Por la reactivación de las pericias y contra la corrupción

DE LUNES A LUNES

Los decanos del Consejo Nacional y del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, María del Carmen Ponce Mejía y Roque Benavides Ganoza, han suscrito un pronunciamiento conjunto que se ha difundido la semana pasada en defensa de la ingeniería nacional, contra la corrupción y por la reactivación de cerca de 2 mil 500 obras públicas paralizadas en todo el país. En el documento respaldan a los ingenieros por las medidas que adoptan desde el sector público y, sin decirlo formalmente, exhortan a las autoridades a no involucrarlos en procesos sancionadores y judiciales que injustamente arruinan sus vidas y perjudican la ejecución de los proyectos.

Los funcionarios rehúyen tomar decisiones con la seguridad de que cualquiera que sea el sentido de ellas siempre habrá quien encuentre alguna irregularidad para ser investigada como si de lo que se tratase fuera de ubicarlas y de detectar todo resquicio por donde pueda haberse filtrado alguna. Si no deciden nada también pueden ser denunciados, es cierto, pero menos difícil les es librarse por no hacer algo que supuestamente debieron hacer que librarse por hacer algo que supuestamente no debieron hacer. Esa simple deducción los lleva comprensiblemente a abstenerse de tomar alguna decisión que muy probablemente puede complicarles el resto de sus días.

Al mismo tiempo el documento expresa la necesidad de respetar las recomendaciones de los ingenieros que desde el sector privado coadyuvan al progreso del país poniendo los conocimientos que han adquirido a su servicio. En esa línea rechazan la persecución a la que los someten por las opiniones que emiten en el libre ejercicio de sus labores.

No es posible que profesionales de reducida experiencia sean conminados a juzgar las decisiones que adoptan colegas de larga y reconocida trayectoria y encima a corregirlas y suponer que tomar algunas de ellas puede haber ocasionado algún perjuicio que debe cuantificarse para responsabilizarlos y pretender imputarles esos supuestos costos en los que no se debió incurrir.

Los gremios también exigen reducir la tendencia a contratar obras con estudios muy preliminares a nivel de factibilidad, anteproyecto o ingeniería básica a fin de minimizar en lo posible los riesgos de mayores costos y de mayores variaciones a las que pueden estar expuestas. Es una costumbre que se ha generalizado desde hace algún tiempo con el objeto de apresurar las construcciones sin advertir el grave peligro al que se expone a los usuarios y al público en general por no disponer de estudios definitivos elaborados a conciencia y evaluando todas las variables posibles.

Pese a ello se ha logrado determinar, en contra de lo que se podría creer, que la gran mayoría de las obras no tienen adicionales y que en la mayoría de las que tienen adicionales, éstos son mínimos y no sobrepasan el quince por ciento del monto del contrato que es el límite hasta donde pueden aprobar las propias autoridades sin requerir del pronunciamiento de la Contraloría General de la República. Este límite puede activar un efecto disuasivo pero lo cierto es que cumple ese rol. Lo que cabe destacar de esta comprobación es el alto grado de precisión que están logrando los proyectistas en el Perú a despecho de los ínfimos presupuestos con los que enfrentan sus obligaciones y de la competencia no siempre leal de algunos aventureros que se arriesgan a ofertar precios notoriamente insuficientes para el cumplimiento de todas las labores encomendadas.

El Colegio de Ingenieros propone asimismo limitar al máximo la suspensión de la ejecución de los trabajos durante el trámite de algún arbitraje o de cualquier otro medio de solución de controversias, como puede ser una conciliación, una junta de resolución de disputas o una mediación, entre otros. Plantean que sólo se detenga lo que sea estrictamente indispensable o aquello cuya continuidad dependa de lo que allí se resuelva a efectos de proseguir con la ejecución de lo que no está en conflicto.

Hasta hace poco era habitual que se paralicen las obras en cuanto empezaba alguna reclamación y eso perjudica el desarrollo del país y no debe permitirse en ninguna circunstancia, salvo, claro está, cuando lo que esté en discusión es el curso que debe seguir una carretera que se encuentra en plena construcción, por ejemplo. En una eventualidad así puede suspenderse la ejecución de la pista pero puede continuarse con otros trabajos que no estuvieren en disputa y que no afectan aquello que está en litigio.

