Costos y plazos de los expedientes técnicos

DE LUNES A LUNES

En el Congreso Internacional de Ingeniería de Consulta organizado por la Asociación Peruana de Consultoría y el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Marco Cruzado coincidió con el ingeniero brasileño Henrique de Aragäo, presidente de la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC), quien fue uno de los principales expositores en el evento, al sostener que en Latinoamérica el costo de los expedientes técnicos sobrepasa en setenta y nueve por ciento los precios con los que se convocan y que los plazos exceden en cincuenta y tres por ciento respecto de aquellos que se fijan al empezar los estudios.

Destacó que esa evidencia condiciona la calidad de los expedientes técnicos y de los estudios en general que se elaboran en el país y el resto de la región. Si no se establecen valores que permitan un trabajo serio y prolijo pues no se puede obtener un servicio óptimo. Si no se consideran y retribuyen los plazos que demanda la ejecución de un buen trabajo, pues tampoco se puede lograr un buen producto.

Los presupuestos por lo general se calculan sobre la base de precios históricos sin discernir si esos montos fueron suficientes para conseguir el objeto que se buscaba o si a su vez fueron superados con partidas adicionales indispensables para concluir el expediente técnico. Tienen que usarse precios de referencia exitosos. No precios históricos que no han logrado su cometido o para decirlo más crudamente, precios fracasados. Si se hace eso, inexorablemente se va a repetir la mala experiencia.

Agréguese a ello el hecho de que se adjudican los estudios preliminares a quien oferte el precio más bajo sin ninguna limitación con lo que se abre la posibilidad de que los trabajos que sirven de base para la elaboración del expediente técnico no tengan la solidez más elemental porque son elaborados por profesionales de escasa experiencia.

Con los plazos sucede algo muy similar. No se pueden estimar los tiempos que se necesitan para cada actividad en función de las urgencias políticas del momento. Hace poco un ingeniero comentaba que los funcionarios están habituados a fijar los plazos de los estudios en razón de las urgencias que fijan sus superiores y no de las necesidades reales del servicio y de sus diversas investigaciones.

Otro profesional recordó que para la elaboración de un estudio se habían mezclado dos métodos de trabajo, uno tradicional y otro moderno. El tradicional aseguraba un desarrollo más rápido pero de corta cobertura. El moderno exigía un mayor tiempo para instalarse y ponerse a andar pero al mismo tiempo aseguraba una mayor cobertura. La convocatoria exigió de los postores experiencia en ambos sistemas. La razón: Las autoridades querían inaugurar una parte del proyecto, aunque sea muy corta, en el más breve plazo, antes de concluir sus respectivos mandatos. Para eso se necesitaba emplear por un corto tiempo el método tradicional que aunque redituaba un menor rendimiento servía para los objetivos políticos trazados.

En ese escenario, develar la placa y poner la primera piedra resulta más importante que satisfacer más pronta y globalmente los requerimientos de la población. Con esa filosofía, desde luego, es más difícil caminar hacia el progreso.

Ricardo Gandolfo Cortés

 

EL CASO DE SUPERVISORES PENALIZADOS POR NO TENER AL PERSONAL COMPLETO CUANDO LA OBRA ESTÉ PARALIZADA

Un problema recurrente que afecta a los supervisores de obra son las penalidades que les aplican las entidades por no tener a su personal completo en el servicio cuando la ejecución de los trabajos está paralizada. Si la obra está detenida por alguna circunstancia que se prolonga en el tiempo, el supervisor solicita a la entidad la desmovilización de sus equipos hasta que se reinicien los trabajos, lo que en ocasiones lamentablemente demora mucho. Invariablemente, sin embargo, los funcionarios se niegan a esta posibilidad aduciendo que no está prevista y que si acceden a un pedido de esa naturaleza podrían ser observados y eventualmente sancionados por sus órganos de control o por sus superiores.

En ese escenario los profesionales deben concurrir diariamente al lugar de la obra y quedarse allí en la mayoría de los casos sin hacer absolutamente nada con lo que se le ocasiona un grave perjuicio económico al propio Estado porque la entidad tendrá que pagar esos tiempos muertos. Lo ideal sería suscribir un acta de suspensión que permita la desmovilización de equipos, maquinarias y vehículos con cargo a su movilización en cuanto esté superado el inconveniente que ocasiona la paralización.

En la práctica con el paso de los días los profesionales buscan qué hacer con su tiempo mientras les asalta la legítima duda de si serán retribuidos o no por no hacer nada. En ese afán consiguen algunos trabajos eventuales con los que cubren sus preocupaciones pero que los obligan a retirarse por algunas horas de la obra que no se ejecuta. Entre tanto, servidores públicos de control o de inspectoría detectan estas ausencias y de inmediato aplican las penalidades como si no estuviera ese personal durante todo el día.

