DE LUNES A LUNES
El último jueves la comunidad arbitral fue sacudida
nuevamente. Esta vez al difundirse la noticia de que el Estado enfrenta
procesos judiciales y arbitrales por 56 mil millones de soles. Por fortuna el
Ministerio de Economía y Finanzas aclaró rápidamente, según informó el diario
Gestión, que de diecinueve casos concluidos en el CIADI el Perú solo ha perdido
en tres, lo que confirma que al país le va muy bien en los arbitrajes tanto
locales como internacionales. En los dieciséis procesos arbitrales ganados no
se tuvo que hacer ningún pago a los demandantes lo que constituye un éxito sin
duda. Es habitual contabilizar como ganado aquellos casos en los que se paga un
monto por debajo del 50 por ciento de lo que reclama el demandante. Aquí, sin
embargo, se ha seguido la lógica más extrema y sólo se ha considerado como
ganados los arbitrajes en que los tribunales han decidido todo a favor del
Perú.
Según lo que ha trascendido los 56 mil millones de
soles demandados están concentrados en 844 entidades. El 71 por ciento son entidades
de los gobiernos locales, 18 por ciento de instituciones del gobierno central,
7 por ciento de empresas públicas y sólo 3 por ciento de los gobiernos
regionales. Esas 844 entidades, por otro lado, representan el 31 por ciento del
total de 2 mil 682 entidades registradas en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE) durante el año pasado.
Los reclamos por más de 50 mil millones de soles
todavía no tienen sentencias. De esa cifra el 80 por ciento corresponde a
entidades del gobierno central. Los 6 mil millones restantes, para completar
los 56 mil millones, tienen sentencias de primera instancia y han sido
apeladas. Sentencia firme ya tienen demandas por 14 mil millones de soles. De
esta suma, el 72 por ciento es de gobiernos regionales, el 15 por ciento a
gobiernos locales y sólo el 13 por ciento al gobierno nacional, lo que pone en
evidencia que en la administración central y en los municipios –esto último,
contra lo que podría creerse– se defienden mejor en juicios y arbitrajes que en
las regiones donde lo hacen de la manera menos adecuada.
El rubro de entidades más demandadas lo encabeza nada
menos que el Poder Judicial con 10 mil 500 millones de soles. En segundo lugar
aparece el Seguro Social con 5 mil millones. Según el Director General de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Núñez del
Arco, la principal deuda por sentencias judiciales es por concepto de pago por
preparación de clases derivado de la Ley del Profesorado que representa más de
6 mil millones de soles. Una materia obviamente judicial y ajena por completo
al mundo arbitral.
Que se deba no quiere decir que se haya perpetrado
algún delito. Quiere decir simplemente que no se ha pagado una obligación o que
se cuestiona un reclamo que formula una de las partes del contrato. Es habitual
que quien demanda sea quien contrata con el Estado y no la entidad porque esta
última es la que debe pagar por un servicio, un suministro o una obra. Salvo
que tenga que reclamar por una deficiente prestación o cualquier otro
incumplimiento que de ordinario se castiga con las penalidades pactadas, lo
normas es que quien demande sea el particular.
Lo que merece destacarse es la extraordinaria gestión
del Perú en los arbitrajes que administra el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). No es casualidad que ella se
produzca en circunstancias en que el país resuelve los conflictos de todos sus
contratistas y proveedores a través del arbitraje, una práctica que lleva ya
veinticinco años de éxitos que nos han convertido en una reconocida plaza para
administrar procesos de muy alta complejidad y para ser sede de eventos muy
especializados de la materia. Es la cereza de una torta que hay que cuidar con
esmero para que nadie se la coma.
Ricardo Gandolfo Cortés
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