DE LUNES A LUNES
Esta semana se informó que el gobierno ecuatoriano ha
negado el salvoconducto para que salga del país a una exministra del gobierno
de Rafael Correa a quien Buenos Aires le ha concedido asilo. La exfuncionaria
permanece refugiada en la casa del embajador argentino en Quito desde hace más
de dos años luego de haber sido condenada a ocho años de cárcel por cohecho,
por haber solicitado sobornos por cerca de 8 millones de dólares a empresas a
cambio de contratos con el Estado. El expresidente Correa y sus ex
colaboradores involucrados en estos ilícitos rechazan las sentencias y
sostienen que se trata de una persecución política.
La noticia grafica un problema grave que confrontan
varios países de América Latina y el mundo en general al que por cierto no es
ajeno el Perú, como es obvio. La solución requiere de una gran dosis de
integridad y desprendimiento. Se trata de liberar a los funcionarios públicos de
la necesidad de participar directamente en la adjudicación de los contratos del
Estado, trasladando esa responsabilidad a profesionales independientes que
pueden actuar como personas naturales o integrando personas jurídicas.
De esa forma se excluye a las autoridades de la
siempre difícil tarea de evaluar y seleccionar ofertas y de elegir proveedores
que les quita valioso tiempo porque se adiciona estas labores a sus quehaceres
habituales y fundamentalmente porque los expone a muchos riesgos y tentaciones que
pueden llevarlos directamente a prisión.
Existen muchos profesionales especializados en esta
clase de procedimientos fogueados en el sector público o privado, ex
funcionarios retirados de las planillas del Estado, por ejemplo, que acumulan
una importante experiencia que podría ser muy útil en estos menesteres. Lo
mismo puede decirse de quienes han formado parte de empresas que con frecuencia
se presentan a licitaciones y concursos que convocan las entidades y que
dominan todos sus detalles.
Esos conocimientos pueden ser perfectamente
aprovechados en beneficio del país alejando de la administración pública y de
sus servidores el peligro al que están expuestos. Así como se confían algunos
procesos a organismos internacionales como la Oficina de Proyectos de las
Naciones Unidas, el Organización Internacional para las Migraciones y otros,
también deberían encargarse a organismos nacionales que demuestren haber
comprometido el servicio de profesionales altamente especializados en estas
materias.
Para ese efecto, basta modificar la Ley de
Contrataciones del Estado en el extremo en que dispone que los procesos sean
organizados por las entidades como destinatarias de los fondos públicos, en
forma directa o indirecta a través de un encargo específico formulado por otra
entidad. Sólo excepcionalmente la norma las autoriza a delegar las actuaciones
preparatorias y los procedimientos de selección a organismos internacionales
debidamente acreditados, sujetándolos únicamente al compromiso de observar los
principios que la inspiran y los tratados que incluyen disposiciones sobre el
particular suscritos por el Perú.
La Ley estipula que el convenio que se celebre debe
incluir cláusulas que establezcan la obligación de remitir la documentación
referida a su ejecución al Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado y a los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, exigencia
que desde luego se mantendría al extender esta opción hacia el sector privado
con una ventaja adicional en el sentido de que confiando el procedimiento de
selección en profesionales nacionales se mantendría también la sujeción a la
Ley de Contrataciones del Estado y a su Reglamento y no solo a sus principios
rectores.
Privatizar los procedimientos de selección es una
alternativa perfectamente válida para minimizar el riesgo y alejar del sector
público el peligro de que la corrupción pretenda dominarlos. No la derrotará
totalmente, desde luego. Pero la pondrá frente a actores mejor equipados para
hacerle frente con éxito porque quienes asuman estas responsabilidades lo harán
garantizando plenamente su actuación y asumiendo las consecuencias que de ellas
se generen.
Si a ello se le agrega la necesidad de modificar el
régimen de adjudicación para hacer posible que el país contrate siempre a los
mejores, pues el combate contra la corrupción tendrá un escenario mucho más
óptimo.
Ricardo Gandolfo Cortés
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