lunes, 5 de septiembre de 2022

La cereza de la torta

DE LUNES A LUNES

El último jueves la comunidad arbitral fue sacudida nuevamente. Esta vez al difundirse la noticia de que el Estado enfrenta procesos judiciales y arbitrales por 56 mil millones de soles. Por fortuna el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró rápidamente, según informó el diario Gestión, que de diecinueve casos concluidos en el CIADI el Perú solo ha perdido en tres, lo que confirma que al país le va muy bien en los arbitrajes tanto locales como internacionales. En los dieciséis procesos arbitrales ganados no se tuvo que hacer ningún pago a los demandantes lo que constituye un éxito sin duda. Es habitual contabilizar como ganado aquellos casos en los que se paga un monto por debajo del 50 por ciento de lo que reclama el demandante. Aquí, sin embargo, se ha seguido la lógica más extrema y sólo se ha considerado como ganados los arbitrajes en que los tribunales han decidido todo a favor del Perú.

Según lo que ha trascendido los 56 mil millones de soles demandados están concentrados en 844 entidades. El 71 por ciento son entidades de los gobiernos locales, 18 por ciento de instituciones del gobierno central, 7 por ciento de empresas públicas y sólo 3 por ciento de los gobiernos regionales. Esas 844 entidades, por otro lado, representan el 31 por ciento del total de 2 mil 682 entidades registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) durante el año pasado.

Los reclamos por más de 50 mil millones de soles todavía no tienen sentencias. De esa cifra el 80 por ciento corresponde a entidades del gobierno central. Los 6 mil millones restantes, para completar los 56 mil millones, tienen sentencias de primera instancia y han sido apeladas. Sentencia firme ya tienen demandas por 14 mil millones de soles. De esta suma, el 72 por ciento es de gobiernos regionales, el 15 por ciento a gobiernos locales y sólo el 13 por ciento al gobierno nacional, lo que pone en evidencia que en la administración central y en los municipios –esto último, contra lo que podría creerse– se defienden mejor en juicios y arbitrajes que en las regiones donde lo hacen de la manera menos adecuada.

El rubro de entidades más demandadas lo encabeza nada menos que el Poder Judicial con 10 mil 500 millones de soles. En segundo lugar aparece el Seguro Social con 5 mil millones. Según el Director General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Núñez del Arco, la principal deuda por sentencias judiciales es por concepto de pago por preparación de clases derivado de la Ley del Profesorado que representa más de 6 mil millones de soles. Una materia obviamente judicial y ajena por completo al mundo arbitral.

Que se deba no quiere decir que se haya perpetrado algún delito. Quiere decir simplemente que no se ha pagado una obligación o que se cuestiona un reclamo que formula una de las partes del contrato. Es habitual que quien demanda sea quien contrata con el Estado y no la entidad porque esta última es la que debe pagar por un servicio, un suministro o una obra. Salvo que tenga que reclamar por una deficiente prestación o cualquier otro incumplimiento que de ordinario se castiga con las penalidades pactadas, lo normas es que quien demande sea el particular.

Lo que merece destacarse es la extraordinaria gestión del Perú en los arbitrajes que administra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). No es casualidad que ella se produzca en circunstancias en que el país resuelve los conflictos de todos sus contratistas y proveedores a través del arbitraje, una práctica que lleva ya veinticinco años de éxitos que nos han convertido en una reconocida plaza para administrar procesos de muy alta complejidad y para ser sede de eventos muy especializados de la materia. Es la cereza de una torta que hay que cuidar con esmero para que nadie se la coma.

Ricardo Gandolfo Cortés

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