Es verdad que si así de equivocadas están las normas igual deben cumplirse hasta que sean modificadas. No menos cierto es que debería evitarse el despilfarro de tener que pagar por horas/hombre improductivas solo por una deficiencia del programa. Me temo, sin embargo, que la legislación contempla estos casos y para eso está la figura de la suspensión del contrato por mutuo acuerdo. Lo que pasa es que no se quiere transitar por esta opción porque se cree que la reanudación puede demorar y atrasar aún más los trabajos. Eso debería combatirse para que sea un trámite muy expeditivo.

Respecto de los profesionales que se escabullen del puesto y hacen abandono de destino por más que sea una acción perfectamente comprensible, por los temores que los asaltan y por la necesidad de combatir el ocio, no tiene ninguna justificación. Es verdad también que sus empleadores no pueden estar como celadores detrás de los ingenieros para que no burlen los controles y se escapen de la obra.

También es cierto que hay proveedores que ellos mismos reubican a sus profesionales en otros proyectos en tanto se reinicia la obra que está paralizada con el afán de maximizar el valor de sus cuadros y con la comprensible creencia de que la entidad no les va a pagar o les va a pagar tarifas castigadas y disminuidas en algunos conceptos en consideración a la evidencia de la obra detenida. Así en ocasiones lo advierten y así proceden con frecuencia.

 

ESTUDIOS A TARIFAS Y SUPERVISADOS POR TERCEROS

Los contratos para la elaboración de estudios de ordinario se contratan a suma alzada y se retribuyen en función de hitos, como se dice ahora, o del cumplimiento de determinadas obligaciones. Es habitual, por ejemplo, que se entreguen informes preliminares de avance. Si el plazo del estudio es de doce meses puede haber también once informes mensuales previos a la entrega del trabajo final. En la mayoría de las veces los informes periódicos no están atados a un plazo en el calendario sino al cumplimiento de ciertas metas que deben ser aprobadas por la entidad para que se pueda proseguir con el siguiente paso que va a dar lugar al siguiente informe.

El problema estriba en que los funcionarios, como están abocados a otros compromisos laborales y como además quieren eludir responsabilidades mayores a las que ya tienen, demoran en revisar y aprobar los informes previos y eso trae como consecuencia que se atrase el plazo para la elaboración de los siguientes informes.

Al consultor que elabora el estudio, sin embargo, se le paga por entregables y por consiguiente si se retrasa el plazo para la presentación de esos informes no se le retribuye el mayor costo en el que incurre por tener más tiempo a sus profesionales en el campo y en gabinete. A los profesionales se les paga un salario calculado en función al período que se los requiere. Si se los contrata por doce meses es muy probable que el trabajo se extienda por seis meses más que nadie asume. Si tiene que alquilar equipos de topografía, maquinarias y vehículos tampoco se le reconoce el mayor plazo porque su contrato es a suma alzada.

Los atrasos no son atribuibles en modo alguno al proyectista que diseña el estudio. Son exclusiva responsabilidad de la entidad que no revisa ni aprueba los informes en su debida oportunidad. Esa realidad obliga al consultor a iniciar una reclamación formal que puede llegar a arbitraje y que de todas formas ganará porque ha debido incurrir en gastos mayores a los previstos, por circunstancias totalmente ajenas a su responsabilidad, que encarece el costo del servicio y que si no es resarcido lo terminará quebrando o dejando en una situación insostenible económicamente.

Como el plazo de los estudios también puede ampliarse considerablemente por complicaciones que aparecen a lo largo del diseño a veces es preferible retribuirlos a tarifas de personal y confiar la revisión y aprobación de las labores del proyectista a un supervisor de estudios totalmente ajeno a la entidad, contratado por concurso que además autorizaría los pagos por el servicio prestado.

Así como es obligatorio contratar a un supervisor de obra a partir de un determinado monto de inversión, así también debería ser obligatorio contratar a un supervisor de estudio a partir de otro determinado monto. De esa manera se alejaría de la función pública la difícil tarea de tener que revisar y aprobar estudios y se convocaría a un tercero para estos fines.

Las autoridades suelen preguntarse qué garantía puede haber para creer que esta fórmula no podría prestarse a malas prácticas y  a actos de corrupción. La mejor respuesta es que peor no se puede estar, de forma tal que cualquier innovación en este aspecto sólo puede traer beneficios.