías en perseguir y pretender sancionar a inocentes. Que se
concentre toda la fuerza en minimizar los riesgos de las inversiones y
propiciar el progreso del país.
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