DE
LUNES A LUNES
La semana pasada se han allanado los domicilios de
algunos árbitros y ex funcionarios públicos investigados supuestamente por
haberse coludido con la empresa Odebrecht para favorecerla y perjudicar al
Estado. Entre las pruebas de tal actitud presuntamente delictiva figurarían los
honorarios cobrados por cada profesional, estimados en más de 200 mil soles y
en el hecho cierto de que, en algunos casos, los procuradores no habrían
interpuesto los recursos de anulación ante del Poder Judicial contra los laudos
emitidos dejando que pasen los plazos previstos para tal efecto. Si fuera por
esos dos elementos, el proceso estaría destinado al fracaso más estrepitoso.
Los honorarios de los árbitros se fijan por lo general
en función de las tarifas que establecen los centros de arbitraje, aún en los
casos de que se traten de arbitrajes ad hoc, es decir, de aquellos que no se
regulan por los reglamentos de estas instituciones. Según la tabla de la Cámara
de Comercio de Lima un honorario como el señalado podría corresponder a una
reclamación del orden de los 10 millones de dólares, monto perfectamente
posible en el marco de contratos que superan ampliamente esa cifra. Tales pagos
están perfectamente normados y no comprometen en modo alguno al árbitro que los
recibe a emitir su laudo en alguna dirección determinada. En el arbitraje, cada
parte designa a un árbitro y los árbitros así designados, a su vez, eligen a un
tercero que será el presidente. Se entiende que cada parte nombra a un árbitro
especializado en el tema de la controversia. En eso radica la diferencia frente
al Poder Judicial, donde nadie elige a su juez ni nadie le paga a su juez. Los
elige y les paga el Estado. En el arbitraje las partes pagan los honorarios de
los árbitros.
Los arbitrajes complejos pueden durar más de dos años.
Si se dividen los honorarios percibidos entre los más de veinticuatro meses se
tiene una retribución más o menos compatible con la experiencia que se exige y
los evidentes riesgos a los que se los expone.
Por ser el arbitraje una jurisdicción especializada es
de una sola instancia. El único recurso que se admite, por eso, es el de
anulación ante el Poder Judicial pero sólo por las causales taxativamente
establecidas en la Ley, estando terminantemente prohibido, bajo
responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre el
contenido de la decisión así como calificar los criterios, motivaciones o
interpretaciones expuestas en el laudo, que es precisamente lo que se les
reclama ahora a los procuradores a los que se les acusa, en algunos casos, por
no haberlo interpuesto.
La nueva Ley de Contrataciones del Estado justamente
ha invertido la tendencia y ahora le exige al funcionario que no dilate ni
encarezca las reclamaciones con articulaciones que manifiestamente no tienen
ningún futuro y que, más bien, priorice la posibilidad de arribar a acuerdos y
conciliaciones antes y dentro de los procesos arbitrales. Exactamente lo
contrario de lo que se pregonaba antes, aunque obviamente no había ninguna
instrucción escrita: agotar recursos y artilugios para extender los arbitrajes
y lograr que quien tenga que pagar sea el que viene.
No puede olvidarse que el arbitraje es el único medio
que tienen los contratistas del Estado para solicitar que se les pague lo que
las entidades les niegan por ejemplo en materia de ampliaciones de plazo,
costos directos y gastos generales. Tampoco puede olvidarse que la mayoría de
funcionarios se niegan a reconocer tales derechos y prefieren que sea un
tribunal arbitral el que ordene pagarlos, lo que distorsiona las estadísticas,
habida cuenta de que más del 75 por ciento de los casos corresponden a esta
clase de cuestiones declarativas, no contenciosas.
Desde luego que hay arbitrajes arreglados fruto de
prácticas ilícitas como hay juicios y jueces que incurren en los mismos delitos
y como hay corrupción en diversas actividades del Estado. Hay que aplicar todo
el peso de la ley contra ellos, en todos los sectores. Pero cuidando las honras
y cuidando las instituciones. El arbitraje es el mejor mecanismo para solucionar
rápida y eficazmente las discrepancias. Sólo hay que saber usarlo.
EL EDITOR
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