El Colegio de Ingenieros del Perú reitera que no rehuirá su compromiso de contribuir con el desarrollo nacional y que prestará su servicio en todas aquellas actividades para las que sea requerido en concordancia con lo expuesto. Un servicio invalorable que puede prestar, a propósito de lo dicho, y que sin duda presta es en materia de peritajes. Los peritajes son los exámenes que hacen los expertos sobre determinados asuntos con distintos objetivos. Puede ser para confirmar la aseveración de un testigo, para verificar la calidad de una obra, para ratificar los resultados de un estudio, para autenticar la información que se le solicita revisar, para determinar los costos de una prestación, para detectar los excesos en los que se habría podido incurrir, para validar la seriedad de los presupuestos de un trabajo, entre otros.

Extraña sobremanera que en el país no exista una práctica pericial consistente al punto que las comisiones investigadoras del Congreso de la República, las auditorías de la Contraloría General de la República, las investigaciones de los fiscales y en ocasiones hasta los procesos judiciales de toda índole carecen de esta prueba fundamental para sustentar acusaciones, hallazgos y responsabilidades diversas. Las pericias deben ser elaboradas por especialistas en las disciplinas que sean requeridas y naturalmente estos profesionales deben tener una experiencia notoriamente mayor de aquella que exhibe quien es examinado o quien es autor del producto que es sujeto de análisis.

Una omisión muy grave detectada de manera muy generalizada es ésta que se expresa en las dos vertientes señaladas. De un lado, no se hacen pericias. De otro lado, las que se hacen o los informes que las sustituyen, las elaboran profesionales sin la especialidad requerida. Con frecuencia se aduce que no hay en el país expertos en todas las disciplinas que se necesitan para llevar adelante un examen acucioso y serio. Pues bien, en esa eventualidad hay que buscar a los profesionales que puedan hacerlo correctamente en el extranjero. Preferible es invertir en un buen servicio que hacer uno que no sirva para nada o que conduzca a conclusiones apresuradas o totalmente equivocadas que pueden, incluso, llevar a los involucrados a situaciones comprometidas que arruinan sus vidas.

Se ha llegado al extremo de denunciar grandes desbalances entre el monto invertido en una obra y el monto previsto para su ejecución en estudios de pre inversión que no están terminados y que sirven de sustento para iniciar procesos que acarrean responsabilidades diversas en funcionarios y en profesionales que se desenvuelven tanto en el ámbito público como en el privado, sin hacer ni presentar ninguna pericia ni ningún examen validado por reconocidos especialistas de las disciplinas involucradas.

La otra opción, menos onerosa y más efectiva, es recurrir a los supervisores de obra y confiar en su buen criterio. No en vano se les exige una trayectoria amplia y una experiencia sostenida en la materia que es objeto de la convocatoria. Si esos supervisores pueden verificar la correcta ejecución de los trabajos, sin ninguna duda están en condiciones de detectar aquello que no se ajusta a los planos, presupuestos, precios y demás documentos propios de la prestación que controlan. Es parte de su quehacer.

Ello, no obstante, en lugar de confiar en los supervisores con el paso del tiempo se tiende a dudar de sus calificaciones y se llega al extremo de contratar a otros profesionales para que inspeccionen el trabajo de éstos, duplicando actividades y encareciendo los proyectos de manera absurda. Es probable que se hayan encontrado algunos supervisores que no honren su trabajo. Eso, sin embargo, no justifica ninguna generalización ni ninguna pretensión para obviarlos en la gran tarea de la reactivación de la economía nacional que a todos alcanza.

Así como la existencia de jueces prevaricadores, policías corruptos, funcionarios incompetentes y autoridades deshonestas elegidas por votación popular no justifica que se clausure el Poder Judicial, que se elimine a la Policía Nacional, que se cierren entidades y se proscriban los comicios, de la misma manera la presencia de algunos supervisores a quienes se adjudican determinados procesos de selección en forma temeraria no justifica la erradicación de esta actividad o su estatización que es lo que de alguna forma se quiere hacer subordinándola a alguna suerte de control a través de alguna institución oficial.

Los supervisores serios y honestos son una inmensa mayoría pero su labor no trasciende porque no es noticia. Los medios de comunicación masiva están concentrados en los escándalos y en la comisión de actos ilícitos, que son los menos pero que trascienden más. Llamar la atención sobre ese perverso enfoque es el imperativo de la hora actual.

Ricardo Gandolfo Cortés