DE LUNES A LUNES
Una práctica frecuente en los arbitrajes con el Estado es la de dilatar los procesos con el objeto de que concluyan lo más tarde posible. Evidentemente es un recurso que utiliza la parte que sabe desde un principio que tarde o temprano va a perder, porque debe lo que se le cobra, porque no ha aprobado una ampliación de plazo inevitable, porque ha aplicado penalidades indebidas, porque ha resuelto un contrato sin razón valedera o por lo que fuere. Es un arbitraje que no debió iniciarse nunca pero que la propia entidad lo fuerza ante el temor por las consecuencias que puede acarrear una decisión obvia pero que para los órganos de fiscalización podría no ser la más idónea.
Lo más probable
es que no acepte sistemática y reiteradamente a ninguno de los árbitros que la
parte que demanda designe con lo que ganará varios meses mientras se resuelvan
las recusaciones o cuando los elegidos renuncien para evitarse problemas –lo
que es lamentablemente muy común– y se nombren a sus reemplazantes. En ocasiones, también instruirá
a su árbitro para que no admita como presidente a ninguno de los que proponga
el árbitro del demandante. Por último, hace lo mismo con el
presidente del tribunal arbitral si es que lo llegan a nombrar los otros dos
árbitros designados por los contendientes y ganará otro buen período mientras se decida el
asunto o si el elegido se abstiene de continuar. Si no
hay acuerdo y alguna institución designa, proceden exactamente de idéntica
forma. El propósito siempre es prolongar las actuaciones lo más que se pueda,
entorpecer el proceso hasta que los árbitros se cansen y quien acciona tire la
toalla.
El terrible
virus que azota al mundo ha sido un pretexto ideal para estos torvos objetivos.
Durante el primer confinamiento del año pasado no dudaron en solicitar la
suspensión de todos los arbitrajes en cuanto éstos se reanudaron luego de la
paralización de todos los sectores productivos. En la mayoría de los casos,
desafortunadamente, tuvieron éxito. Cogieron por sorpresas a demandantes,
centros de arbitraje y tribunales. Cuando se les explicó que podían proseguir
en forma remota con todas las actuaciones se negaron a aceptar siquiera esa
posibilidad aduciendo que sus expedientes estaban en sus oficinas y por efecto
de la cuarentena obligatoria dispuesta les era imposible concurrir a ellas.
Una vez que se
les permitió asistir a sus locales pidieron que les concedan un plazo
excesivamente extenso para adecuarse a la nueva normalidad y familiarizarse con
los nuevos instrumentos, revisar sus archivos y actualizar su posición dentro
del proceso. En algunos casos, tuvieron éxito. En la mayoría, felizmente, no.
No había ninguna causa convincente como para darle curso a pedido tan
descabellado. El arbitraje es un mecanismo rápido y efectivo para solucionar
las controversias. Si deja de ser rápido, deja de ser efectivo.
Ahora que se ha
aprobado una nueva cuarentena parcial, por fortuna no tan severa como la
anterior, con toda seguridad estos actores preparan otra arremetida similar a
la de hace algunos meses. Hoy, sin embargo, ya no encontrarán a nadie con los
pantalones abajo. Si arguyen que sus jefes no les dejan sacar sus expedientes
para examinarlos en la fórmula del trabajo remoto será su problema. Por lo
demás, ninguna de las actividades esenciales de las fases de reactivación
económica 1 y 2 van a parar. Por consiguiente, virtualmente todas las entidades
que tienen arbitrajes van a poder continuar sus labores incluso presencialmente
con el solo requisito de obtener un pase a través de la plataforma habilitada
para ese fin. No creo que haya nadie que se deje intimidar por argumentos tan
descabellados como los que podrían esgrimirse en estas nuevas circunstancias.
El demandante deberá
tratar de acompañar a sus escritos toda clase de documentos que crea que puedan
ser requeridos por el demandado para que no tenga ninguna posibilidad de sostener
que no tiene acceso a ellos. Si la información termina siendo muy pesada
siempre existe la alternativa de subirla a la nube, de cargarla en alguno de
esos espacios habilitados para la transferencia de archivos gruesos.
En los
arbitrajes institucionales los centros tienen un rol muy importante. Deben
impedir suspender los procesos. Si sus cortes o consejos optan por paralizar
las actuaciones no habrá nada que hacer. Pero si, por el contrario, exhortan a
sus tribunales a no aceptar ninguna postergación y sustentan debidamente esta
decisión habrán contribuido a fortalecer la posición de sus árbitros y a
consolidar el arbitraje.
Que no exista
ningún pretexto para dilatar los procesos. Ese es el reto de los arbitrajes en
este nuevo confinamiento.
EL EDITOR
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