En la antesala del Décimo Congreso Nacional de la Infraestructura
de Colombia se han estado llevando a cabo algunas jornadas preparatorias. El
viernes 18 un panel debatió sobre la contratación en los próximos años y la
forma de garantizar su eficiencia y transparencia con la participación del
ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, la contralora Sandra Morelli, el
procurador Alejandro Ordoñez y el vicefiscal Juan Carlos Forero.
La Cámara planteó una serie de reflexiones y propuso algunas
soluciones en relación al origen de los problemas que afectan a la contratación
pública en Colombia poniendo énfasis en que las deficiencias están en la
gerencia y no en la ley, en el día a día, en las etapas precontractual,
contractual y post contractual las entidades del Estado siguen cometiendo
errores, ignoran preceptos legales e incurren en prácticas reiteradas que
atentan contra la transparencia y propician sobrecostos, dilaciones y pleitos,
entre otros. El mejor ejemplo, según el gremio, está en los recientes
escándalos en los que se ha verificado un mal manejo de anticipos, en la labor
de seguimiento de las autoridades de la ciudad, destacando sin embargo que
todas esas conductas y sus respectivas sanciones estaban previstas en la ley.
Los verdaderos problemas radican en la falta de institucionalidad
del sector transporte, en su politización y en la falta de planeación concreta
de los proyectos. Los requisitos establecidos en los pliegos han facilitado la
llegada de empresas de papel y algunas fiduciarias y calificadores de riesgo
avalaron la participación de contratistas que no estaban capacitados para
asumir obras de grandes dimensiones.
En el caso de los convenios interadministrativos aunque el Estatuto anticorrupción
quiso ponerle límites a su uso para evadir licitaciones y concursos, dejó
abierta la puerta para que las entidades públicas sigan contratando servicios
de consultoría con universidades del Estado, práctica que ha fracasado en
varios casos tal como lo ha denunciado la CCI.
La Cámara estima que las reformas institucionales que adelante el
gobierno para despolitizar y tecnificar a las entidades del sector puede
coadyuvar en la solución de los problemas. Otro tanto puede hacer la puesta en
marcha de una política pública de criterios homogéneos en la confección de los
pliegos licitatorios en el sector transporte, para evitar la anarquía que
existe en la actualidad en esta materia y la proliferación corruptora de los
pliegos hechos a la medida.
Contribuirá igualmente en estos propósitos el cumplimiento del
Código de Autorregulación Gremial adoptado por las firmas afiliadas a la CCI y
que contará con una prefectura independiente que impondrá multas y sanciones a
quienes incurran en malas prácticas o conductas impropias en los procesos de
contratación.
Un reciente análisis realizado por la Cámara revela que la gran
cantidad de normas que han modificado las reglas sobre la contratación pública
en Colombia atenta contra la estabilidad de los procesos y constituye un serio
peligro para la consolidación de un régimen que pueda ser de dominio público. En
los últimos cuatro años se han introducido modificaciones al 64% de los
artículos del estatuto original. En lugar de cambiar normas lo que hay que
hacer es poner en funcionamiento una gran política estatal de divulgación,
pedagogía, capacitación y entrenamiento en beneficio de los funcionarios
públicos, sobre las reglas contractuales y las mejores prácticas procesales.
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