DE LUNES A LUNES
Mientras que aquí se discuten iniciativas destinadas a
rehabilitar la competencia del Poder Judicial para resolver las controversias
que se derivan de los contratos que celebra el Estado con sus proveedores, lo
que sería un desastre para las inversiones y para la seguridad jurídica, el
Índice del World Justice Project, que se difundió hace unos días, ubica al Perú
como uno de los peores países para litigar.
Pese que tenemos un puntaje por encima del promedio en
derechos fundamentales de la población y en sujeción de los poderes del Estado
a la ley así como en transparencia general en temas legales y de información
pública, perdemos posiciones en el escenario internacional debido al sistema
judicial.
El Perú se encuentra entre los tres peores países en
términos de tardanza en obtener resultados. Debajo de nosotros sólo están
Guatemala y Venezuela. Según Krizia Zúñiga, entrevistada por el diario Gestión,
los retrasos innecesarios se deben a tres elementos que forman un círculo
vicioso entre sí: la burocracia, la corrupción y la ineficacia. Un juez solo
puede atender 500 procesos al año pero se encuentra obligado a administrar más
de 5 mil.
Sobre este particular, Alexandra Ames de la UPC estima
que se necesita un cambio de paradigma de lo escrito a lo oral, mejorando la
infraestructura y la fiscalización. Hay que impulsar una reforma urgente
aprovechando la digitalización que la pandemia empujó y que ayudó a mejorar y
ordenar los procesos.
En el ámbito penal el asunto es igualmente alarmante.
El Perú ocupa el puesto 115 en términos de justicia básicamente por un sistema
correccional ineficiente que no reduce las conductas delictivas y que adolece
de varias deficiencias en opinión de Luis Lamas Puccio. El modelo ha colapsado,
no tiene presupuesto ni personal para rehabilitar a los internos. Los penales
tampoco están equipados para esas labores lo que conduce a altas tasas de
reincidencia. El tiempo en que se resuelven los juicios es igualmente
lamentable. La puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal que pretendía
aligerar este problema tampoco ha tenido el impacto que se esperaba.
En un escenario como el descrito incrementarle la
carga procesal al Poder Judicial resulta totalmente absurdo. Lo que hay que
hacer es descongestionarla y no atiborrarla de cada vez más casos. Y en
paralelo promover mecanismos de solución de controversias alternativos que han
demostrado rapidez y eficiencia como el arbitraje, la conciliación y más
recientemente la Junta de Resolución de Disputas. Pretender crearles obstáculos
en vez de dotarlos de facilidades es desconocer los apremios de la realidad que
hasta una investigación internacional ha puesto en evidencia.
Ricardo Gandolfo Cortés
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