El
miércoles pasado la Comisión Permanente del Congreso de la República debatió el
Proyecto N° 3626/2013-PE de nueva Ley de Contrataciones del Estado, finalmente
aprobado al día siguiente. El texto definitivo no difiere mayormente del
remitido por el Ejecutivo. Subsana, es cierto, un grave error que se advirtió
desde este semanario y que nuestro editor puso en evidencia en diversas
entrevistas en la plataforma de radio y televisión de RPP, en los diarios
Gestión, Expreso y La República y en otros medios digitales. El proyecto
eliminaba los límites de admisión de propuestas en consultoría de obras que
desde siempre tienen un rango que oscila entre un diez por ciento por encima y
por debajo del valor referencial que también se quería desechar.
Como
se dijo en reiteradas oportunidades, eso puede ser procedente para bienes y
servicios estándares o comodities que deben cumplir con determinadas
especificaciones técnicas, que pueden ser muy precisas pero que una vez
alcanzadas ya carece de mayor relevancia quién termina proveyéndolos. No es el
caso de otra clase de servicios, como los que se contratan para la elaboración
de estudios o para la supervisión de obras que necesariamente deben tener la
mayor calidad posible para salvaguardar la inversión que hace el país no sólo
en su desarrollo sino fundamentalmente en la ejecución de la obra que en esas
instancias se diseña o se controla.
El
Estado no puede darse el lujo de prescindir de sus mejores consultores, como ya
ocurrió en el pasado, cuando se modificó el sistema de adjudicación y se
contrataba finalmente al proveedor que ofrecía los precios más bajos. Los
estudios así seleccionados eran un desastre y las obras que así se construyeron
se caían a pedazos, no se acababan o tenían que rehacerse con costos muy
superiores a los inicialmente previstos.
El
sistema ahuyenta a los mejores que no se molestan en participar en esos
procesos que se van a adjudicar a quienes hacen ofertas ruinosas, que son
aquellas manifiestamente insuficientes para cumplir con el objeto del contrato.
Como la calificación pondera con un mayor puntaje a quienes ofrecen los precios
más bajos y como no hay montos límites, pues quien ofrece el monto más barato,
sacrificando la seriedad del trabajo se hace de la adjudicación. Después
recupera lo que ha perdido al reducir su oferta, a través de malas prácticas,
confabulándose con el otro contratista al que debe supervisar, por ejemplo, que
le brindará campamentos, alimentación y viáticos para su personal así como
vehículos, equipos y maquinaria para sus labores a cambio, naturalmente, de que
le retribuya aprobándole toda suerte de reclamos destinados a incrementar los
costos de la obra.
El
proyecto del Ejecutivo eliminaba el valor referencial en todos los casos menos
en ejecución de obras. Olvidaba que ejecución y consultoría de obras son etapas
de un mismo proyecto. Olvidaba también que, por ejemplo, bajo la modalidad del
concurso oferta –que de alguna manera el proyecto suprimía de un porrazo–, el
mismo postor ofrece elaborar el expediente técnico, que es consultoría de
obras, y la ejecución de la obra. En ese caso, el valor referencial debe
determinarse según el objeto de la obra y el alcance previsto en los estudios,
tanto para una como para la otra etapa. Ambos montos se suman y el resultado es
el valor referencial con que se convoca el respectivo proceso y que se utiliza
para hacer las ponderaciones, establecer los rangos de admisión de propuestas y
hacer la adjudicación.
Si
se eliminaba el valor referencial y los límites para admitir propuestas para
consultoría de obras, no habría forma de adjudicar ningún proceso bajo la
modalidad de concurso oferta porque tendrían que conjugarse dos maneras de
aceptar y calificar ofertas que serían contrapuestas entre sí.
Al
corregir el error y permitir que en consultoría de obras subsistan los límites
de admisión de propuestas en el rango de diez por ciento por encima o por abajo
del valor referencial se ha salvado la modalidad del concurso oferta.
Se
ha salvado al país también de las ofertas ruinosas que iban a ser un nuevo desastre
y se han abierto los procesos de selección que se convoquen para contratar
servicios de consultoría de obras para que haya una mejor y mayor competencia
que no aleje a nadie y que por el contrario reúna a todos o cuando menos a la mayor
cantidad de postores posible.
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