Según la Ley de Contrataciones del Estado la conducta de quienes participan en cualquier etapa de los procesos que se convocan debe estar guiada por la honestidad y la veracidad, evitando cualquier práctica indebida que de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. De inmediato. Sin esperar que rinda frutos o se ramifique el delito hasta comprender a más involucrados.
Honestidad es actuar con decencia y decoro, ser
recatado, pudoroso; razonable, justo; probo, recto, honrado. Veracidad es decir
siempre la verdad. Así define la norma al principio de integridad uno de los
más zarandeados en los últimos años como consecuencia de los escándalos que han
puesto en tela de juicio a la contratación pública y de aquellas otras
denuncias que son el pan de cada día.
La honestidad y la veracidad son cualidades humanas
que sin embargo no son frecuentes en ciertos escenarios en los que los actores,
tanto protagónicos como de reparto, se esfuerzan por alcanzar a cualquier
precio las metas que se trazan. La contratación pública no es ajena a las malas
prácticas como no lo son ninguna de las actividades que se desarrollan en el
país. Ello, no obstante, no es razón para eliminar esas actividades. Lo que corresponde
eliminar son precisamente esas malas prácticas.
Los actos de corrupción que se han descubierto han
puesto en alerta a la opinión pública sobre los grandes riesgos a los que se
expone a la ciudadanía cuando las obras no se ejecutan de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y demás documentos elaborados para cautelar un
desarrollo adecuado y armónico.
Los medios de comunicación han documentado la caída de
edificios y el colapso de grandes obras de infraestructura en diversas partes
del mundo por no haber seguido en su proceso constructivo todas las
indicaciones del diseño y del expediente técnico o por haber relajado las
exigencias en materia de fierro, cemento, equipos y maquinaria o de haber
prescindido del personal técnico y profesional en el número y con las
calificaciones requeridas en las bases de las convocatorias. La historia es
conocida.
La integridad debe por eso ponerse de manifiesto desde
el inicio de los procesos haciendo especial énfasis en la etapa de adjudicación
en la que se han detectado los mayores casos de malas prácticas y la comisión
de múltiples delitos y en menor medida, pero sin bajar la guardia, durante la
ejecución de las obras habida cuenta que siempre para esta instancia se cuenta
con mucho más control, supervisión especializada directa y permanente –que no
se puede obviar en ningún caso– y una prensa y una ciudadanía comprometida que
siempre deben estar vigilante.
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