La verdad del arbitraje

Al cierre de esta edición tomamos conocimiento de nuevas declaraciones en contra del arbitraje formuladas sin advertir que al Perú le va muy bien tanto en sus arbitrajes internacionales como en aquellos domésticos al punto que tiene un impresionante record de eficiencia. En arbitrajes comerciales el país gana nueve de cada diez casos y en arbitrajes de contratación pública los tribunales arbitrales les ordenan pagar a las entidades el 47 por ciento del monto que les reclaman sus proveedores. La estadística todavía no recoge el monto de lo que realmente paga. Cuando esa cifra se sepa el porcentaje bajará todavía más.

No me cansaré de sostener que cuando alguien reclama es porque algún derecho se le niega y debería ser lógico que cualquier juez le de la razón, tal como sucede en cualquier parte del mundo y en cualquier ámbito. Es normal que gane un juicio el demandante. Lo extraño es que gane el demandado. La madre que le exige una pensión alimenticia al marido para el hijo que ha abandonado, debe ganar. El propietario que le exige al inquilino el pago del arriendo que no honra, debe ganar. El contratista que exige los pagos efectuados para construir un puente que la entidad no quiere reconocer, debe ganar.

Es muy difícil crear artificialmente un derecho que no se tiene para reclamarlo en un arbitraje, confabularse con los funcionarios públicos y con los árbitros y peritos para lograr un laudo que lo reconozca para que acto seguido otros servidores paguen diligentemente lo que no corresponde. Hay que involucrar a mucha gente en un delito de esas proporciones. Puede hacerse, desde luego. Pero es más difícil que perpetrar otros ilícitos en otras áreas de la administración pública. Es más fácil esquilmar al Estado en otros escenarios. En el arbitraje es más complicado. Si se hace, debe perseguirse el delito y hacer que caiga todo el peso de la ley sobre los implicados. Pero la constatación de que ello es posible no invalida un fuero como el arbitral que la Constitución reconoce por todo lo alto, así como la constatación de que en otras instituciones tutelares de la República haya corrupción no nos faculta a pedir su desaparición.

Al Estado le va mucho mejor de lo que se cree en los arbitrajes. Sus procuradores y abogados se defienden con mucha habilidad y destreza considerando que en el 95 por ciento de los casos son demandados y solo en el 5 por ciento son demandantes y considerando además que el 75 por ciento de los casos son solicitudes sobre derechos inobjetables que los servidores se resisten a admitir por temor a los procedimientos de determinación de responsabilidades que sus órganos internos invariablemente les entablarán y que pasarán a juicio, ya no por centenas sino por miles tal como lo ha anunciado el Contralor General de la República. En esos líos gastarán gran parte de sus ahorros y de las escuálidas pensiones que recibirán durante su jubilación, período en el que deberían descansar y dedicarse a su familia y que, sin embargo, tendrán que destinar a seguir defendiéndose para que al final se los declare inocentes de toda culpa y ni siquiera se les indemnice por todo ese tiempo perdido que ya no lo recuperarán nunca.

Hay que empezar por darle confianza a las autoridades para que tengan la seguridad de que sus decisiones profesionales se van a respetar, salvo en casos de incurrir en un manifiesto ilícito y que el país no se va a detener. Y hay que darle confianza a los árbitros para que tengan la seguridad de que sus decisiones profesionales también se van a respetar en beneficio de la continuidad de los contratos, tal como ha ocurrido hasta la fecha en que gracias a la resolución rápida y eficaz de controversias que el arbitraje garantiza, a pesar de los reiterados obstáculos que se le crean periódicamente, se han solucionado miles de conflictos y se ha evitado que el Perú se paralice.

En términos generales, un arbitraje largo puede durar meses, mientras que un juicio largo puede durar años. Esa es la diferencia. (RG)