La edición de El Peruano del sábado 13 difundió la
Ley 31559, promulgada el día anterior y aprobada por el Congreso de la
República el 21 de julio. La nueva norma, impulsada por la Contraloría General
de la República, crea el Registro de Contratos de Consultoría en el Estado, que
almacenará información sobre contratos de servicios, asesoría, estudios técnicos,
supervisiones, proyectos, investigaciones, auditorías, diseños, inspecciones y
similares que se hagan para las diversas entidades públicas.
La declarada finalidad del registro es controlar los
contratos, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Extraña
sobremanera que no comprenda a bienes, suministros y servicios generales así
como tampoco considere a las obras públicas que, según la propia Contraloría,
son el germen de la mayor corrupción en el país.
El nuevo Registro debe tener información respecto
del área usuaria, del pedido formulado, de los términos de referencia, de la
persona natural o jurídica que contrata así como, en este último caso, de todos
sus accionistas, apoderados, representantes y gerente general. Se desconoce
cómo hará con las empresas de accionariado difundido o de aquellas que cotizan
en bolsa. De seguro, un reglamento regulará excepciones y establecerá límites.
El Registro también debe contener data sobre
contratos y adendas y sobre los funcionarios responsables, sobre la conformidad
de la prestación, los pagos realizados, los entregables y/o productos y sobre
alguna sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE.
Todo parece indicar que el nuevo Registro pretende
recolectar información que es de público conocimiento y que se reporta
periódicamente a otras instancias con lo que se recargarán las obligaciones de
funcionarios y proveedores, se crearán más pretextos para incrementar la
burocracia oficial así como para disponer de una mayor cantidad de locales,
equipos y maquinaria para almacenar la información que se exija presentar en
físico o en soporte magnético y para analizar aquella que se encuentre
disponible en cualquier forma.
La Contraloría cumple un rol muy importante al verificar la correcta ejecución del presupuesto de la República y en ese esfuerzo debe coadyuvar a gestionar el gasto adecuado de cada sector, región y municipio que por desgracia revelan niveles muy pobres de inversión cada año. No se trata de dedicarse solo a perseguir a los servidores del Estado o de sustituir las labores de la fiscalía o de la policía. Se trata de constituirse en una entidad pro activa y no sustancialmente punitiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario